El accidentado relato que hace la profesora y sindicalista Carmen Yuste (USTEA) de la tramitación de la Iniciativa legislativa Popular (un procedimiento reglado que permite la participación directa de la ciudadanía en el proceso normativo) que se presentó con el apoyo de más de 52.000 ciudadanos, a la que puso voz en el Parlamento de Andalucía y que el PP rechazó sin miramientos hace un mes, es muy ilustrativo sobre las formas del Gobierno andaluz.

Yuste habla de "zancadillas", de "trabas" y de absoluto desinterés del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se ausentó del debate, por mejorar la educación pública en la Comunidad más poblada: la ILP apostaba por una bajada de ratios, que permitiera reforzar la enseñanza en los colegios e institutos públicos en un momento de caída de la natalidad.
Yuste, excelente conocedora de la legislación y de los "trucos" de la administración, detecta detrás de todo ello un plan, que resume en una idea: "Moreno Bonilla tiene muy claro lo que quiere, ampliar la participación privada en la educación en Andalucía", sostiene Yuste.

"Tienen muy claro –añade en conversación con Público– que van a promover lo que ellos llaman colaboración público-privada, que no es más que un eufemismo para decir hay que ampliar la participación de la de la iniciativa privada en el sector educativo en Andalucía".

Prosigue la profesora Yuste: "Hasta la llegada de Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta la proporción público-privada era del 80% aproximadamente en el sistema educativo. Esta proporción progresivamente se va a ir decantando en favor de la de la privada y de la privada concertada. En infantil y en primaria es muy evidente el cierre masivo de clase públicas, que se contrapone con el mantenimiento prácticamente intacto de la oferta concertada".

El origen de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) está en el arranque del nuevo Gobierno encabezado por Moreno, hace cuatro años. "Empezamos a observar que se suprimían masivamente aulas, clases de la escuela pública", afirma Yuste. Entonces el hoy fallecido Javier Imbroda, consejero de Educación modificó las normas en Andalucía a través de un "decretazo" que provocó una huelga en todo el sistema educativo.

"Este decreto favorece a través de una serie de mecanismos aparentemente técnicos a la concertada y se amplía su nicho de mercado. Esto se hace reduciendo la oferta en el sistema público mediante la supresión de aulas de la pública", afirma Yuste.

Así lo cuenta la profesora: "Ustea y otras organizaciones también, junto con las federaciones de AMPAS y las organizaciones estudiantiles empezamos movimientos de protesta frente a este proceso. Identificamos que una forma eficaz de ponerle freno a esta sangría de la escuela pública era bajar la ratio".

Aulas y alumnos

"El mecanismo principal –explica– de cierre de clases en la escuela pública es establecer que todas las clases en la pública han de llegar al máximo de ratio, en caso contrario se eliminan esas aulas utilizando como excusa la bajada de la natalidad. Y ya nunca más se vuelven a recuperar".

"Efectivamente, la natalidad está bajando, pero la solución no puede ser limar progresivamente las clases en la escuela pública. Lo que hay que hacer es bajar la ratio. Esto no cerraría aulas. Y es además una reivindicación histórica por motivos didácticos, sanitarios y de convivencia en las aulas. Pedimos insistentemente que modificase el decreto de escolarización, pero la consejería ha seguido manteniendo este máximo como mínimo para mantener un aula en la escuela pública", lamenta Yuste.

¿Cuál es el número ideal de alumnos por aula? "Actualmente la ratio máxima de Infantil y Primaria es de 25, en secundaria es de 30 y en Bachillerato es de 35. Esto es una barbaridad. Es muchísimo. A cualquiera que se le pregunte, ya sea estudiante, ya sea madre o padre, ya sea docente y los docentes lo vivimos todos los días, dirá que es imposible atender al alumnado con una mínima garantía y sin que nadie se quede atrás con este número de alumnos". 

"Lo ideal –añade Yuste– sería que en infantil no hubiera más de 15 niños y niñas por clase, que en primaria hubiera 18 niños y niñas por clase y en secundaria entre 20 y 22 y en bachillerato entre 25 y 30. Ese es el ideal. Ni siquiera estábamos planteando eso, porque entendíamos que tenía que ser una cosa progresiva, un primer paso para llegar el ideal que lo marcan estudios académicos y lo que propone la comunidad educativa".

Los datos sobre ratios que aporta la Consejería andaluza de Educación son los siguientes: "En las etapas de infantil y primaria, las más afectadas por el drástico descenso de la natalidad, y que contabilizan casi 10.000 alumnos menos en los centros públicos en este curso, el cómputo es de solo cuatro aulas menos, lo que ha permitido mejorar en medio punto respecto al curso pasado las ratios medias de alumnos por aula (19,24 Infantil y 20,28 Primaria), las más bajas del histórico en Andalucía (los límites máximos establecidos por el Gobierno central es de 25 alumnos). En el curso 2017-18 esas ratios se situaban en 20,72 en los centros públicos de infantil y de 21,58 en Primaria".

Para Yuste, esto tiene truco: "¿Cómo baja la estadística? Determinados centros de poblaciones pequeñas tienen una ratio mucho más baja, de diez ó doce alumnos por aula. Esos centros del mundo rural hacen que se compense las ratios abusivas que se dan en las poblaciones medianas y grandes y que baje la estadística.

"Esto es lo que tratamos de explicar siempre de una forma muy gráfica: que Patricia Botín tenga millones no significa que la gente de los pajaritos tenga la mitad de lo que tiene Patricia Botín. Si uno tiene mil millones y otro no tiene nada, no significa que cada uno tenga 500 millones. Significa que uno tiene 1000 millones y hay alguien en Los Pajaritos que no tiene absolutamente nada. Pues con la ratio pasa lo mismo. Esta estadística no es más que más que enmascarar que el mundo rural hace bajar a la media de una generalidad con ratios abusivas".

Trabas y zancadillas

Este es el accidentado relato que Yuste hace de la ILP: "Las trabas y las zancadillas empezaron en noviembre del 21, cuando en primera instancia nos rechazaron la ILP y tuvimos que enmendar el texto inicial para que se admitiera en febrero del 22. La ley plantea unos requisitos exigentes y la Mesa del Parlamento, la mayoría absoluta del PP, aumentó esos requisitos".

"Costó –continúa Yuste– mucho trabajo. A pesar de todo, empezamos a recoger firmas casi un mes después de que fuera admitida a trámite y contábamos que no iban a ser los seis meses de plazo y creíamos que nos iban a dar un plazo de prórroga de dos meses. Pues no fue así. Nos denegaron la extensión del plazo. Teníamos 30.000 firmas y pensábamos que en pleno verano, con los centros escolares cerrados iba a ser complicado. Fue un momento crítico, de mucha tensión".

"Frente a lo que pensábamos –agrega la profesora–, esto supuso un revulsivo, la gente se rebeló contra lo que todo el mundo interpretó como un intento de la mayoría absoluta del PP de boicotear esta ILP. Al sentirlo como un ataque a los derechos democráticos de la ciudadanía, la gente se volcó. Fueron, pues eso 20.000 firmas en muy pocas semanas y en pleno verano".

"Las cortapisas y zancadillas –agrega– no terminan ahí. La Mesa del Parlamento ha jugado con los plazos y llegaron incluso a convocar una sesión extraordinaria para modificar el orden del día del pleno que ya estaba cerrado y meter con calzador la ILP entre otro montón de asuntos para que aquello pasara lo más desapercibido que se pudiera".

"Cuando ya creíamos que ya no se podían poner más zancadillas, estábamos esperando en la puerta a que nos llamaran, salieron los ujieres a buscarnos que se había modificado el orden del día y que se adelantaba a la hora de la comida. Es decir, en diciembre antes de la Navidad, en pleno periodo de evaluaciones de los centros y encima en plena hora de la comida para que aquello pasara lo más desapercibido posible".

"Y en cierta manera –remacha Yuste– lo consiguieron, claro, en esa fecha y en esas circunstancias, un debate que creemos muy importante en términos democráticos y de lo que tiene que ver con la educación en Andalucía, pues no tuvo la relevancia que podía haber tenido en otro momento. Aún así, fue un debate que los docentes y toda la comunidad educativa siguió con mucha atención y sirvió de nuevo como revulsivo. Ahora lo que hay que hacer, una vez que la ILP no ha sido admitida y el trámite parlamentario no se va a continuar, es seguir luchando por otros medios por la bajada".