La atención a la discapacidad y la adaptación para integrarla siguen sin llegar a las prisiones españolas; o, cuando menos, no a todas ellas, tal y como está poniendo de manifiesto en encarcelamiento en Zuera (Zaragoza) de una pareja de estafadores ciegos: ambos, un hombre y mujer de origen vallisoletano y vinculados por una relación, llevan algo más de dos meses asignados a la enfermería del penal, donde son ayudados por presos de apoyo en su día a día, mientras el equipo de Tratamiento del presidio los clasifica (previsiblemente en segundo o tercer grado) y los asigna a un módulo o, con el apoyo de Instituciones Penitenciarias, los traslada a uno de los escasos penales con espacios adaptados.

La pareja, originaria de Valladolid, ingresó en la cárcel de Zuera de manera voluntaria el pasado 4 de junio para cumplir las condenas por estafa que les habían impuesto sendos juzgados de Málaga y de Ponferrada. A ella, V. A., quince meses de prisión y 460 euros de responsabilidad civil; a él, J.N., dos años y tres meses. En ambos casos, por hacer simpas en establecimientos de hostelería, explicaron fuentes jurídicas.

La mujer, presa primaria, padece, además de la ceguera, un trastorno bipolar, alteraciones del equilibrio, problemas de desplazamiento y fobia tanto a los transportes como a los recintos cerrados, según informaron fuentes de Campa, el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón. El hombre, que ya había estado antes entre rejas, sufre hipoestesia (pérdida de sensibilidad) en el brazo izquierdo como consecuencia de un ictus, según la misma fuente.

A esos cuadros personales se les añaden algunas complicaciones propias del medio penitenciario, como la imposibilidad de ayudarse de bastones, considerados como armas blancas, para caminar o la carencia de espacios adaptados y de material para actividades de formación y/o de esparcimiento.

A la espera de clasificación

Fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron que está próximo a concluir el periodo de 60 días del que disponen los centros para clasificar a los reclusos, que empieza a contar tras los cinco de ingreso, en los que, tras ser examinados por los servicios médicos y por el personal de Tratamiento, como los trabajadores sociales y los psicólogos, normalmente son asignados a un módulo.

En este caso, la dirección de la cárcel, que carece de espacios adaptados, optó por dejarlos en la enfermería al considerar que es la zona del centro penitenciario en la que, pese a requerir la ayuda de presos de apoyo para desplazarse, mejor podrían desenvolverse.

"Estar ahí es casi como estar en aislamiento, porque apenas tienen contacto con otros presos", señalan fuentes de Campa, que critican la falta de espacios adaptados en la cárcel de Zuera y la imposibilidad de acceder a material como libros en braille. "Deberían estar en otro tipo de centro", añaden. Para la asociación, la situación de la pareja visibiliza "cómo la cárcel y el sistema penal una vez más demuestran el lado más perverso y menos humano, permitiendo el encierro de personas como" V. A. y J. N., que tienen la intención de "solicitar la clasificación en tercer grado para poder cumplir la condena en régimen de semilibertad que les permita vivir dignamente".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias, por el contrario, explicaron que V. A. se desplaza todos los días al módulo de mujeres acompañada por una presa de apoyo y que la situación no les impide a ninguno de los dos asistir a actividades como las charlas y conferencias que se organizan en la prisión. Paralelamente, anotaron que los trabajadores sociales han contactado con los de la ONCE de Valladolid (también lo ha hecho la delegación de Zaragoza), en la que participaban en distintas actividades, para solicitar material en braille.

Uno de cada once reclusos sufre una discapacidad

La carencia de espacios y procesos adaptados para los las personas con discapacidad que se ha puesto de manifiesto con el encarcelamiento de V. A. y de J. N. no es exclusiva de la cárcel zaragozana. Y no lo es pese a que, según estudio elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), prácticamente uno de cada once reclusos, más de 4.800 de casi 51.000 a finales de 2017, presenta algún tipo de disfunción física o intelectual.

La última memoria anual del Defensor del Pueblo, que dedica una separata a "Las personas con discapacidad intelectual en prisión", cifra en 1.411 las "personas privadas de libertad presentan multidiscapacidad" y que están recluidas en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior, lo que supone en torno a un 2,5% del total. Sin embargo, solo dos de ellas, las de Segovia y Estremera, más la catalana de Quatre Camins, disponen de módulos específicos adaptados para custodiar a presos con este tipo de disfunciones.

"Ante la pregunta de si es posible cumplir medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios, la respuesta desde el punto de vista legal debe ser negativa", señala el Defensor, que añade que "no se han implementado los recursos necesarios para el pleno cumplimiento del artículo 96 del Código Penal en materia de medidas de seguridad privativas de libertad".

No obstante, algo comienza a moverse en este campo, donde a la puesta en marcha de los primeros módulos específicos para presos con discapacidad, con espacio para una veintena de internos cada uno de ellos, Instituciones Penitenciarias está poniendo en marcha junto con Cermi un programa para facilitar la comunicación de los internos sordomudos con los funcionarios de prisiones y con los abogados, que en la mayoría de las ocasiones desconocen, como el común de la sociedad, el lenguaje de signos.

Una ley pionera que todavía no ha podido ser aplicada

En algunas comunidades, como Aragón, la reciente Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad dedica un apartado específico a la situación de los presos que padecen algún tipo de discapacidad.

Así, el artículo 34 establece que la comunidad autónoma "colaborará" con Instituciones Penitenciarias "en la atención de reclusos con discapacidad en el territorio de Aragón" y, especialmente, en "la atención a las personas con discapacidad que se vean obligadas a ser privadas de libertad como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo programas sociales que posibiliten a los juzgados y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas, garantizando procedimientos, servicios y entornos inclusivos y accesibles a estas personas".

La ley entró en vigor el pasado 21 de junio, con el Gobierno autonómico en funciones y con los partidos enfrascados en las negociaciones que dieron lugar a la investidura de Javier Lambán la semana pasada como presidente por segunda vez. Este miércoles toma posesión su ejecutivo, en el que Mariví Broto, impulsora de esa ley, repite como consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales.