minasLa cara oculta del negocio azulejero

El complejo ferial de València acogió hace unos días Cevisama, el salón internacional de cerámica, baño y piedra natural. En su clausura, los dirigentes de la industria, con una notoria implantación en las comarcas de Castelló, se congratularon de las cifras récord de visitas tanto de profesionales del sector como de compradores extranjeros. Tal era la euforia que ya se ha apuntado la previsión de que será un año comercial que podría superar las expectativas. El sector cerró 2018 con alrededor de 3.600 millones de euros en ventas.

Mientras el president Puig y otros destacados dirigentes del gobierno valenciano aprovechaban la cita para intensificar las relaciones con la patronal azulejera, a las puertas del edificio se concentraban un reducido número de personas provenientes de la comarca de la Serranía, en el interior de València. Son vecinos organizados que claman contra las actividades extractivas que se producen a escasos trescientos metros de sus casas. Representan la cara oculta del negocio del azulejo. En el subsuelo de esta comarca se concentran buena parte de las materias primas necesarias para el azulejo pero estas voladuras han comprometido el desarrollo sostenible de los municipios y están pasando factura sobre la salud de los vecinos.

En Villar del Arzobispo, una de las poblaciones más afectadas, las tormentas de arena han sido especialmente graves durante el último mes de enero. En la zona cero se encuentra el centro educativo más importante de la comarca, por cuyas puertas, denuncian los ecologistas, pasan cinco centenares de camiones diariamente. El ambiente se ha vuelto tóxico, nocivo y peligroso. "Nos vemos en esta situación por la dejación de funciones de la administración. La mina Mercedes tiene una declaración ambiental favorable condicionada a nueve preceptos que se incumplen sistemáticamente, y ni ayuntamiento ni gobierno autonómico velan por ese cumplimiento", relata Luis Suller, miembro de la Coordinadora por una Serranía Viva. Contra esta mina explotada por la empresa Arcigres se han llegado a presentar denuncias por amenazas y agresiones a activistas.

Las consecuencias de la actividad minera en la Serranía, sin embargo, no se reduce a las nubes de polvo. Según Ecologistas en Acción, el daño sobre los acuíferos es muy elevado a causa de la colmatación de barrancos y ramblas. Docenas de kilómetros de barranco han sido cubiertos de sedimentos que, en muchos puntos, superan los cinco metros de altura. Así mismo, el movimiento ecologista apunta que han destruido yacimientos arqueológicos de la edad de bronce, se han apoderado de caminos públicos y se han quebrantado órdenes de cierre. Los vecinos se muestran preocupados, de igual manera, ante la insuficiencia de riego y la ineficacia en los planes de restauración. "Los ejemplos son escasísimos y han supuesto un auténtico fracaso. No se puede hacer una repoblación encima de una escombrera que no tiene ningún valor nutricional para la vegetación", sostiene Suller. La Generalitat tiene consignado para este año un millón de euros para ejecutar algún proyecto de restauración, cantidad que los ecologistas ven irrisoria teniendo en cuenta que solo en la Serranía hay cientos de minas anteriores al 1984 pendientes de restauración.

Medios precarios para inspeccionar las minas

La exigencia por parte de los ciudadanos es clara: que se cumpla la legislación, que la actividad minera se acometa de una manera planificada, con licencia de actividad, y que los gobiernos acaben con el modelo mercantilista. De momento, tras una reivindicación que venía de largo, se ha conseguido que la Generalitat instale un medidor permanente en la Casa del Agente Forestal, en plena zona cero, con el objetivo de revisar la calidad del aire. Hasta ahora las únicas monitorizaciones se producían desde una estación a dos kilómetros de Villar del Arzobispo, hecho que proporcionaba datos muy alejados de la realidad. "Los vecinos de Villar deberíamos tener la tipificación de trabajadores del sector. Un trabajador de la mina se jubilará antes por estar expuesto a estos ambientes contaminados", dice Suller. El polvo de sílice que se expande en el ambiente, de hecho, puede causar afecciones respiratorias muy serias, como la silicosis y el asma.

¿Qué dice sobre todo esto la administración? Justo hace unos días, los colectivos de la comarca se reunieron con la directora general de Industria y Energía, Maria Empar Martínez, y la dirección general de minas, que reconocieron los pocos medios para inspeccionar y realizar el seguimiento de las minas por parte de la Conselleria. Actualmente, solo cuentan con un jefe de sección y dos técnicos ingenieros de minas, una estructura ciertamente precaria. "Sin personal para el cumplimiento de labores, estamos a merced de un sector empresarial donde impera el expolio y la piratería", concluye el ecologista.

La actividad minera en el estado español está regida por una ley de 1973 firmada por el dictador Francisco Franco. Una ley obsoleta que no atiende, entre otras cuestiones, al impacto medioambiental. A escala autonómica, los ecologistas valencianos habían depositado algunas esperanzas en el anteproyecto de ley de minería sostenible presentado en junio de 2017. Sin embargo, este fue paralizado por el president Puig tras las presiones del lobby azulejero. Aseguran los colectivos ciudadanos que esperaban mucho más del gobierno actual.

La minería en la comarca de la Serranía viene de lejos. Ya hace más de un siglo, en este territorio se extraían arenas para fabricar vidrio pero es el boom de las azulejeras de Castelló las que marcan un antes y un después. Se ha pasado de trabajar en galerías a hacerlo con grandes máquinas a cielo abierto. El impacto es mucho mayor: se ocupan más hectáreas de suelo y los proyectos de restauración se acumulan en el tiempo. Además de Villar, poblaciones como Alpuente, La Yesa, Losa del Obispo o Higueruelas cuentan con instalaciones como lavaderos de arena de sílice en el propio casco urbano, con infinidad de canteras a escasos metros.