"Esto no es un problema solo de Canarias. Tenemos que responder como país. Estamos al límite". El presidente autonómico, Fernando Clavijo, valoró de esta manera la llegada de cientos de migrantes a las costas del archipiélago. Lo hizo durante una entrevista para Herrera en Cope, pero también durante sus últimas comparecencias institucionales e incluso por carta (reclamó "ayuda urgente" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen). En los primeros siete meses del año, 21.470 personas migrantes han llegado a España a través de esta ruta, según datos del Ministerio del Interior.

La postura de Clavijo no dista mucho de la que defienden sus socios de Gobierno en Canarias. Feijóo y los populares llevan semanas hablando de la "situación límite" que viven las islas por la continua llegada de personas migrantes. "Es un problema que debemos coordinar de forma común. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país", confesó el líder del partido el pasado mes de julio. Su discurso xenófobo coincide en el tiempo con la "ruptura" de los gobiernos autonómicos de PP y Vox por sus supuestas "discrepancias" en cuestiones migratorias.

La extrema derecha acaudilla el debate y Abascal no duda al calificar de "invasión" la llegada de personas migrantes a las costas españolas, llegando a pedir "deportaciones masivas" y criminalizando a los menores que logran completar la ruta canaria. El conflicto migratorio y los discursos reaccionarios han calado en la agenda política, pero también en los programas de televisión y en la sociedad civil. ¿Es realmente la inmigración una preocupación para el grueso de los canarios?

"Clavijo y el Gobierno de Canarias asumen el papel de víctimas, pero realmente son nuestros verdugos. No defienden el medioambiente, no apuestan por la diversificación económica, no luchan contra el turismo de masas y no promueven la igualdad de nuestra sociedad. Las víctimas son, en todo caso, las personas migrantes", reconoce Irma Ferrer, abogada especialista en urbanismo y voluntaria en la red de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote. Canarias es la segunda región con más pobreza de todo el país, solo por detrás de Extremadura, y la comunidad con mayor índice de desigualdad social, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los activistas, los sindicatos y la sociedad civil tampoco pasan por alto los problemas de la vivienda, la corrupción urbanística, el desempleo juvenil y la precariedad laboral que arrastra el archipiélago. "Las condiciones de muchos trabajadores son cuando menos difíciles, porque tenemos una fuerte dependencia de sectores vulnerables, como el turismo. Los salarios están por debajo de la media nacional y el coste de vida es más elevado. Además, nuestros jóvenes no tienen proyección de futuro en las islas", señalan desde Comisiones Obreras Lanzarote. 

Las tasas de paro juvenil en el archipiélago han mejorado durante los últimos años, pero siguen siendo de las más altas del país, con casi uno de cada tres jóvenes canarios sin trabajo. "Tenemos un grave problema y es necesario exponerlo. Las oportunidades son limitadas y muchos graduados deben emigrar a otras regiones o países para ejercer sus profesiones", señalan fuentes sindicales. Los precios del alquiler y el boom de los pisos turísticos dificultan todavía más la emancipación de los jóvenes isleños en sus ciudades.

"El Gobierno prefiere mirar para otro lado y poner el foco en otros problemas, fundamentalmente la migración. El archipielago, no obstante, tiene otras muchas flaquezas que crecen al mismo tiempo que el número de turistas. La riqueza está en manos de unos pocos empresarios y no se invierte en mejorar los recursos públicos, sino en promocionar un modelo turístico que nos lleva hacia el decrecimiento", denuncia Alfonso Boullón, portavoz de la plataforma ecologista Salvemos La Tejita. 

El activista lamenta que las manifestaciones multitudinarias que han inundado el archipiélago el pasado mes de abril no hayan servido para "mover ficha" y recuerda que cada vez son más las playas que tienen que cerrar por contaminación, las restricciones por falta de agua y las "obras abiertamente ilegales" que siguen proyectadas en espacios protegidos. "Esto es corrupción política y judicial. Tenemos un problema paisajístico, turístico y ambiental importante, pero el Gobierno de Canarias se caracteriza por su incompetencia para abordarlo", sentencia.

La especulación inmobiliaria también está al orden del día. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife recalca que la vivienda se ha convertido en un "negocio" y pone el foco en muchos rentistas, partidarios de "cobrar unos alquileres que las clases trabajadoras no podemos asumir". Canarias tiene 55.000 pisos turísticos censados, más de la mitad en manos de grandes tenedores –según datos oficiales del Ejecutivo autonómico–. Además, Santa Cruz de Tenerife es la ciudad española de más de 200.000 habitantes con mayor porcentaje de viviendas vacías (17,30%). El principal escollo para las derechas y la extrema derecha, sin embargo, son las personas migrantes.

La esclavitud como forma de vida

El PP y Coalición Canaria –al margen de Vox– aprovechan el auge de los postulados ultra en Europa para desviar la atención y poner el foco en una realidad que lleva décadas sobre las islas. "El discurso es oportunista y solo tiene fines políticos. El Ejecutivo autonómico lleva 30 años sin hacer nada por tener un sistema estable de acogida y atención para las personas migrantes", señalan las fuentes consultadas por este diario.

Las autoridades canarias reciben en los puertos del archipiélago a los supervivientes de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Las personas migrantes llegan en una situación de extrema vulnerabilidad y durante –al menos– tres años, no pueden regularizar su situación. La construcción y el turismo, faltos de trabajadores, encuentran en estos jóvenes un blanco fácil para cubrir las vacantes y, sobre todo, ganar dinero.

"Las personas migrantes pueden pasar, como mínimo, tres años trabajando en condiciones de esclavitud. Los empresarios les pagan en negro y las echan cuando quieren. Los hoteles están llenos de cocineros y limpiadoras ilegales. Es gente que malvive explotada y hacinada en camas calientes, muchos duermen en la calle, porque ni siquiera tenemos viviendas de protección oficial", precisa Irma Ferrer. Desde CCOO Lanzarote aseguran que las personas migrantes entran al mercado laboral "mal pagadas" y en condiciones precarias y tienen dificultades para sindicalizarse, lo que "limita su capacidad de defender sus derechos".

"Las personas migrantes son el objeto máximo de explotación del capitalismo salvaje que tenemos instaurado en Canarias", denuncia Ferrer. La abogada y activista hace hincapié en la relación que existe entre instituciones, promotores y empresarios en las islas y critica que las autoridades pidan recursos, porque nunca acaban en manos de quien los necesita: "Lo que hacen es monetizar una desgracia humana".