La Comisión Europea ha dado dos semanas a TikTok para remitir información detallada sobre las medidas que ha tomado para mitigar los riesgos para los menores de la nueva app con la que paga a los usuarios por ver e interactuar con contenidos publicados en la plataforma y que, por ahora, en Europa solo está disponible en España y Francia.

En el marco de la nueva Ley de Servicios Digitales, Bruselas investiga si la compañía china está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y protección del menor en el desarrollo de la nueva aplicación, TikTok Lite, en principio dirigida solo a mayores de edad.

Se trata de un programa que permite a los usuarios acumular puntos descubriendo contenido nuevo o realizando determinadas acciones que después podrán canjear por bonos regalo para gastar en otras plataformas de compra como Amazon o vía PayPal, así como para premiar a creadores en TikTok.

Salud mental y comportamientos adictivos

La nueva legislación comunitaria obliga a las grandes plataformas a evaluar el impacto antes de desplegar nuevos servicios en la Unión Europea, por lo que el Ejecutivo comunitario ha dado un plazo de 24 horas para que la plataforma presente dicha evaluación a Bruselas. Además, la empresa tiene hasta el próximo 26 de abril para remitir información más detallada sobre el impacto del nuevo programa en la protección del menor y sobre la salud mental de los usuarios, en especial respecto al peligro de estimular comportamientos adictivos.

Los servicios comunitarios piden explicaciones también sobre las medidas que haya tomado antes de desplegar la nueva app en Europa para "mitigar este tipo de riesgos sistémicos". La Comisión, que analizará pormenorizadamente la información antes de tomar cualquier decisión, recuerda que la petición formal no prejuzga los pasos que se puedan dar más adelante.

Con todo, añade la institución comunitaria, tiene potestad para imponer multas a las compañías que no colaboren con la investigación si no envían la información requerida en los plazos establecidos o si envían documentación incorrecta o tergiversada.

En febrero, el Ejecutivo comunitario ya inició una investigación formal para determinar si violaba la nueva ley europea en materia de protección del menor, transparencia, acceso a datos y medidas contra contenidos adictivos o dañinos.