Bellaterra lleva años luchando por dejar de pertenecer a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) e irse con Sant Cugat. Ahora este paso parece más cerca, desde que en octubre una sentencia dio la razón a los impulsores de la iniciativa y reactivó el proceso de anexión que el Ayuntamiento de Cerdanyola había llevado a los tribunales. El municipio está obligado, pues, a iniciar el expediente para tramitar el cambio y enviarlo a la Generalitat, que será quien decida en última instancia.

Bellaterra es la casa de unos 3.000 vecinos y tiene la forma administrativa de Entidad Municipal Descentralizada (EMD). Pertenece a Cerdanyola del Vallès, una ciudad del área metropolitana de Barcelona que cuenta con 60.000 habitantes. Sin embargo, la mayoría de vecinos de Bellaterra hacen vida en Sant Cugat: según un estudio, un 60% de los habitantes se desplazan a este municipio por motivos laborales, escolares o de ocio, frente a únicamente el 7% en Cerdanyola. "Queremos que concuerde la parte administrativa con la forma de vivir del pueblo de Bellaterra", sostiene Chus Cornellana, vicepresidenta de la Comissió Bellaterra és Sant Cugat, quien encargó el informe.

Además, están las barreras físicas, que hacen que Bellaterra esté "absolutamente separada" y "muy lejos" del municipio al que pertenece actualmente. La AP-7 y la Universitat Autònoma se interponen entre el municipio y Bellaterra, que es una EMD desde 2009. Antes era simplemente un barrio.

Esto implica que tienen algunas competencias, como por ejemplo en cultura y deportes, así como representantes municipales. Pero el vecindario se siente abandonado por el municipio al que pertenece: "Tenemos la singularidad de un pueblo, y Cerdanyola no lo reconoce", explica Cornellana.

La mala comunicación es otro de los elementos que, según defienden, no facilita que sientan cercanía con la ciudad. Mientras que para llegar a Sant Cugat hay trenes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) cada 10 minutos, para desplazarse a Cerdanyola sólo hay un autobús cada hora. "No tenemos nada en contra de Cerdanyola, pero está todo en contra", dice la portavoz.

Quejas de falta de inversión

Más allá de eso, los grupos y los vecinos llevan años quejándose de la falta de inversión del municipio en el barrio, y apuntan a que Sant Cugat tiene experiencia en la gestión de EMD, como Valldoreix. "Nosotros nos identificamos con Sant Cugat, la población hace vida allí. Después ya veremos si invertirá o no", apunta Cornellana.

En un inicio, la EMD reclamó la independencia, pero la Generalitat lo rechazó. Entonces iniciaron el procedimiento para anexarse ​​a Sant Cugat, de acuerdo con el decreto 244/2007. Primero crearon la comisión, a finales de 2018, y entonces empezaron la recogida de firmas, con más de un 50% de los vecinos a favor. Una vez presentadas en el Ayuntamiento, Cerdanyola impugnó el proceso y desde entonces ha estado en manos de los juzgados.

Ahora, la sentencia obliga al municipio a estudiar el caso, iniciar el expediente y enviarlo a la Generalitat. La Comissió se muestra convencida de que el Ayuntamiento no va a ganar el proceso, pero lamenta que la estrategia dilate toda la tramitación.

Cornellana sostiene que el interés que tiene Cerdanyola para que Bellaterra no se vaya es "puramente económico" por la recogida de impuestos que hace de la EMD, pero critica que "no ha dado ningún paso" para intentar retenerlos, como mejorar el convenio que regula las relaciones entre ambos entes. "Si lo modificaran e hicieran la inversión necesaria, como zona del municipio que somos, habría mucho que hablar".

De los tres grupos políticos que hay en la EMD, Gent per Bellaterra y Convergents firmaron el manifiesto a favor de la anexión a Sant Cugat, mientras que ERC no lo hizo al considerar difícil que saliera adelante.

Por ahora, Cerdanyola ha recurrido la sentencia y hasta que no se resuelvan las alegaciones no empezará a correr el plazo de dos meses que tendrá para presentar el expediente a la Generalitat. Entonces, habrá un plazo de un año para emitir la resolución. Los plazos se alargarán, al menos, hasta inicios de 2024, en función de cuánto tarde la justicia en responder. "Nosotros lo que queremos es avanzar, como cualquier pueblo", concluye Cornellana.