Batalla vecinal contra la proliferación de narcopisos en El Raval barcelonés

“El Raval es un caramelito para los especuladores inmobiliarios”, dice José Mansilla, antropólogo urbano, miembro del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà. Después de que la gentrificación haya campado a lo ancho y largo de Ciutat Vella, lo que era el Barrio Chino parecía una especie de Galia. Pero la multiplicación de narcopisos en las últimas semanas vuelve a amenazar a la resistencia que hasta ahora ha soportado subidas del alquiler, derribos, desahucios y un largo etcétera. Lejos de resignarse, los vecinos convocaron una manifestación el pasado sábado.

Desde principios del año, la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra han entrado en 21 pisos del Raval y detenido a 17 personas, según fuentes municipales. Han desmantelado siete puntos de venta, mantienen dispositivos de seguridad en la zona e investigaciones abiertas en torno a los puntos donde se cree que se podría estar traficando con estupefacientes.

A raíz de los registros, el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones como la limpieza del terrado y la escalera de la finca en el carrer d’En Roig 22. Aunque la venta de drogas, recuerdan las fuentes municipales, es un desafío” que compete a la Conselleria d’Interior de la Generalitat” y no a la ciudad de Barcelona.

“Nuestro principal problema es la falta de actuación y a sinergia objetiva entre fondos buitres y traficantes a la hora de devaluar el barrio"

A pesar de que el distrito se jacte de la colaboración entre los cuerpos policiales, la voz de los vecinos es contraria. Ángel, miembro del colectivo Acció Raval que coordinó la protesta del sábado, se queja de la actuación de los Mossos. Los llamaron hace unos días al descubrir que se acababa de 'okupar' un piso en el número 18 del carrer Sant Vicenç con la intención de convertirse en un punto de venta de droga. Se presentaron allí y dijeron que no podían hacer nada, siempre según la versión de este vecino. Después llamaron a la Guàrdia Urbana, que sí entró a desalojar el piso, amparados por la ley que permite desalojar una vivienda 'okupada' en las primeras 24h.

“Nuestro principal problema es la falta de actuación”, se queja Ángel, harto de la impunidad con la que actúan los narcotraficantes. Además, apunta a la “sinergia objetiva o colaboración no pactada” que ha surgido entre fondos buitres y traficantes a la hora de devaluar el barrio. “Se han encontrado con este beneficio y no hacen nada para cambiarlo”, continúa.

María Teresa Roca lleva toda su vida en el barrio. Se casó en el Raval, tuvo un comercio y forma parte de la Associació de Veïns i Comerciants de la Taula del Raval que también estuvo al frente de la protesta. Tras varios días de caceroladas en las calles donde se concentran los narcopisos, decidieron convocar al barrio a manifestarse. “Gracias a la inmigración (que en el Raval oscila entre el 47 y el 48% de la población) el barrio no había despertado el interés de los fondos de inversión”, comenta, “hasta ahora”.

Los miembros de Acció Raval han pagado de su bolsillo los accesos al registro para comprobar en manos de quién están los pisos que saben 'okupados' por narcotraficantes. Ángel afirma que entre los propietarios están el BBVA y Blackstone. La estrategia que es a día de hoy una hipótesis consistiría en desatender los pisos 'okupados' para que incomoden al resto de vecinos hasta que se vean obligados a renunciar a sus contratos de alquiler o a venderlos a un precio más barato por la imposibilidad de la convivencia con la droga. Ángel recuerda que el primer artículo que leyó sobre la presencia de las drogas en el Raval fue en 2013 y denuncia que desde entonces “no se ha hecho nada”.

En este sentido, el Ayuntamiento se ha propuesto como tarea "contactar con los propietarios de pisos vacíos o 'okupados' con finalidades delictivas". Sin la denuncia de los propietarios, poco se puede hacer. Las fuentes municipales recuerdan "la dificultad que supone que haya propietarios (especialmente los fondos de inversión) difíciles de contactar, a lo que se añade que el mes de agosto complicaba todavía más esta tarea".

"Nuestros recursos están al máximo y existe toda una estrategia para afrontar la drogadicción en Barcelona que está funcionando"

La Agencia de Salud Pública de Barcelona, en boca de su portavoz Manel Piñeiro, niega que el consumo de drogas haya aumentado o que lo haya hecho el de alguna de ellas, como la heroína. "Nuestros recursos están al máximo y existe toda una estrategia para afrontar la drogadicción en Barcelona que está funcionando", señala. El problema es "el oportunismo" de que el CAS Baluarte, el recurso donde se puede hacer un consumo controlado e higiénico de heroína o cocaína, esté en el mismo barrio donde surgen los narcopisos. Además, estos ofrecen ahora un servicio integral: no sólo venden la droga, sino que también proporcionan a los usuarios un lugar donde inyectarse o inhalar.

Piñeiro reconoce que esta situación añade riesgos para los consumidores, por lo que ve un "incremento incipiente" de casos de sobredosis u otros problemas relacionados con esta inseguridad. El portavoz recuerda que en el CAS Baluarte se realizan más de 3.500 consumos al mes, lo que evita que sucedan en la vía pública e insiste en que el problema no se sitúa en nuevos consumidores o traficantes, sino en que estos hayan encontrado pisos vacíos en los que instalarse.

Desde el verano de 2016, se ha incrementado el horario de la sala en el sur del Raval, de 7 de la mañana a 22h, de lunes a domingo. Y desde enero, la Agencia de Salud Pública ha incrementado el número de educadores que contactan con los usuarios en las calles para dirigirlos a los recursos "de reducción de daños". También, con horarios ampliados, trabajan para "minimizar la presencia de jeringuillas en la vía pública".14 educadores entre semana y ocho los fines de semana recorren las calles del Raval en turnos de mañana, tarde y noche.

Las estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona hablan de un barrio que abandonaron 106 personas en 2016 y en el que se instalaron 118. Mientras tanto, la renta familiar, que se calcula sobre 100, subió de 62,6 en 2008 a 75,8 en 2015. Las cifras no reflejan los cambios de nacionalidad, pero Mansilla ve clara la sustitución de la inmigración latinoamericana o pakistaní por europeos con ingresos más altos, que inconscientemente seguirán contribuyendo al aumento de los precios de la vivienda.

Entretanto, los vecinos "de siempre", lucharán por resistir. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, afirmaba hace unos días que además del trabajo policial, uno de los ámbitos "más cruciales" es el de la vivienda. Su objetivo, decía, es "usar todas las opciones que tenemos como Ayuntamiento para hacer que estos pisos no permanezcan vacíos, sino que se llenen de vida". Las declaraciones sitúan ahora la batalla entre le sinergia que tendrían que conseguir ejecutivo y vecinos y la que ya tienen, por casualidad, narcotraficantes e inversores.