Ayuso prescinde de 1.117 profesores, entre ellos 388 de educación especial, dos días después de protestar contra la ley Celáa

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dice una cosa mientras también hace la contraria. Si el domingo se manifestaba contra la nueva ley de educación, la Lomloe o ley Celaá, y afirmaba que su Gobierno "va a seguir aplicando todas las medidas que hagan falta para impedir una ley que rompe el consenso y perjudica a la educación", este martes se ha confirmado una cruda realidad: la consejería de Educación de Madrid ha decidido no renovar el contrato a 1.117 profesores incorporados a principios de curso como refuerzo contra la covid en las aulas madrileñas y cuyos contratos finalizan este 22 de diciembre.

Según los sindicatos, estos despidos o no renovaciones afectan a muchas más personas, en concreto a casi 1.500, si se tiene en cuenta al personal no docente que también verá cómo el contrato que firmó a principios de curso finalmente no es renovado. Entre estos contratos no renovados hay 388 de profesores de educación especial, una cuestión de la que la propia Ayuso ha hecho principal campo de batalla con el Gobierno de Pedro Sánchez, llegando a afirmar que este tipo de educación estaba en peligro de desaparecer.

El Gobierno de Ayuso ha desoído tanto a los sindicatos como al resto de fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid, que le han instado a renovar los contratos de los docentes. Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública madrileña (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) registraron el 10 de diciembre una "solicitud urgente de negociación colectiva" ante el Gobierno regional, así como la suspensión cautelar de los ceses de 1.117 profesores de refuerzo. En ese sentido, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley –PP y Cs se absytuvieron–, cuyo carácter no es vinculante, en la que reclamaba al Gobierno regional que no finalicen estos contratos.

Los sindicatos calculan que esta salida masiva de profesores afecta a 20.000 alumnos madrileños en un momento en el que la pandemia ni mucho menos ha concluido.

La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha dado demasiadas explicaciones sobre la no renovación de estos contratos. En declaraciones a la Cadena Ser, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, negó que la terminación de estos contratos se deba a un "tema económico". "No es un problema de dinero, tenemos otros programas de refuerzo como el PROA+ en Secundaria, el PAI en Primaria y un plan de refuerzo que empieza en enero", ha dicho Ossorio.

Sin embargo, a principios de este mes los partidos que conforman el Ejecutivo madrileño, PP y Cs, justificaron la decisión de prescindir de este personal educativo por la falta de fondos y trasladaron la responsabilidad al Ejecutivo central: tendría que ser éste último el que pusiera el dinero.

Entre los no renovados hay 388 profesores de educación especial, según Infolibre. Hace apenas un mes, la presidenta madrileña ofreció "todo su apoyo a las familias a las familias con alumnos de educación especial", según se puede leer en la web de la Comunidad de Madrid. "Cada familia y cada niño es distinto y son ellos los que saben qué camino han de tomar y nosotros no debemos confundirles ni obligarles a coger un itinerario y perder tiempo fundamental, sobre todo, en atención temprana", dijo Ayuso en un encuentro con familias de alumnos de educación especial. 

El 26 de agosto pasado Isabel Díaz Ayuso, anunció la contratación de 10.610 docentes para este curso escolar marcado por la pandemia de la covid-19.

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De ellos, 600 son por el incremento de docentes por acuerdo sectorial, 350 educadores infantiles, 200 técnicos especialistas de Infantil y Primaria, 1.200 maestros de Educación Infantil, 2.400 maestros de otras especialidades, 2.081 profesores de Secundaria, 1.117 docentes de refuerzo para alumnos con dificultades (500 en Primaria y 617 en Secundaria), además de 2.662 docentes de centros concertados.