"No tiene ni pies ni cabeza y va en dirección contraria a los mandatos internacionales", "solo se justifica por el impulso privatizador de Ayuso" y "se trata de una medida de la Comunidad para contentar a Vox". Así definen diversos expertos en infancia, sindicatos y partidos políticos de Madrid el desmantelamiento que el equipo de Isabel Díaz Ayuso hace con los centros de menores tutelados de gestión pública directa en la Comunidad de Madrid.

Un servicio de protección a la infancia más vulnerable que el Ejecutivo madrileño afirma estar "remodelando", pero que, lejos de mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes, supone un desmantelamiento de los mismos en favor de su privatización a empresas privadas y una violación de los derechos más básicos de estos menores.

En total, la Comunidad de Madrid pretende desmantelar o "reorganizar" seis centros en una progresión que funciona como la caída de las fichas de un dominó. El origen de todo el desbarajuste, afirman a Público diversas fuentes, está en la necesidad de sacar a los menores no acompañados del centro que los "acoge" en la actualidad en la Casa de Campo, en pleno centro de Madrid. Una medida pedida largamente por el socio ultraderechista del Gobierno de Ayuso. El plan del Ejecutivo madrileño es trasladarlos a unas instalaciones que están en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, rodeado de naves industriales donde no existe nada alrededor y que se asemeja más a un Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE), que un lugar de protección de menores vulnerables. 

Cierre del Centro Casa de Campo

"El origen de todo este dominó es que había que cerrar el de la Casa de Campo por un compromiso con Vox. Se los llevan a una finca en medio de la nada, con las rejas bien altas. Como si hubiera que encerrarlos y sin ninguna posibilidad de integrarse. Estos menores no tienen a nadie, no se les da formación y a los 18 años se los echa a la calle. Da igual si tienen alguna patología o necesidad especial o si no tienen ni para comer, no tienen apoyo. Las condiciones en las que viven son penosas, en muchas ocasiones durmiendo en el suelo y con una comida mala y escasa, lo que, además, genera conflictividad", afirma Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.

En el camino, la Comunidad de Madrid arrasa con otros seis centros en un galimatías complejo, no recogido en ningún plan, ni ligado a financiación. Esta medida viene a sumarse a una situación ya considerada como dramática en estos centros de menores, donde se ha denunciado la mala y escasa alimentación de los menores y la falta de personal para atenderlos correctamente.

Una campaña iniciada por trabajadores de los propios centros de acogida exige al Gobierno de Ayuso un cambio urgente en la rigidez del sistema de distribución de raciones en los menús de estos menores porque está "ocasionando un desajuste en las necesidades alimenticias de niños niñas y adolescentes que se alojan en las residencias infantiles". Dicho de otro modo, porque pasan hambre y la calidad nutricional de la comida queda muy lejos de lo necesario. 

Niños al centro urbano, adolescentes al extrarradio

En junio pasado, el Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), José Manuel Miranda, anunció que cerraría y "reorganizaría" diversos centros de acogida. Entre ellos, La Casa de los Niños, un centro de referencia para la atención de niños entre 0 y 6 años con patologías graves. Se trata de un espacio instalado en un ambiente campestre que funciona desde hace 40 años y que está considerado como un lugar de referencia a copiar.

Con cabida hasta para 40 menores con graves patologías, está instalado en Colmenar Viejo, a solo siete minutos del Hospital de La Paz, en un enclave bucólico y a pie de calle, lo que permite la entrada y salida eficiente de ambulancias y de carros de hasta cuatro niños para poder pasear y vivir en el medio natural. Tal y como afirman trabajadoras de ese centro, se trata de un lugar ideal para niños pequeños que no están escolarizados y cuyos cuidadores pueden realizar actividades o salir al exterior con varios a la vez. "Si precisan atención médica, el centro y sus profesionales están formados y puede entrar una ambulancia desde el hospital cercano", lo que ocurre con frecuencia. Muchos de estos niños están sujetos a máquinas de respiración o monitoreo o necesitan moverse en sillas de ruedas y precisan atención permanente.

Ees considerado uno de los proyectos más exitosos y a copiar. "Son niños que por diversos motivos no pueden convivir con su familia y que requieren una atención constante y especializada, por lo que difícilmente pueden optar al acogimiento familiar", explica Covadonga Díaz, una trabajadora que lleva más de 22 años en dicho centro con contrato temporal. Recuerda que desde el año 1997 la Comunidad de Madrid no convoca una oferta de empleo público para cubrir plazas en residencias de menores, y que en esa ocasión solo se abrieron siete "cuando se necesitan cientos". Por ello, "un 85% de los que trabajamos con menores somos temporales" y que en un 80% se trata de mujeres que tienen ahora más de 50 años. 

El desmantelamiento de este centro ya ha comenzado. Las obras de mejora que estaban programadas e iniciadas se han detenido y algunos de los menores han sido trasladados a otros centros. El gerente del AMAS afirmó que serían trasladados a dos centros públicos de la Comunidad y que se repartirían entre el centro La Rosa, en el centro de Madrid, y El Valle.

El edificio donde se encuentra la Casa de los Niños será reconvertido para albergar a menores de 3 a 12 años. Otro de los cambios tiene que ver con la Residencia Infantil Las Acacias, en Carabanchel, a donde serán reubicados temporalmente los menores del Centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia (ICE) hasta que esté listo el Colegio San Fernando, también en la carretera de Colmenar Viejo, que se prevé para 2024. Al ICE, por su parte, irán las personas con discapacidad que acuden actualmente al Centro Ocupacional de Barajas.

Un galimatías de recursos que deja un mapa en donde bebés prematuros y menores de seis años con necesidades especiales y problemas de movilidad dejarán la zona bucólica de Colmenar Viejo para ser encerrados en un centro de barrio, donde se precisa ascensor para subir y bajar y donde los carros de tres o cuatro niños no pueden circular por las aceras. Por contra, los mayores y adolescentes, que tienen autonomía y necesidades de integración, son desplazados a zonas campestres o a polígonos industriales donde no tienen ninguna capacidad de integrarse con el entorno. 

Según el plan de la Comunidad, tres de las residencias salen del casco urbano de Madrid para establecerse entre la carretera N-2 y el aeropuerto en un caso (Casa de Campo) y en el kilómetro 13 de la carretera N-607 en los otros dos (ICE y Acacias). Dos de ellas ven aumentado el número de niños que venían atendiendo y modifican sustancialmente su trabajo (El Valle y El Rosa).

Juan Calle, responsable de la sección sindical de menores de UGT, resalta la incongruencia de que la ciudad escolar de San Fernando, a donde se llevarán los menores que ahora están en el ICE, está en la nacional 607, cuando ahora están en Hortaleza. "Esto no solo dificultará la integración de los menores, sino también la posibilidad de los padres y madres de visitarlos, puesto que tendrán que viajar durante dos horas en cada sentido para perder ver a sus hijos".

Además, todo este plan de desplazamiento supone desarraigar a los menores y adolescentes de su barrio, del colegio, de los servicios médicos... En muchos de los emplazamientos donde serán recolocados, además, no hay colegios ni tiendas ni posibilidad de interactuar. 

Comenzar por el tejado

"La Comunidad de Madrid dice que los niños pequeños deben estar en acogimiento familiar. Estamos de acuerdo. Pero hay que buscar esos acogimientos. Lo están haciendo al revés. Porque por mucho que nos diga la Comunidad que hay familias, sabemos que no las hay ni las han buscado. El proceso es complejo y precisa de personal y, sobre todo, de fondos destinados a tal fin. Sin embargo, han decidido cerrar los centros y cambiar a los niños antes de tener a las familias. El cambio será concentrarlos en centros privados concertados. Cuando un recurso público desaparece o se cierra, no vuelve. Eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Es pulverizado", afirma Público Juan Calle.

Tanto CCOO como UGT denuncian que en las últimas tres décadas el número de plazas públicas de gestión directa ha disminuido y que se han incrementado las plazas en centros concertados, cuya gestión se licita a empresas privadas, algunas de las cuales no tienen experiencia en el sector y que, en cualquier caso, buscan el beneficio en lugar del mejor cuidado para los menores.

"La Comunidad de Madrid comenzó el proceso de cierre con una falacia. Afirmaban tener familias de acogida para los niños, tal como marca la ley. Pero la realidad es que no es cierto. El último plan que existe y que venció en 2021, ya decía que las familias de acogida iban a la baja. Tampoco hay suficientes técnicos para realizar ese proceso y revisar cientos de expedientes. Por lo que hemos visto como aumenta el acogimiento residencial que ahora quieren cerrar", añade Covadonga Díaz.

De hecho, Isabel Díaz Ayuso anunció un nuevo plan de acogimiento familiar para niños tutelados a mediados de septiembre durante una sesión plenaria del estado de la región. Es decir, más de tres meses después de haber anunciado el cierre y traslado de distintos centros y cuando éstos ya se están ejecutando.

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid existen 25 centros de acogida de menores de gestión pública directa. Los sindicatos UGT y CCOO afirman no saber con exactitud cuántos de estos centros son concertados, es decir, cuya gestión se ha cedido a una empresa, pero afirman que el 70% de las plazas que existen en la actualidad están bajo esta última modalidad. También critican la opacidad de los fondos destinados por el Gobierno de Madrid a esta política pública.

"Hace unos años las política de infancia estaban en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, pero esto cambió y los presupuestos se fueron repartiendo en distintos organismos, por lo que es difícil saber cuánto se está dedicando. Sabemos que han ido a la baja, excepto por una inversión puntual en 2018 debido a la llegada de menores extranjeros no acompañados. Pero la tendencia es a la reducción de partidas", explica José Manuel Íñiguez, delegado sindical de CCOO en residencias infantiles.

Juan Calle afirma que se trata de un gran negocio. Las licitaciones que se hacen anualmente, como las de urgencia, se hacen al menor postor. Es decir, que prima el precio más bajo, por lo que la calidad del servicio queda en un segundo plano. "Esto afecta a la atención a los menores, porque se contrata a personal no formado o con menos experiencia y en muchos casos más escaso que lo que se precisa. La Comunidad afirma que sale más barato que tener a estos menores en centros públicos, pero no es cierto. Lo que pasa es que se da dinero a empresas privadas y no se mira la calidad".

"Lo que sabemos es que hay un plan para cerrar todos los centros de gestión pública de la Comunidad. El Rosa lo cerrarán en 2024. En 2025 está previsto que no haya centros de acogida entre 0 y 6 años", afirma Diaz. Sin embargo, añade, esto no se puede hacer si el acogimiento de estos menores en familias no va bien. Y no va bien. La Comunidad de Madrid no tiene un plan, afirma.

Una ley que abre la puerta a la privatización

Paralelamente a todos estos movimientos en los centros de acogida de menores gestionados de forma directa por la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso se encuentra inmerso en la aprobación de una nueva ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la anterior de 2003. Este nuevo texto, que pone las bases sobre la atención a menores, personas mayores o personas con discapacidad, abre la puerta a una privatización total de este tipo de centros. En el primer borrador que presentó el Gobierno Regional se incluía una frase que afirmaba que estos centros residenciales "serán públicos y de gestión directa". En el segundo borrador, el que se debate esta próxima semana en comisión, esa frase ha desaparecido y sólo afirma que serán públicos, pero no acota el tipo de gestión. 

Otro dato importante es que el borrador de la nueva ley fue presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en primer lugar a los empresarios. En una reunión que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, se reunió con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) para presentarle el nuevo texto. Sólo dos días después de producirse esta reunión, la Coordinadora del Tercer Sector hizo público un comunicado en el que pidió a los partidos representados en la Asamblea de Madrid, que rechazaran la ley, porque "busca privatizar y hacer negocio a costa de los más vulnerables" y porque "ha sido acordada por la CEIM" (la patronal). 

Según la coordinadora, esta norma abre la puerta a "una nueva modalidad paralela al contrato público, el concierto", que permitiría que "cualquier nivel de la administración externalice, sin límite alguno, sus servicios de asistencia social a cualquier empresa o particular, sin incorporar criterios de solvencia o capacidad". ​De hecho, estas organizaciones denuncian que el Ejecutivo autonómico ni siquiera las consultó sobre esta ley ni sobre las medidas que ahora emprende para el desmantelamiento de los centros de acogida de menores. 

Esta semana, la ley se debatió en el pleno de la Asamblea de Madrid. El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad y un texto alternativo. Partidos como Más Madrid hicieron más de 150 enmiendas al proyecto de ley. Ninguna prosperó.