Este artículo se publicó hace 3 años.
Ayuso amenaza con cerrar el ciclo de 3 a 6 años de la mayoría de escuelas infantiles públicas de Madrid
Pretende eliminar estas plazas y que esta educación se imparta solo en los colegios, lo que favorecería a centros privados y concertados. La iniciativa se produce en plena negociación de los Presupuestos de la Comunidad con Vox, partido que aboga por la enseñanza privada.
Jose Carmona
Madrid--Actualizado a
La Comunidad de Madrid tiene la intención de desmembrar 9 de las 16 escuelas infantiles públicas de 0 a 6 años que hay en toda la región. El Gobierno de Ayuso quiere impedir que se imparta en ellas el ciclo de 3 a 6 años para que esta etapa solo se realice en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), lo que comúnmente se conoce como colegios.
Ante la escasez de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años en Madrid capital y su ingente demanda, la Comunidad ha decidido que, en lugar de crear más centros infantiles en la zona, la estrategia sea eliminar el segundo ciclo y aprovechar esas plazas. En total, nueve escuelas se verían afectadas, localizadas en zonas como Usera, Pan Bendito, Manoteras o Tetuán. Todas las implicadas están supeditadas a la Dirección de Área Territorial (DAT) Centro.
La medida ha pillado por sorpresa a los centros, que ya están sujetos a Inspección Educativa, a la oposición política y a los sindicatos. Nadie había sido advertido de este movimiento e incluso desde Comisiones Obreras arguyen que la medida pretende contentar a Vox en mitad de la negociación de los presupuestos. El partido ultraderechista aboga por un sistema concertado y privado. En Madrid, una guardería privada tiene un precio de unos 400-500 euros mensuales, que con las ayudas que ofrece el Gobierno central y el de la capital, puede quedarse en unos 300 euros al mes.
En Más Madrid tampoco tenían indicios de este asunto, pero tampoco se muestran sorprendidos: "No les entusiasma el modelo de 0 a 6 años y en general la educación infantil pública. A las familias les gusta este modelo, porque se adaptan al niño. Hay un déficit muy grande de plazas públicas en la comunidad para niños de 0 a 3 años. Hay una necesidad porque hay familias que se quedan fuera, así que eliminan unas plazas para transformarlas en otras. Harán un anuncio en el que dirán que han hecho una ampliación histórica", asegura María Pastor, diputada de Más Madrid.
"Este modelo de escuelas infantiles funciona perfectamente y representa un referente de la educación infantil y de la innovación educativa. Se trata de unos centros muy demandados y valorados por las familias con lo que no se justifica su desmantelamiento y su reconversión", asegura Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran que están en proceso de análisis y que aún no hay nada oficial, pero aseguran que la iniciativa pretende dar continuidad a una medida implantada en 2012 para que estas escuelas "pasen a impartir únicamente el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)".
Javier Santos, uno de los padres que optó porque su hijo acudiera a uno de estos centros, concretamente a La Jara, en Usera, analiza los motivos por los que estos centros son tan positivos para los pequeños: "Es la opción la adecuada. Buscamos centros que respeten el desarrollo evolutivo de los pequeños. Y a nivel pedagógico e infraestructuras, en este tipo de centros todo eso se tiene mucho más en cuenta", explica a Público.
Este padre residente en el barrio de Usera reconoce que uno de los motivos que le llevó a vivir a esa zona era que su hijo fuera alumno de la Escuela Infantil La Jara. "Matricularlos en escuelas infantiles dificulta luego su incorporación al colegio cuando tienen seis años, porque luego la oferta de centros escolares para esas edades es mucho menor". Aun así, defiende el modelo y sus ventajas: "Son escuelas pequeñas. Ahora mismo hay un proyecto de comer ecológico y nos interesa que nuestro pequeño aprenda a comer de manera saludable", sostiene.
Desde Comisiones Obreras solicitan a la Comunidad de Madrid que frenen todas las operaciones hasta que el Ejecutivo cite a la comunidad educativa para una "reunión urgente". Galvín encuentra en esta decisión "una estrategia más para derivar alumnado a los centros concertados y hacer a las familias cautivas dado que no hay plazas públicas suficientes".
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