La ley del 'solo sí es sí' avanza en el Congreso tras tumbar los vetos del PP y Vox

El PP y Vox se han quedado solos este jueves en el pleno Congreso al defender sendas enmiendas a la totalidad a la conocida como ley del "solo sí es sí", una norma que inicia ahora su andadura parlamentaria defendida por la mayoría de la Cámara como un avance feminista en defensa de las víctimas.

A pesar del apoyo mayoritario a la tramitación de un proyecto en el que han trabajado largos meses los ministerios de Igualdad y de Justicia, muchos portavoces han avanzado que lo enmendarán en profundidad y el PSOE ha avisado que lo hará para caminar hacia la abolición de la prostitución, aunque no haya acuerdo sobre el tema.

"Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí", ha dicho Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subido a la tribuna a defender un proyecto que, ha asegurado, busca romper el silencio de las víctimas: "Este gobierno, este Estado os cree, y esta ley es solamente el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí".

La norma reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y para borrar la distinción entre abuso y agresión sexual. Reconoce además nuevos derechos a las víctimas y avanza en la lucha contra la explotación sexual al castigar a quien ejerza proxenetismo "no coactivo" (no violento) o se beneficie del alquiler de pisos o prostíbulos (tercería locativa).

"Vamos a decirles a esas mujeres que, tras muchos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan. Por fin serán escuchadas", ha recalcado Montero, que ha pedido al PP "volver al campo de juego del Pacto de Estado contra a la violencia de género".

La portavoz de este partido en el debate, Marta González, ha defendido la enmienda de su grupo, con texto alternativo, en línea con el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial al proyecto.

El PP disiente de la definición del consentimiento expreso -"¿Dónde queda la presunción de inocencia?", se ha preguntado la diputada- y rechaza que desaparezca la distinción entre el abuso y la agresión porque, a su juicio, en la práctica supone una rebaja de los penas a los delitos más violentos. Con esta ley, ha advertido, los miembros de La Manada, que fueron condenados a una pena de 15 años, solo podrían ser castigados con diez años.

En nombre del PSOE, Adriana Lastra ha dicho un "no" rotundo a ambas enmiendas. "En un país donde se denuncia una violación cada cinco horas, ridiculizar el consentimiento expreso debería darles vergüenza", ha espetado a la derecha. Como Montero, Lastra ha asegurado que la nueva ley "es el grito unánime de todo un país" y ha recordado a muchas víctimas agredidas y luego revictimizadas en el juzgado, como la de La Manada. "Por esa hermana y por tantas otras y por nuestras hijas, va por ellas, esta ley saldrá adelante", ha asegurado Lastra, quien ha advertido también a la ministra de Igualdad que la enmendarán para que las medidas de lucha contra la explotación sexual vayan más allá y se oriente a la abolición de la prostitución.

La lucha contra la explotación sexual

Sobre este asunto, en su discurso inicial Montero ya se había abierto a cambios, aunque avisando de que acabar con la lucha contra la explotación sexual exigirá reformar la ley de extranjería, ya que se estima que el 70% de las víctimas están en situación irregular y necesitan papeles para salir.

Desde el PNV sin embargo, Joseba Agirretxea ha pedido un debate en profundidad sobre el fenómeno de la prostitución, al margen de esta ley, y desde Junts, Pilar Calvo ha coincidido en la necesidad de escuchar también la voz de "las trabajadoras del sexo". Para Isabel Pozueta, de Bildu,

Junto a la ley, la diputado de Unidas Podemos Sofía Castañón ha reclamado también un pacto social, cultural y judicial para que las violencias no formen parte de la cotidianidad. Las portavoces de Ciudadanos y del PdCat han preferido abstenerse ante la enmienda del PP al no compartir en su totalidad el proyecto del Gobierno.