Uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha, Carlos García Juliá, ha salido este jueves por la mañana de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde cumplía condena como autor de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. Los abogados y compañeros de las víctimas Cristina Almeida y José María Mohedano explicaron a Público su perplejidad ante la concatenación de decisiones judiciales que ha permitido al pistolero de Atocha salir de presión. 

La salida se ha producido a las 9.30 horas de la prisión madrileña en la que ingresó en febrero de este año después de ser extraditado a España desde Brasil, donde fue detenido en diciembre de 2018 tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia por un delito relacionado con el narcotráfico. Está condenado por ser uno de los autores de la matanza de Atocha, cometida en Madrid el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha.

Aunque le quedaban por cumplir más de diez años, la Audiencia  Provincial de Ciudad Real -que es el último tribunal que sentenció al autor de la matanza por otro delito diferente- atendió el pasado mayo la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica. En aquel momento, víctimas de la matanza de Atocha solicitaron la nulidad de las actuaciones sobre García Juliá e impugnaron la liquidación de condena dictada por el tribunal. 

García Juliá fue sentenciado a 193 años de prisión en 1980, pero tan solo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la libertad condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, nunca regresó a España. 

García Juliá estuvo durante casi 25 años prófugo de la justicia, escondido en países como Paraguay, Argentina, EEUU y Bolivia, y dejando en evidencia las carencias del Estado español en su lucha contra los ultraderechistas que impregnaron la Transición con odio, violencia y sangre. 

Las víctimas, en contra de la excarcelación

La Fundación Abogados de Atocha trató de detener la excarcelación sin éxito y ahora está pendiente de una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite. La abogada Cristina Almeida ha pedido a la Justicia que al menos adopte las medidas necesarias para que García Juliá no pueda abandonar España. Además, ha indicado que no descartan llevar el recurso contra la libertad de García Juliá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

No obstante, Almeida se ha dirigido a las autoridades policiales y judiciales españolas para que, en cualquier caso, no se le expida pasaporte a García Juliá y se adopten las medidas necesarias para que no pueda salir dele país.

Cristina Almeida ha reconocido que siente "una impotencia tremenda" ante esta situación e insiste en que, al menos, se le ponga vigilancia o alguna medida cautelar. Tras diez años jubilada, Almeida se ha dado de alta para llevar este asunto y ha tenido que pelearse con los documentos judiciales sobre García Juliá que no están digitalizados. Y lo ha pasado peor, dice, que en el confinamiento. "Mi tranquilidad se ha roto", añade, pero su sentido de la responsabilidad le ha llevado a hacerse cargo del caso, que conoce mejor que nadie, porque lo llevó cuando se juzgó la matanza de Atocha.

La Fundación quería frenar la excarcelación, porque, según Almeida, al recluso se le han aplicado unas redenciones de condena a las que no tendría derecho, ya que quebrantó la libertad condicional con su huida a Paraguay en los años noventa y, por tanto, no le puede computar para una nueva liquidación.

CCOO consideró que la resolución de la Audiencia Provincial de Ciudad Real sobre la liquidación de condena y aplicación de beneficios penitenciarios ordinarios y extraordinarios al coautor de la matanza de los abogados de Atocha, Carlos García Juliá, es "injusta".

En un comunicado de prensa, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO ha asegurado que la decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real jurídicamente no es conforme con los criterios establecidos por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que desestimó la inconstitucionalidad sobre una disposición del Código Penal entonces vigente, planteada por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a iniciativa de García Juliá.

Memoria democrática

Todo comenzó la noche del 24 de enero de 1977. El falangista José Fernández Cerrá irrumpió, junto al recién puesto en libertad García Juliá (por entonces integrante de Fuerza Nueva), en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha. Allí, ambos llevaron a cabo una de las mayores matanzas de la Transición. Los dos individuos ultraderechistas asesinaron a los abogados Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides, del estudiante de Derecho Serafín Holgado y del administrativo Ángel Rodríguez Leal. 

Los hechos se enmarcaron en la denominada semana negra de la Transición. Un día antes de la matanza de Atocha fue asesinado -también por ultraderechistas- Arturo Ruiz, un joven de 19 años, de izquierdas y activo políticamente. El día de su asesinato se manifestaba a favor de una amnistía política para los presos de la dictadura. Ese mismo día, Mari Luz Nájera también perdió la vida cunado los grises lanzaron un bote de humo que le cayó en pleno rostro. 

Una mañana de diciembre de 2018, un operativo de la Policía de Sao Paulo, en Brasil, detuvo al huido García Juliá, que se escondía tras una falsa identidad: Genaro Antonio Materán Flores, un conductor de Uber, de 60 años, con pasaporte venezolano. En febrero de 2020, el asesino fue extraditado a España e ingresó en la cárcel madrileña Soto del Real. No ha pasado ni un año desde ese ingreso, y un tribunal ha decidido dejarle en libertad. Ahora, las víctimas vuelven a reclamar justicia.