"Estoy contento, estoy pasando”, dice ante la cámara de su teléfono móvil. En la imagen se ve la cara sonriente de un joven árabe, posiblemente de Marruecos o de Argelia, que viaja en los bajos de un camión que embarcó desde Ceuta hacia la Península. De vez en cuando enfoca a Mohamed, que le acompaña en la travesía. Apenas unas tablas de madera les separan del suelo y cualquiera de los baches que se perciben en las imágenes puede costales la vida. No sería la primera vez que ocurre. Pero los dos están felices, sonrientes, porque lo han logrado. Están en la Península después de esconderse durante horas en los huecos del vehículo que ha llegado en ferry a Algeciras.

El vídeo, publicado por El Faro de Ceuta, fue difundido por miembros de la Asociación de Transportistas de Ceuta que, desde hace varias semanas, se ha puesto en pie de guerra contra los menores extranjeros no acompañados, conocidos popularmente como “menas”, por las siglas que les ha colocado la administración pública. Entre 60 y 100 de estos jóvenes, según estima el Gobierno de la ciudad, viven y merodean por las inmediaciones del puerto, ajenos a la tutela de la ciudad y esperando su oportunidad para cruzar como polizones el Estrecho y seguir su ruta migratoria, que termina en Francia o más al norte aún.

Pero, a veces, la ruta termina antes de tiempo. A diferencia de los dos chicos del vídeo, Omar no tuvo tanta suerte. Nació el 4 de abril del 2000 en Agadir, una ciudad turística marroquí. Dos días después de cumplir la mayoría de edad, Omar —Susi, como le llamaban sus compañeros—murió atropellado por la cabeza tractora de un tráiler. Ocurrió el pasado 6 de abril en las inmediaciones del puerto ceutí y aquel suceso es el que ha desatado la campaña de denuncia de los transportistas, ya que el conductor del camión fue detenido. Tras comparecer ante la juez y realizar una reconstrucción de los hechos, se decretó prisión provisional sin fianza por un presunto homicidio doloso y se enfrentará una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. También fue arrestado otro conductor, aunque está en libertad con cargos por un delito contra la seguridad vial.

El detenido es un transportista ceutí de 44 años. Inicialmente declaró que varios inmigrantes se acercaron a los camiones para robar mercancías. Fue entonces cuando les persiguieron en sus camiones para atraparlos, recuperar el material supuestamente robado y entregarlos a la Policía. Sin embargo, explicaba el camionero, una piedra lanzada por los inmigrantes le golpeó la cabeza, perdió el control y se produjo el atropello.

No es la misma versión que aportaron otros testigos, compañeros de Omar, que vieron cómo un vehículo persiguió al joven que, simplemente, había intentado colarse en uno de los camiones para cruzar el Estrecho en ferry. “Iban a por nosotros”, decía el testimonio de un compañero recogido por la ONG Save the Children. Casualmente, un equipo de esta organización se encontraba en el puerto realizando entrevistas con los chicos para un informe sobre los menores extranjeros que presentarán pronto. “Estábamos a cien metros de donde fue atropellado Omar. De repente escuchamos muchos gritos y vimos a los chicos corriendo y arremolinándose en el puerto. Nos contaron que habían perseguido a varios chicos y que habían atropellado a uno”, recuerda Susana Hidalgo, de Save the Children.

Tras la decisión del juez, el gremio de transportistas ha intensificado sus críticas, ha exigido más seguridad en el puerto y culpa al Gobierno de la ciudad de “no haber hecho nada para solucionar un problema que existe desde hace 30 años y que ha ido a peor”, explica a Público Manuel Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Transportistas. “El acoso es continuado porque hay robos y hay un hostigamiento constante. Cada día se meten en los camiones y no son conscientes del peligro que corren. Es una situación peligrosa para ellos y para nosotros. Es la primera vez que un inmigrante muere atropellado pero, si esto no cambia no será el último, porque hay un descontrol total y hay muchos riesgos a diario. Nunca sabes qué va a pasar cuando vas a trabajar al puerto”, añade.

El camionero exige que se vigile y se evite la presencia de cualquier persona no autorizada en las zonas del puerto restringidas. “Lo que no puede ser es que la ciudad nos deje el marrón a los transportistas, que sólo queremos trabajar. El resultado es que hay un chaval que ha muerto y un compañero nuestro que está en la cárcel”, incide Sánchez, que no entra a valorar la persecución al joven fallecido porque, dice, no estuvo ahí.

A raíz del incidente, Sánchez abrió un grupo de Facebook en el que los trabajadores suben imágenes de su día a día para mostrar las difíciles condiciones en las que trabajan, aunque pronto se ha convertido en un espacio para colgar todo tipo de noticias negativas sobre los menores y verter insultos racistas, atacar a las ONG o difundir mensajes de odio hacia el colectivo. Algo que, por otra parte, ya ocurría en un nutrido grupo de la misma red social llamado Inseguridad ciudadana Ceuta.

Tras el suceso, se anunció el refuerzo de la seguridad en el puerto con más cámaras de seguridad y más vallas, aunque la Autoridad Portuaria ya había anunciado antes del incidente una inversión de 900.000 euros en medidas de seguridad, como el vallado de todo el perímetro, la colocación de concertinas y otros elementos de seguridad “pasivos”. Sin embargo, los transportistas afirman que poco ha cambiado y que los agentes de seguridad del puerto y los agentes de policía y guardia civil están “desbordados”.

Un drama social convertido en problema de seguridad

"Los chicos del puerto son adolescentes vulnerables que viven solos, en las escolleras, en la calle, buscándose la vida y en situación de desamparo. Cuando hablamos con ellos nos dicen que sienten vergüenza porque van sucios, que están acostumbrados a que la gente se cambie de acera, les insulte, a que les traten mal. Son niños estigmatizados que agradecen cuando alguien se acerca a ellos y les preguntan”, explica Hidaldo, de Save the Children, que denuncia la campaña de criminalización constante contra este colectivo.

Opina lo mismo Reduan M., un activista de Ceuta que visita habitualmente a los jóvenes del puerto. “Entiendo el problema que supone esta situación para los transportistas, es normal que sientan presión. Lo que no puedo entender es que generalicen y que se difunda que todos los delitos que se comenten en la ciudad sean responsabilidad de estos chicos”, asegura. Tampoco es excusa —dice— para que “se tomen la justicia por su mano y persigan a los chicos con un vehículo”, sentencia en referencia a la muerte de Omar.

Para Reduan M., el problema es más político que otra cosa. “Yo estuve con Omar dos días antes de que muriera. No era agresivo ni un delincuente, sólo era un chaval que no quería estar en el centro de acogida esperando a cumplir 18 años para quedarse fuera del sistema y sin permiso de residencia. Prefería empezar cuanto antes a rehacer su vida y para eso tenía que ir a la Península, porque en Ceuta no hay oportunidades”, explica.

No es sólo su opinión, sino también la del Defensor del Pueblo, que en su último informe anual, ha denunciado la desprotección que sufren los menores extranjeros no acompañados en España. “Muchos se van del centro porque está masificado. Los chicos nos dicen que hay partes en mal estado, con goteras, pero tienen que dormir ahí”, remarca el activista ceutí. El pasado enero, uno de más de 200 menores extranjeros tutelados por Ceuta intentó suicidarse en su centro de acogida.

Para Save the Children, la muerte de Omar se está tratando simplemente como un “problema de seguridad”. “Se le ha dado la vuelta a la tortilla y se está culpabilizando a los menores. No se les puede estigmatizar así, necesitan apoyo por parte de la Administración, pero tras su muerte solo se piden más vallas y más policías”, critica Hidalgo, que apunta a una gran cantidad de noticias en medios locales en los que se criminaliza a los menores.

No parece sólo un problema mediático. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad firmó hace un año un convenio para desarrollar un programa de “prevención de la delincuencia infantil y juvenil de menores extranjeros”, un proyecto con la Universidad de Málaga a través del Instituto Interuniversitario de Criminología que hace pocos días ha empezado a funcionar. A falta de ver su evolución, los colectivos sociales ya consideran que el nombre del programa resume muy bien la imagen que se pretende trasladar de los menores extranjeros.