Ha pasado más de un año desde que Basir (nombre ficticio) llamó a la puerta del Gobierno español para pedir asilo. El joven refugiado sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla todavía no ha obtenido respuesta. El silencio administrativo no es válido en ninguno de los casos, pero ahora, tras una resolución de la Audiencia Nacional −a la que ha tenido acceso Público− que obliga a la Administración a "actuar oportunamente para promover el traslado a España del solicitante de asilo", demuestra que no existen vías efectivas de acceso al derecho de asilo para las personas africanas negras en España.

"Ignorar una resolución de un tribunal es vulnerar la ley. El embajador de España en Marruecos y su superior jerárquico, el ministro Albares, infringen la legalidad nacional e internacional al mantener a Basir expuesto a la tortura y al incumplir la orden de la Audiencia Nacional de proteger sus derechos humanos", declaran a Público los abogados de Basir, Arsenio G. Cores y Adilia de las Mercedes.

La vida e integridad de Basir corren peligro cada día que se retrasa la decisión sobre su solicitud. "Su intención es obligar a España a pronunciarse sobre una posibilidad contemplada en la Ley de Asilo que no se ha querido desarrollar jurídicamente desde 2009: la vía diplomática para solicitantes de protección internacional, o lo que es lo mismo, pedir asilo en consulados o embajadas ante la imposibilidad de llegar al país de acogida", expone el abogado.

Cores recuerda la sentencia N.D. Y N.T. contra España en la que se condenó a la Administración española por la expulsión ilegal de dos personas africanas. "El Gobierno español mintió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando defendió que existían vías efectivas para acceder al país". Cores cuenta que recurrieron alegando que las devoluciones de las personas africanas no eran ilegales porque podían haber accedido al país de otra forma, como por ejemplo a través del artículo 38 de la Ley de asilo.

Interior, de quien depende la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), no ha respondido a Público, mientras que Exteriores se ha limitado a contestar que "no son los competentes por el ámbito de la justicia". A pesar de que, dos días después de que se interpuso la petición, la Audiencia Nacional ordenó que se notificara el auto al "Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de España en Marruecos".

"Devolvieron a Basir sabiendo que lo iban a maltratar"

Ante el silencio del Gobierno de España, el pasado 8 de diciembre los abogados presentaron ante la Audiencia Nacional una medida cautelar en la que pedían el traslado urgente de Basir a territorio español. El 29 de febrero de 2024, la Audiencia Nacional emitió un auto resolviendo favorablemente el recurso planteado, concediendo la medida cautelar positiva solicitada, la cual obliga a la Administración a realizar "las actuaciones oportunas en orden a promover el traslado a España del solicitante de asilo". Los argumentos de fondo fueron los indicios del riesgo para la vida e integridad de Basir en Sudán. 

El 24 de junio de 2023 fue la última vez que Basir intentó llegar a España. La Guardia Civil lo devolvió de inmediato a Marruecos, junto a 470 refugiados, tras presenciar la tragedia de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas y más de 80 siguen desaparecidas. Desde que se vio obligado a huir de su país, Sudán, el joven lleva años en un periplo migratorio en el que ha recorrido cinco países africanos. En todos los lugares ha sido víctima de malos tratos, agresiones, tortura y perseguido por sus creencias religiosas. 

"El gobierno español es responsable porque expulsó a Basir ilegalmente, lo entregó a las autoridades marroquíes a conciencia del trato que le iban a dar y aun así lo devolvieron", insiste el abogado del refugiado. Basir llegó incluso a escribirle una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le explicaba que "jamás habría intentado saltar la valla si tuviera otra opción, pero por mi color de piel tampoco podría nunca obtener un visado para llegar de otra forma a un país seguro".

"El Gobierno de España ha puesto en evidencia a Marlaska"

Basir solicitó a la Embajada de España en Rabat (Marruecos) la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo que permite que la persona solicitante sea transferida a territorio español para que pueda solicitar protección internacional. Desde entonces, el Gobierno español ha ignorado por completo su petición, que debería haber sido respondida en los seis meses siguientes. 

"Con su silencio han puesto a prueba las palabras del ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, que siempre ha defendido que las personas subsaharianas tienen otras vías para ejercer su derecho a solicitar protección internacional en España sin recurrir al peligroso cruce irregular en patera o saltando las vallas de Ceuta y Melilla", declara Cores.

El abogado informa que la tasa de reconocimiento de asilo para las personas que proceden de Sudán está en torno al 90%. Cores manifiesta que los más de 100 compañeros de Basir que lograron cruzar a Melilla el pasado junio y no fueron devueltos pidieron protección internacional en Melilla y todas sus solicitudes fueron, al menos, admitidas a trámite.

Basir sigue atrapado en Marruecos, durmiendo en la calle y ocultando su nombre para no ser encarcelado. España le debe una respuesta, pero el letrado asegura que hasta que no la tenga, agotarán todas las vías para que el joven se traslade a España. "El racismo institucional del Gobierno ha llegado a tal punto que se permite ignorar resoluciones de un tribunal encargado del control de las actuaciones de la Administración que vulneren derechos humanos", lamentan.