El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de ley trans y LGTBI (cuyo nombre oficial es anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ) que pasó por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. El anteproyecto se envió al CGPJ que ahora aprueba el informe con meses de retraso y tras la denuncia del Ministerio de Igualdad de una situación de "bloqueo". Este informe es preceptivo y no vinculante, es decir, el Ejecutivo no tiene la obligación de incorporar sus recomendaciones al texto final de la ley.

En el comunicado de este miércoles el órgano de los jueces adelanta los cambios introducidos en el informe con respecto al borrador del mismo que se hizo público a principios de abril (el informe no estará disponible hasta dentro de un par de días). Tras la aprobación del informe -y las nuevas puntualizaciones- por todos los miembros, la ministra de Igualdad, Irene Montero, volvía a reiterar su oposición en Twitter. Ya lo hizo una primera vez a principios de abril con respecto al borrador inicial. 

El CGPJ también expresó sus dudas de otras leyes de Igualdad, como la ley de violencia de género, de la que cuestionaron su constitucionalidad, o la ley del ‘solo sí es sí’, en la que se rechazó la redacción sobre el consentimiento sexual expreso y la supresión de la distinción de abuso sexual y violación del Código Penal.

El CGPJ avala la autodeterminación de género

Uno de las principales derechos que blinda el anteproyecto de la ley trans es la modificación del sexo legal en el DNI. Hasta ahora, y según la Ley 3/2007 vigente, las personas trans tienen que someterse a un proceso de hormonación de dos años, además de a un diagnóstico de disforia de género. El informe del CGPJ, en línea con el anteproyecto de ley, respalda la autodeterminación de género y apoya eliminar este proceso. De hecho, en el borrador se cita el art.8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: "elementos como la identidad de género, el nombre, la orientación y la vida sexual caen dentro de la esfera personal protegida por el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que respecto de las personas transgénero implica un derecho a la autodeterminación".

"Que el CGPJ avale la autodeterminación es lo coherente pues va en sintonía con lo que ha establecido la propia Unión Europea desde hace una década. No avalar la autodeterminación significaría desafiar al propio Consejo de Europa, que en 2015 ya instó mediante una resolución a "desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados en la autodeterminación", señala a Público, Isaac Guijarro, abogado en Olympe Abogados, especializado en derechos LGTBI. 

Las asociaciones consideran positivo que el CGPJ haya puesto punto final al debate sobre la autodeterminación. "Cierra el debate sobre la autodeterminación de género. Hace un examen exhaustivo de más de 40 páginas y habla no sólo del plano internacional, la autodeterminación de género está legislada en muchos países, sino también del nacional. Alude a la ley de 1989 española en la que se aprueba la autodeterminación de género en una sentencia", declara a Público, Uge Sangil, presidenta de la FELGBTI+. 

El reconocimiento de las personas no binarias 

Otra de las cuestiones que ven en positivo por parte de la FELGTBI+ es la mención a los derechos de las personas no binarias en el borrador del informe del CGPJ que esperan se mantenga en la redacción del informe final. "En tres ocasiones habla de la cautela del anteproyecto de ley en lo que tiene que ver con las personas no binarias, menciona que en determinados países ya se visibiliza a este colectivo en los documentos oficiales y crítica al anteproyecto por no tomar medidas en esa regulación y ese reconocimiento". 

Hasta 18 años para cambiar el sexo en el registro

Uno de los cambios que plantea el informe con respecto al borrador es la edad a la que es posible la autodeterminación de género. El informe propone que se eleve a los 18 años la edad para que una persona pueda pedir el cambio de sexo legal por sí misma en el registro sin autorización judicial. El Ministerio de Igualdad en su anteproyecto establecía que a partir de los 16 años no habría limitaciones en este sentido. "Se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria y la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo", se puede leer en el comunicado del Poder Judicial tras la aprobación del informe.

El anteproyecto establecía que de los 12 a los 14 años se necesitaría la aprobación judicial y entre los 14 y 16, la asistencia de los tutores legales. "En Galicia llevamos años cambiando el sexo registral a los menores por debajo de los 18 años sin tener que demostrar nada gracias a jueces que lo han avalado. Por un lado, defienden la autodeterminación de género pero, por otro, si tienes menos de 18 años, tienes que demostrar madurez. Es una contradicción", declara a Público, Cristina Palacios, de la asociación de familias de menores Trans*, ARELAS. 

"Es un cambio de última hora basado en la transfobia. Han recortado los derechos de los menores trans yendo en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, haciendo una valoración política y basada en prejuicios", denuncia Uge Sangil.

En el borrador del informe del CGPJ se consideraba que, al legitimar a los menores de entre 14 y 16 años a solicitar la rectificación del sexo sin más consentimiento que el de sus tutores legales, no se cumplía con el principio de especial protección de los menores de edad: "Esa mínima exigencia no es suficiente para proteger el interés de los menores comprendidos en esa franja de edad que carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada"

"Este sistema del proyecto de ley es el mismo (o muy parecido) al que ya tiene Países Bajos y Noruega (aceptan la autodeterminación de los menores). Noruega y Países Bajos no son considerados países poco democráticos, si no más bien lo contrario", explica a Público el abogado Isaac Guijarro, y añade: "El CGPJ vuelve a basar su informe en perjuicios, en miedos infundados y no en la ciencia o en la experiencia normativa de países de nuestro entorno". 

"Consecuencias" en violencia de género 

El anteproyecto ya blinda el mantenimiento de las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese anterior al cambio de su sexo legal. Sin embargo, los ponentes, Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea, citaban en el borrador del informe el artículo 41 del anteproyecto referido a la violencia machista y reiteran que se debía blindar "la modificación de la mención del sexo del hombre no altere el régimen de protección que dispensa la ley a las víctimas de violencia de género ni permita eludirlo" ya que, según ellos, "no queda claro". Aunque, eso sí, consideran que ese fraude de ley sería "poco probable".

Desde las FELGTBI+ lo ven una equivocación. "En el anteproyecto de ley queda claro que si hago un tránsito después de haber cometido un delito de violencia de género, se me juzgará por el momento en el que cometí el delito. Lo que dicen es un bulo con una intencionalidad, lo basan en nada y lo único que crea es confusión.", declara Uge Sangil, su presidenta. 

"Quieren abrir un debate que ya no hay. La ley de violencia de género ya blinda esto, se te juzga por el delito antes del tránsito. Quieren sembrar la duda, llevan a falsos debates, a intentar darle miedo a la gente...", declara Cristina Palacios, presidenta de ARELAS. 

Discriminación de las mujeres cisgénero en el deporte

El órgano cambia en el informe, con respecto al borrador, la expresión mujeres no trans por mujeres para los casos de discriminación en el deporte. El borrador critica que la ley puede atentar contra el derecho fundamental a la igualdad de las mujeres diciendo que algunas disposiciones del anteproyecto "propician el indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, discriminación general indirecta" a las mujeres cisgénero. Y directamente el informe entra en las disposiciones referidas al deporte atendiendo a la "diferencia de las condiciones físicas existentes y la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es".

"El anteproyecto de ley no entra en este aspecto. No sabemos de dónde lo han sacado. Creo que estas cosas están basadas en los prejuicios. En el borrador podemos ver que hay varias manos y muchas opiniones subjetivas como esta", declara Uge Sangil de la FELGBI+ a Público. 

Inseguridad jurídica

En la misma línea que la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, el CGPJ expresa en el borrador su inquietud por la seguridad jurídica de la ley y opta por una "mayor concreción en aspectos de la norma tan esenciales como los referidos a las consecuencias en el matrimonio derivadas de la transexualidad o la fijeza del estado civil".

"Alguien quiere que esa opinión esté ahí porque se avala la autodeterminación del género. En la negociación que tuvimos en junio con las partes, donde estaba Carmen Calvo, se negoció de tal manera que la seguridad jurídica quedaba totalmente blindada. Esto está avalado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad. La fórmula que se emplea para el registro civil de cambio de género y sexo tiene todas las garantías jurídicas y, en su momento, Carmen Calvo lo abaló, por eso se desbloqueó en junio el anteproyecto", recalca Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI+. 

"Cuando hablan de inseguridad jurídica, este discurso, no se dan cuenta de que ellos mismos están creando una inseguridad personal a, sobre todo, muchas mujeres trans. Estos discursos tan transfóbicos son los que están creando inseguridad hacia las personas trans", puntualiza a Público, Cristina Palacios de ARELAS. 

Reversión y carácter "integral" de la norma 

El anteproyecto, observan los jueces, permite revertir la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas "sin límite alguno y con la única condición de que hayan transcurrido seis meses desde la inscripción del cambio de sexo en el Registro Civil". Los jueces puntualizan en el borrador que debería contemplarse solo con carácter "absolutamente excepcional, predeterminando los casos y condiciones en los que ha de tener lugar, siempre bajo la decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada".

"Es curioso que, por un lado, restrinjan medidas alegando la seguridad jurídica y luego, esta propuesta que está en el anteproyecto blindando su seguridad jurídica, digan que lo contrario al anteproyecto", declara Uge Sangil. 

Los jueces del CGPJ dudan de si esta ley sería la "herramienta adecuada, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo de proteger a las personas trans y LGTBI". A su parecer bastaría con mantener "aspectos nucleares, troncales y autónomos" para la garantía de los derechos de las personas trans y el colectivo LGTBI porque el "uso reiterado" de leyes integrales provoca la "excesiva atomización del ordenamiento jurídico" y como consecuencia "un régimen privilegiado de protección" para determinados colectivos.

"Somos un colectivo vulnerable que hemos sufrido, que nos han encarcelado, que nos han maltratado y matado, que los discursos de odio hacia el colectivo van en aumento, por eso no creo que sea una sobreprotección. La ley es el cimiento para una sociedad diversa, plural y democrática con la pluralidad de las personas. Luego, la ley hay que ejecutarla y llevarla a la calle con la educación", sostiene Uge Sangil. 

La defensa del colectivo 

El anteproyecto propone que organizaciones de todo tipo ostenten la defensa de los intereses del colectivo en procedimientos de carácter civil, social o contencioso-administrativo. El CGPJ cree que esta ampliación es "desproporcionada" y en un comunicado hecho en abril añadía que era "inadecuada una regulación que situara la defensa de los intereses de las personas LGTBI en manos de organizaciones de todo tipo". 

"Vivimos en toda la sociedad no en un guetto, ni en un espacio cerrado, trabajamos en todo, creo que esa defensa se tiene que ampliar a todos los sectores sociales y en todos los espacios porque estamos en todos", defiende Uge Sangil, y continúa: "Ya en 2005 con el matrimonio igualitario lo compararon con la unión de un hombre y un animal. El CGPJ es conservador y lleva años sin renovarse. Las instituciones del Estado tienen que renovarse, estas personas no se pueden perpetuar en los espacios de poder y además, deben ser apartidistas", finaliza Uge Sangil.