La asociación Ginso, que gestiona en Ourense un centro de menores de la Xunta de Galicia donde la madre de un interno ha denunciado que se les fuerza a orinarse y a defecarse encima, estaba también a cargo de otros dos reformatorios en Almería y Madrid en los que en 2019 y 2011 murieron dos chicos a manos de los guardias que los custodiaban.

Ginso es la marca abreviada de la Asociación para la Gestión de la Integración Social, y desde el pasado enero se encarga del complejo Montealegre, que agrupa a los centros públicos de reeducación de Montefiz y Monteledo, ambos destinados al internamiento de menores de edad sometidos al cumplimiento de medidas judiciales.

La madre de un chico de 18 años que ingresó en Monteledo en noviembre pasado asegura que los internos sufren las citadas vejaciones, que a su hijo no se le está proporcionando el tratamiento terapéutico ordenado por la jueza y que está siendo sobremedicado con dosis excesivas de psicotrópicos.

La asociación, a la que la Xunta ha entregado la gestión de Monteledo y Montefiz mediante un concierto cuatrianual por valor estimado de más de 50 millones de euros, era la entidad que administraba el centro de menores Tierras de Oria de Almería, donde Iliass Tahiri, de 18 años, murió el 1 de julio de 2019.

Atado boca abajo por cinco guardias

El video que muestra a cinco guardias de seguridad reduciéndole con contundencia y atándole el cuerpo boca abajo a un camastro sin que él opusiera resistencia, se hizo viral entonces. El caso fue archivado en varias ocasiones, pero la Audiencia Provincial de Almería ordenó reabrirlo en octubre de 2020 y una jueza dictó el pasado 26 de junio la apertura de juicio oral contra cuatro de los guardias, según informó el diario El País.

Ginso también gestionaba el centro Teresa de Calcuta en Brea de Tajos (Madrid), donde Ramón Barrios, de 18 años, murió en la madrugada del jueves 8 de julio de 2011 tras una intervención de los servicios de seguridad del centro. A la familia se le informó entonces de que el chico había fallecido a causa de una parada cardiorrespiratoria, y a pesar de que la muerte se produjo tras un altercado con un vigilante y a que la autopsia desveló posteriormente que el cadáver presentaba indicios de violencia, como hematomas, arañazos y golpes, su caso fue archivado.

El centro Monteledo, privatizado hace años por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, estuvo bajo la gestión de la Fundación Diagrama hasta finales del año pasado. En ese tiempo, los trabajadores denunciaron en varias ocasiones el deterioro de las infraestructuras y la escasez de medios materiales y humanos, así como la degradación de los servicios a los menores, que, al menos en Monteledo, no incluían prestaciones terapéuticas ni módulos o programas específicos para ello.

En abril de 2020, en pleno confinamiento por la epidemia de covid, la Confederación Intersindical Galega (CIG) alertó de que no había mascarillas ni equipos de protección ni para los trabajadores ni para los internos, que el personal estaba en una "situación límite" con varias bajas sin cubrir y que varios chicos habían amenazado con amotinarse. En diciembre del año pasado, el día de Navidad, cinco de ellos consumaron otro motín, que no fue desmovilizado hasta que se logró la intervención de la policía nacional.

Más de 50 millones

En noviembre del año pasado, la Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige Fabiola García, convocó un procedimiento para renovar la adjudicación de Montefiz y Monteledo por 23 millones de euros, que con modificaciones y prórrogas alcanzaba un valor estimado de más de 50 millones.

Lo hizo mediante la herramienta del concierto social, una fórmula de colaboración público-privada frecuente en el sector de los servicios sociales que permite adjudicar su gestión al margen de la normativa general de contratos del sector público. El 24 de enero de 2024  le asignó a Ginso la de Montefiz y Monteledo, aunque en la documentación publicada en el Diario Oficial de Galicia no figura mención alguna a si otras empresas se presentaron al proceso. Diagrama no lo hizo.

En 2018, durante la investigación de la operación Púnica, el exconsejero de Jusicia de la Comunidad de Madrid Enrique Granados declaró al juez que la presidenta Esperanza Aguirre y el vicepresidente Ignacio González le ordenaron transferir a Ginso importes superiores a los contratados en varios acuerdos de colaboración con el Gobierno madrileño, dinero que fue supuestamente desviado con facturas falsas, según su versión, a otraa empresa que habría sufragado gastos de la campaña del PP en las autonómicas de 2007.

Público se puso en contacto con Ginso para obtener su versión de los hechos, pero fuentes del departamento de comunicación de la empresa han derivado a la Xunta cualquier pregunta sobre las denuncias relativas al centro de menores de Monteledo.

La Consellería de Fabiola García asegura que son falsas y que está cumpliendo tanto la legalidad vigente como con las medidas de internamiento recogidas en las sentencias dictadas por los jueces.