El jurado popular ha absuelto a los siete acusados del asesinato de Alejandro Ponsoda, el alcalde del municipio de Polop, Alicante, que fue disparado el 19 de octubre de 2007 a las puertas de su domicilio. 

Entre los absueltos se encuentran Juan Cano, sucesor de Ponsoda, y los otros seis acusados, según el veredicto que acaba de emitir el jurado popular que ha enjuiciado los hechos. 

Los seis hombres y tres mujeres del jurado popular han dictaminado que no ha habido pruebas suficientes para aplicar el delito de asesinato al entonces concejal de Urbanismo y posterior alcalde (Cano) y a los otros seis acusados, para los tanto la fiscalía como la acusación particular que se pedía entre 25 y 27 años de cárcel. 

El veredicto ha llegado varias horas después de cumplirse un día completo de deliberaciones en condiciones de incomunicación, tal y como marca la Ley por el Procedimiento del Jurado, en una vista oral en la Audiencia Provincial de Alicante que ha estado presidida por la magistrada Cristina Costa, que a partir de lo acordado por el jurado ahora deberá imponer la sentencia. 

Ayer a las 13.00 horas, el jurado recibió las 38 preguntas o proposiciones objeto de veredicto para dar respuesta motivada. Además de Cano, a quien la fiscalía pedía 25 años de cárcel por considerarle presunto inductor del crimen por un motivo de odio, han sido enjuiciados el empresario local del calzado Salvador Ros y el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina en el que supuestamente se urdió el asesinato, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente. 

También los tres presuntos sicarios a los que se contrató presuntamente por 50.000 euros para que efectuasen los disparos: Raúl Montero y los checos Radim Rakowski y Robert Franek, para los que se demandaba 27 años al sumarles tenencia ilícita de armas. 

En el desarrollo del juicio, que se ha prolongado durante tres semanas, las defensas trataron de desacreditar la versión ofrecida por un testigo protegido, sobre el que se apoyaron las acusaciones y quien declaró ante la Guardia Civil que le habían ofrecido inicialmente a él la posibilidad de ejecutar el asesinato.