El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, comienza la cuaresma en capilla: este viernes ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa como investigado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el presunto espionaje a una exnotaria diocesana.

El arzobispo admitió haber dado la orden de inspeccionar el ordenador con el que había trabajado la exnotaria hasta su despido, de cuyo disco duro fueron extraídas conversaciones que esta había mantenido con otras personas a través del sistema de mensajería Wahtsapp y que, posteriormente, fueron aportadas por la diócesis como prueba de cargo en el proceso canónico abierto a la exempleada, a la que la curia de Jiménez acusa de filtrar información interna del tribunal diocesano al que estaba adscrita.

El juez, la Fiscalía y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía consideran que el rastreo del ordenador y la aportación de las conversaciones al proceso judicial canónico suponen, indiciariamente, un delito de descubrimiento y revelación de secreto, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y multas que pueden llegar a 216.000 euros, aunque en la práctica no suelen superar los 40.000.

Lo comete quien se apodera, sin el consentimiento de la víctima, de “sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales” y quien intercepta o escucha sus comunicaciones privadas.

Investigación interna

Jiménez, cuyo interrogatorio se prolongó durante algo más de media hora, admitió haber dado la orden de inspeccionar el ordenador dentro del proceso de despido de la notaria, como medio para obtener información sobre actividades que la cúpula del arzobispado consideraba sospechosas.

El despido de la notaria se enmarca, con el cese de un juez diocesano y del exdirector del seminario, en la purga iniciada por Jiménez nada más llegar a Zaragoza tras el cese fulminante de Manuel Ureña por orden de Roma en noviembre de 2014, al trascender la indemnización de 60.000 euros libres de impuestos a un diácono que no llegó a ser ordenado.

Esa purga, que incluyó el cese y la remoción de decenas de curas, reabrió las tensiones que durante décadas han enfrentado en Zaragoza a los sectores conservadores y aperturistas, que se habían intensificado en la época de Ureña.

Medio centenar de curas y de simpatizantes acompañaron al arzobispo Jiménez al juzgado.

La orden y la “búsqueda ciega”

También pasaron por el juzgado el ecónomo del arzobispado, Ernesto Meléndez, que aseguró haberse limitado a tramitar al perito informático la orden que había recibido de Jiménez, y el técnico, Jorge Pina, que asegura que rastreó el disco duro del ordenador con un sistema de “búsqueda ciega” (no con una revisión sistemática) al que, no obstante, no hace ninguna referencia en el informe aportado al proceso canónico.

Él sostiene que fue la notaria quien introdujo las conversaciones en el ordenador sin permiso de su dueño, mientras que él se limitó a cumplir el “encargo profesional” de estudiar una copia del disco duro con métodos legales.

La exnotaria, por su parte, mantiene que le fue prohibido en su último día de trabajo acceder al ordenador, lo que indica que las conversaciones de wahtsapp ya estaban almacenadas en él. Según la denunciante, quedaron grabadas de manera accidental por efecto de una aplicación en una ocasión en la que conectó su teléfono al computador.

“Indicios de injerencia en el derecho a la intimidad”

Jiménez había solicitado hace unos días su desimputación por “la repercusión social” que podía tener su interrogatorio en el caso del presunto espionaje () y por haber sido obtenidas las conversaciones en una investigación interna y dentro de un ordenador propiedad de la diócesis, petición que rechazó el juez, Luis Fernando Ariste.

Este mantiene, a partir de las investigaciones de la Policía, que la extracción se produjo “sin conocimiento dela usuaria y con anterioridad a su despido” y que el hecho de que el propietario del equipo fuera el arzobispado no exime a sus responsables de la obligación de respetar la privacidad de quien lo utilizaba.

“Existen indicios de injerencia en el derecho a la intimidad de los partícipes en esas conversaciones, que en modo alguno habían autorizado el acceso a las mismas”, indica el magistrado en el auto por el que ratifica la citación de Jiménez como investigado.

“La propiedad del ordenador objeto de análisis no conlleva en sí misma la facultad de injerencia en la intimidad ajena”, indica el juez, que señala a Pina como un presunto cooperador necesario del eventual delito.