Desde 2011, la ONU conmemora el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para recordar a los gobiernos sus responsabilidades frente a crímenes que Naciones Unidas considera "más que una simple violación de derechos humanos" y expresar su "preocupación por la impunidad generalizada en estos casos".

En España, que ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria en septiembre de 2009, nunca se ha juzgado a los responsables de los miles de asesinatos y desapariciones de civiles perpetrados por los pistoleros falangistas y las fuerzas de seguridad de la dictadura desde el 18 de julio de 1936.

Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado genéticamente, "el único homenaje esencial en una democracia a las víctimas de desaparición forzada es la investigación judicial de los crímenes, la condena a los responsables y la compensación a las familias".

Sobre las políticas del Gobierno, añade que "somos el único país del mundo que tiene miles de asesinados desaparecidos y pretende solucionarlo a base de subvenciones. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática no para de hacer titulares hablando del dinero de las subvenciones, pero no dice nada de los asesinos de esos miles de civiles, ni de cómo cometieron sus crímenes ni de cómo se aprovecharon de ellos".

"Los derechos humanos no se subvencionan" 

Según la organización, cuando la ONU define la desaparición forzada, describe lo que hicieron los golpistas de 1936 al decir que es cuando "se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o se les priva de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y luego se niega a revelar el destino o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de libertad, eliminándolas así de la protección legal".

La ARMH sostiene que la ONU usa esta fecha para sensibilizar a las sociedades sobre la gravedad de las desapariciones forzadas y recordar que estos crímenes siguen siendo vigentes mientras los desaparecidos no sean encontrados. Silva explica que, en España, los representantes del Gobierno repiten constantemente las palabras, verdad, justicia y reparación, pero no toman medidas para que los hechos sean juzgados, no se informa a la sociedad sobre los crímenes y los responsables.

Y concluye: "Los derechos humanos no se subvencionan, se garantizan, porque además las políticas de subvenciones tienen al clientelismo electoral; como no se trata como un derecho, se le dice a la sociedad y en especial a las víctimas que si gobierno yo habrá subvenciones y si no gobierno yo no las habrá. Y nunca hemos visto que la justicia o la reparación a una víctima del terrorismo dependa del resultado de unas elecciones".