"No, no voy a dimitir, este Gobierno y este Ministerio llevan trabajando dos años y medio en materia migratoria, haciendo la política migratoria que se había dejado de hacer en siete años. Hemos reducido las llegadas un 50% el año pasado. Algo debemos de saber de esto", replicaba este miércoles a una diputada del PP el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Marlaska consiguió ayer ser el foco de una gran parte de las críticas al Ejecutivo—con permiso del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos— a raíz de la inesperada puesta en libertad de 227 migrantes que llevaban varios días encerrados en el muelle del puerto grancanario de Arguineguín tras ser rescatados de una patera en el mar. De repente y sin aviso previo, los agentes de Policía que custodian las abarrotadas instalaciones dejaron salir a los migrantes sin ningún lugar al que ir, sin techo, sin comida, sin agua, en total desamparo. 

Marlaska ha anunciado en el Congreso que se ha abierto una investigación para averiguar quién y por qué dio la orden de liberar a los migrantes en esas condiciones y ha advertido de que se depurarán responsabilidades, si es que las hubiera. También adelantó que este miércoles comenzaría el progresivo desalojo del muelle con traslados de migrantes a las instalaciones habilitadas en terrenos cedidos por el Ministerio del Defensa. Un polvorín de tierra en Barranco Seco donde se han levantado 23 carpas militares que harán las funciones de Centro Temporal de Atención a Extranjeros (CATE). Aunque su capacidad, por el momento, solo llega a 800 plazas, mientras que en los últimos dos fines de semanas, Canarias ha recibido a más de 3.000 personas. Los primeros 200 traslados se produjeron pasadas las 18.00 horas, según informó el Ministerio.

Pero mientras Marlaska anunciaba estas medidas en el Congreso, no fue capaz de pronunciar correctamente el nombre del muelle. Se le atragantó durante el final de su réplica al PP en lo que parece la metáfora perfecta de lo que lleva meses ocurriendo en este puerto que alberga a casi tantas personas migrantes como habitantes tiene su localidad contigua, Mogán, donde la tensión social por la migración irregular va en aumentado.

Los migrantes liberados acabaron en una plaza de Gran Canaria donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno. Los llevaron autobuses fletados por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, conocida por su discurso antimigratorio, en clara señal de protesta. Allí, algunos vecinos de la capital grancanaria les llevaron comida y agua, hasta que pasada la medianoche, fueron alojados a un complejo hotelero de Maspalomas, la solución que la Secretaría de Estado de Migraciones en colaboración con Cruz Roja lleva implementando desde este verano para paliar el déficit crónico de plazas de acogida en las islas. Ya hay más de 6.000 personas migrantes alojadas en estos hoteles en las islas que ahora, sin turistas por la pandemia, están vacíos.

Esta situación ha sido la gota que ha colmado en vaso y que la derecha a aprovechada para cargar contra el ministro y agitar el fantasma de la inseguridad. El lunes, el ministro también levantó polémica al afirmar que nadie pasa más de 72 horas en el muelle, cuando se han dado casos de personas que han pasado semanas allí. También aseguró que Canarias no sería una nueva Lesbos, aunque cada vez se le parece un poco más. Este miércoles, PP, Ciudadanos y Podemos en Canarias han pedido la dimisión del ministro por su "nefasta" gestión migratoria. El presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, también ha criticado esta "incalificable e indefendible" decisión y ha pedido que se depuren responsabilidades.

Arguineguín se ha convertido en el icono de la nueva crisis migratoria que sufre la isla, donde el aumento de llegadas de migrantes —sobre todo marroquíes— es superior al 1.000% respecto a hace un año. Hasta el pasado lunes, según la cifras de Interior, han arribado 16.760 migrantes a Canarias, frente a las menos de 1.500 que llegaron en el mismo periodo de 2019. Aunque la ruta migratoria lleva dos años reactivada, la intensidad de 2020 solo es comparable a la de la llamada crisis de los cayucos de hace una década.

Y la respuesta del Gobierno está llegando a golpe de improvisación, falta de previsión, lentitud y una gran descoordinación entre los ministerios implicados — sobre todo Interior e Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, encargado de la acogida—. No hay infraestructura para acoger a tanta gente, a pesar de que el repunte se notaba hace más de un años. Interior no autoriza traslados a la península, donde el sistema de acogida sí tiene varios miles de plazas libres, y tampoco terminan de llegar numerosas medidas anunciadas que, en opinión de las ONG, solo son un parche más para un flujo global de personas que chocan con el muro de los países del sur de Europa. En concreto, con sus islas tapón: Lesbos (Grecia), Lampedusa (Italia) y ahora el archipiélago español. Hace un mes, Canarias era una gran embudo de migrantes. Ahora es una olla a presión en la que cualquier escape sirve como arma arrojadiza en el debate político mientras no llegan soluciones contundentes y el rechazo y la tensión social aumentan cada día.

Bloque informativo en el muelle

La inhumana situación de los migrantes en el puerto de Arguineguín lleva desde este verano siendo un quebradero de cabeza para Marlaska que ha ido empeorando mes a mes. Allí, las personas deben esperar los resultados de las pruebas PCR, pasar cuarentenas si fuera preciso y esperar a que haya una plaza libre de acogida. En el suelo, sobre cartones y sin apenas duchas. Pero lejos de solucionarlo, Interior ha intentado tapar el problema impidiendo el acceso de la prensa al muelle, sobre todo, de cámaras. Numerosos y prestigiosos periodistas y Reporteros Sin Fronteras se han quejado de férreo bloqueo.

El flujo de llegadas, cada vez más intenso, ha provocado que se acumulen más de 2.000 personas en el muelle, que son las que hay ahora mismo, cuando en agosto eran todavía centenares. A pesar de repetidos anuncios con medidas siempre "inminentes", los avances son pocos y llegan, si lo hacen, meses después, siempre empujados por los acontecimientos

El CATE que pretende sustituir a Arguineguín

Un ejemplo de la tardanza ha sido la puesta en marcha del campamento en Barranco Seco con el que Interior pretende despejar el muelle. Durante meses, ha habido problemas para que el Ministerio de Defensa cediera terrenos e instalaciones en desuso para paliar la situación. Fue la semana pasada cuando llegó el entendimiento entre ministerios, según anunció la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carlina Darias, durante su visita a las islas para presentar un plan de choque del Gobierno para la situación migratoria en las islas. Fuentes de Interior afirman que aún se trabaja en su acondicionamiento y que podría llegar a contar con mil plazas, lo que daría cierto margen para gestionar grandes picos de llegadas siempre que haya plazas libres en el sistema de acogida.

Interior también espera la cesión y acondicionamiento de otras instalaciones en El Matorral (Fuerteventura), en un antiguo cuartel militar que pretenden convertir en una híbrido entre Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y centro de acogida, con gestión compartida entre Interior y Migraciones, aunque no pueden precisar plazos ni plazas por el momento. También en Tenerife, el Ejército monta tiendas de campaña para instalar otro CATE en el cuartel de Las Raíces, también cedido por Defensa.

La Secretaría de Estado de Migraciones también prevé tener listo, aunque sin fecha, otro centro de acogida estable en Las Palmas, el antiguo colegio León, que se está acondicionando pero que también es claramente insuficiente.

"Vemos los que llegan pero no los que evitamos que lleguen"

El CATE de Barranco Seco y un aumento de plazas de acogida son solo una parte del plan del Gobierno, que pone el foco en retomar un mayor ritmo de deportaciones de migrantes a países africanos, algo que la pandemia no ha permitido hasta hace pocas semanas. Tras la deportación de un grupo de migrantes desde Canarias a Mauritania la pasada semana, fuentes oficiales reconocen que también se ha comenzado a devolver a sus países a ciudadanos marroquíes.

El próximo viernes, Marlaska visitará Marruecos por séptima vez desde que llegó al cargo para, según fuentes de Interior, seguir reforzando la cooperación en la lucha contra las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

"Vemos los que llegan pero no vemos los que hemos evitado que lleguen y pongan en peligro su vida", afirmaba este miércoles el ministro, que ha insistido en que frenar la salida de pateras y cayucos en una de las patas fundamentales de este plan de choque. Para ello se reforzarán medios policiales y materiales en países de tránsito donde ya hay desplegados agentes de Policía y Guardia Civil, como Senegal y Mauritania.