Aragón veta una macrogranja de 20.000 terneros para evitar su impacto en el agua, la tierra y la atmósfera

"La explotación resulta inviable". Esa es la conclusión a la que ha llegado el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) tras analizar los impactos que iba a provocar en el medio la macrogranja de 20.000 terneros que Ganados Jiménez Cambra, una empresa de Cadreita (Navarra) que factura 36 millones de euros al año, pretendía instalar en Torralba de Aragón, un pueblo de la zona noroeste de Los Monegros de apenas un centenar de vecinos. Ese volumen de animales supera, según los datos del Ministerio de Agricultura, al que se sacrifica en un año en comunidades de intensa tradición ganadera como Navarra (18.614 en 2021), Cantabria (10.971), Extremadura (9.454) o Euskadi (8.545).

Y, si se tiene en cuenta que en torno al 10% de los terneros van al matadero antes de cumplir los ocho meses y el resto entre esa edad y el año, la producción de la macrogranja de Torralba superaría también con facilidad al volumen de sacrificios de territorios como Asturias (22.649) y Andalucía (20.122).

Solo con la cabaña de esa granja, la de mayor tamaño de esa especie ganadera planteada en España y que solo se vería superada por las 23.000 vacas lecheras que Valle de Odieta explota en Noviercas (Soria), iban a salir a más de 180 reses por vecino y a casi cinco animales por cada hectárea del término municipal, unas proporciones que ayudan a hacerse una idea de las desmesuradas dimensiones del proyecto, que ha obtenido una declaración de impacto ambiental negativa.

La proliferación de macrogranjas en Aragón en la última década

Esa decisión supone uno de los primeros reveses de calado a la extensión de la ganadería industrial en Aragón, un territorio en el que en una década, según los datos del Ministerio de Agricultura, la cabaña de terneros, ha pasado de 294.000 a 401.000 cabezas (+36%%), la de cerdos se duplicaba al pasar de 5,47 millones de plazas a 9,87 para desplazar a Catalunya como primer productor con un 28% del censo estatal y la de pollo añadía varios millones de plazas a las ya existentes. 

En ese periodo, el parque de granjas de terneros de Aragón ha alcanzado las 4.380 unidades, con algo más de dos tercios de ellas (3.382) dedicadas al cebo y el engorde, mientras las macrogranjas de cerdos, las del Grupo Tercero por su capacidad superior a las 3.360 cabezas, se disparaban hasta las 694 para acumular la tercera parte de las de toda España.

Ferreirim: "Ahora pedimos que se haga lo mismo con todas las demás macrogranjas

En el sector del pollo ha desaparecido una de cada diez unidades (42 granjas de 418 en ocho años) mientras la producción no dejaba de crecer, lo que apunta a un tamaño creciente de las nuevas instalaciones, en las que resulta habitual superar las 100.000 plazas, paralelo a un constante goteo de cierres entre las de menor capacidad.

Luis Ferreirim, responsable de temas agrarios de Greenpeace, aplaudió la decisión del Gobierno de Aragón con el proyecto de Torralba. No obstante, señaló, "ahora pedimos que se haga lo mismo con todas las demás macrogranjas, se adopte una moratoria a la ganadería industrial y se frene de una vez la demencial expansión del porcino en esta comunidad autónoma".

Sin embargo, y pese al avance que la ganadería industrial, un modelo hoy renqueante tras revelarse su fragilidad y dependencias después de haber diezmado las explotaciones familiares, ha tenido en Aragón en los últimos años, las dimensiones que la empresa navarra proponía para la macrogranja de Torralba de Aragón resultaban desmesuradas.

El "impacto crítico" de 200.000 litros de purín diarios

Básicamente, Ganados Jiménez Cambra pretendía poner en marcha una granja de cebo con capacidad para 20.000 terneros estructurada en 410 corrales y cinco lazaretos de 800 metros cuadrados, una superficie que supera las 33 hectáreas, más varias naves y balsas y una depuradora.

Los animales, que según la documentación no dormirían sobre paja, comerían 180 toneladas diarias de una mezcla de cereales y forraje, mientras que la bebida y la limpieza requerirían el suministro de 307 millones de litros de agua al año, una cantidad similar a la que requiere una población de 8.000 habitantes. La demanda eléctrica iba a ascender a 282,7 Mw.h (megawatios.hora).

Con esa dieta de nueve kilos diarios de pienso y 42 de agua, la generación de purines iba a alcanzar los 73 millones de litros al año (200.000 diarios), un volumen cuyo impacto califican de "crítico" los técnicos del Inaga, que consideran "inviable" utilizarlos como fertilizantes.

¿Qué se puede hacer con 73 millones de litros de purín?

Coinciden con el criterio de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), cuyos informes advertían de los riesgos de deterioro que la puesta en marcha de una granja de esas dimensiones entrañaba para el río Flumen, "en cuya cuenca vertiente se han detectado niveles importantes de concentración de nitratos".

El "plan b" consistía en convertir 30 millones de litros en compost en la propia macrogranja y enviar los otros 43 a una planta de tratamiento ubicada en Escucha (Teruel), a más de 180 kilómetros, para, después, venderlo como fertilizante orgánico.

La instalación de esta explotación ganadera supondría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero

Sin embargo, ese dispositivo iba a provocar "un aumento considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero", ya que requiere "el desplazamiento de unos 1.350 camiones anuales con 25.000 kilos de estiércol" cada uno de ellos, una contaminación atmosférica a la que habría que sumar la generada por "el transporte de las materias primas para la alimentación animal y de los animales tanto a su entrada como a su salida y la salida del compost generado".

"La instalación de esta explotación ganadera en la zona supondría un aumento considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la huella de carbono, además de por las propias emisiones de la actividad ganadera, por el aumento del tráfico pesado", concluye la declaración de impacto, que considera que "la compatibilidad ambiental de la actividad en ese entorno se ve comprometida por la elevada generación de estiércol" y que, por esa razón, "no debería autorizarse la explotación antes de que la capacidad de carga del territorio se vea sobrepasada, dada la elevada magnitud de los impactos, su duración y la escasa reversibilidad" que tendrían.

"Importantes efectos medioambientales negativos"

Otro de los puntos débiles del proyecto se encontraba en la disponibilidad de agua. La CHE concluyó que "no era autorizable" la captación de esos 307 millones de litros anuales desde el Canal de Monegros por dos motivos: por una parte, por "la alta demanda (de agua) prevista", y, por otra, por tener como condición para poder instalar una granja en la zona de influencia de ese acueducto, que sufre vaciados periódicos, que esta disponga de "una capacidad de reserva de agua para seis meses de actividad", algo que en este caso no se daba.

A esa oposición se le suma la de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del propio Gobierno de Aragón, la del ayuntamiento de Torralba de Aragón y la de otros seis de la zona (Senés de Alcubierre, Robres, Tardienta, Torres de Barbués, Almuniente y Barbués), críticos con el "perjuicio del desarrollo socioeconómico" de sus pueblos que podía conllevar la construcción de la granja, cuya puesta en marcha iba a afectar a "otras actividades económicas relacionadas con el turismo rural y la hostelería", y con el "deterioro de las infraestructuras viarias" y el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que iba causar el trasiego de camiones.

Finalmente, el Inaga acabó acogiendo todos esos argumentos, ya que la resolución por la que veta la macrogranja señala como motivos, además de la carencia de agua y los riesgos de contaminación por nitratos, el hecho de que su funcionamiento "aumentaría de forma notable las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de los animales, (y) la gestión del estiérco", a lo que añade "el incremento de gases de infecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados con importantes efectos medioambientales negativos".

"El futuro de Huesca es un poco menos oscuro", señalan desde Ecologistas en Acción, organización que venía alertando sobre el "cambio brutal en la forma de desarrollarse las explotaciones ganaderas" que podía suponer la puesta en marcha de este proyecto.