Los grupos antiabortistas han creado una red de acoso en torno a la Clínica Dator en Madrid, considerada el buque insignia del aborto en España. Son cinco los locales comerciales que han reconvertido en sedes provida a tan solo unos metros de centro médico.

Refugio ProVida, Mi primera ecografía, Fundación Red Madre, Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada y Fundación Madrina forman una red antiabortista que rodea la Clínica Dator con el fin de evitar sanciones. Bajo estas organizaciones, los autodefinidos como "rescatadores", liderados por el médico antiabortista Jesús Poveda, ya no están en la calle acosando a estas mujeres, sino a las afueras de los locales que han alquilado o adquirido, por lo que creen eludir la ley.

La Clínica Dator se ubica en la Calle Hermanos Gárate y a tan solo 30 metros, sobre la Calle Pensamiento, está el refugio ProVida, donde llevan a las mujeres que logran parar antes de que acudan al centro médico. A unos 180 metros se encuentra el local de Mi primera ecografía, donde convencen a las embarazadas para que escuchen el latido del corazón. En otra dirección, a unos 180 metros, se encuentra la fundación Red Madre, que trabaja en colaboración con asociaciones provida de toda España. A 300 metros, la Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada. Y, por último, a unos 500 metros de la clínica se encuentra la Fundación Madrina que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El modus operandi comienza con la labor de los voluntarios, cuyo deber es impedir que las mujeres entren en la clínica y convencerlas de no llevar a cabo su derecho a la interrupción del embarazo. Si lo consiguen, trasladan a las mujeres al refugio ProVida y, de ahí, a Red Madre o la Fundación Madrina, que cuentan con la certificación de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que en 2022 el Gobierno anunció la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal para castigar el acoso callejero a las mujeres que se dirigían a centros para abortar, el hostigamiento ha aumentado y se ha sofisticado con la creación de esta red de centros que busca esquivar la ley. La norma preveía penas de cárcel entre tres meses y un año para quienes acosaran a las mujeres que iban a abortar.