A las diez de la mañana del pasado 19 de julio, Raquel recibía en la puerta de su vivienda ocupada a un grupo de cuarenta antidisturbios. Buscaban desalojar a esta familia en situación de desempleo sin lograr hallar una salida a una compleja situación que no les permitía ni llegar a final de mes. "Era un día normal como otro cualquiera. Con mis niños acostados, a golpe de pistolas derrumbaron la puertas y nos dieron pocos minutos para recoger lo que nos quedaba" cuenta a Público esta mujer de 28 años.

Desde el mes de febrero de 2016, Raquel no podía ofrecer un techo a sus hijos de tres, ocho y once años. "No me pensé dos veces ocupar una vivienda pública vacía cuando sé que mis hijos van a dormir en la calle". La vivienda ocupada estaba situada en el barrio de Torreblanca, una de las zonas con mayor índice de población en riesgo de exclusión social.

Raquel y Elisa antes de entrar al ayuntamiento.

Raquel recuerda a Público cómo desde el pasado verano se encuentra viviendo en un hostal a diez kilómetros de su barrio, el de toda la vida. Una habitación con cinco camas donde una cajas de lata de refrescos hace de patas por la falta de infraestructuras que ofrece. "No tenemos cocina, no tenemos una ducha propia, no tenemos lavadora y tampoco una zona de parque para llevar a mis hijos". Esa fue la única alternativa ofrecida por Emvisesa, la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento del Ayuntamiento de Sevilla.

El compromiso de permanencia en el hostal tras desalojarla por vía penal, se le ha ido comunicando un viernes tras otro. Esta semana, Raquel ha dejado de recibir el aviso. No sabe si tendrá que marcharse a la calle en escasos días. Pero tampoco quiere hacer las maletas y alertar a sus pequeños. "No hay derecho. Estas no son condiciones de vida y mis hijos no se lo merecen", aclara.

El marido de Raquel, Jesús vende flores y plantas en la calle para sacar algo de dinero. "No llegamos ni a los 300 euros pero así comemos y pagamos el autobús para trasladar a los niños hasta su colegio". Rocío vive casi a 10 kilómetros del centro donde sus hijos están escolarizados. Casi una hora de camino de ida y vuelta diaria. “Si me tengo que ir a la calle estoy dispuesta a irme a la puerta del Ayuntamiento pero a mi familia no la dejan tirada en el suelo”, aclara esta afectada.

La falta de una respuesta, llevó a Raquel a la máxima desesperación irrumpiendo en la mañana ayer, sin previo aviso, en el último pleno del alcalde socialista, Juan Espadas. “No hay derecho, no dejen a mis hijos sin futuro, sin vida, sin estabilidad. No tienen corazón. No tenéis vergüenza”, destacaba en una de las últimas filas de la sala. Raquel fue desalojada a los pocos minutos por cuatro agentes de la Policía Local. Puede lograr permanecer una nueva semana en el hostal. No mucho más.

Hostal donde vive Raquel con su familia / PÚBLICO

La ineficacia del protocolo anti desahucios

El grupo municipal Participa Sevilla ha conseguido visibilizar estos casos nada aislados en la ciudad. Tres desahucios diarios. Una veintena a la semana. Y casi un centenar al mes alertan de que el protocolo anti desahucios, firmado por el ayuntamiento socialista durante el verano de 2015 no está cumpliendo bien los criterios. Cristina Honorato, concejala del grupo Participa declara como "el parque público de viviendas está actualmente abarrotado pero no se toman medidas entre los diferentes agentes para que las víctimas no terminen viéndose desesperadas en la calle y ocupando con causas penales pendientes".

Raquel ha recibido dos multas por la ocupación realizada en febrero de 2016. "Esta sanción económica la tienen pendientes muchas mujeres y hombres que viven en la más absoluta pobreza y cuyo estado parece criminalizarse. Nadie quiere ocupar una casa sino es por pura necesidad", aclara la edil Honorato. La falta de integración entre agentes como Emvisesa, la Gerencia de Urbanismo y la Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento hispalense hace que cientos de viviendas se encuentren desocupadas y no respondan ante el problema de emergencia habitacional.

"Es incoherente que agentes de la misma administración no busquen soluciones conjuntas y que se siga incumpliendo el protocolo para el desalojo de viviendas ocupadas. El Ayuntamiento nos prometió no tratarlos como criminales y el caso de Raquel tendría que ir al Tribunal de Estrasburgo para que se conozca como tratan en España a la gente que vive en extrema pobreza". La empresa municipal Emvisesa ha anunciado la incorporación de unas 470 viviendas de propiedad privada y actualmente vacías, mediante su alquiler o a través de una convocatoria de adquisición de inmuebles. El objetivo es que comiencen a estar disponibles para fines sociales.

Sin embargo los grupos activistas esperan reticentes su puesta en marcha. Honorato señala que "gran parte de las nuevas viviendas seguirán destinándose a la venta como mera transferencia de recursos públicos a manos privadas". Además destaca que “siempre estaremos en el mismo marco de crear lanzamientos hipotecarios de personas que se pueden ver sin trabajo y gente que necesita una casa para vivir”.

"Es inhumano que tu hijo te pregunte cuando vamos a irnos a una casa normal"

El segundo caso, Elisa Torres demuestra la impunidad de las administraciones con los mal llamados "desahuciados". Tras desalojarla de su vivienda en el mes de agosto, lleva ocho meses viviendo en un salón de cinco metros cuadrados con su hija, discapacitada por daño cerebral de 16 años, su marido y su hijo pequeño de cinco. "Mi hija Vanesa duerme en la cama articulada, mi marido en un sofá y yo con mi hijo en un colchón".

Elisa Torres, otra de las madres de una familia desahuciada en Sevilla / PÚBLICO

Los padres de su pareja no quisieron dejarlos en la calle y reformaron el piso de cuarenta metros cuadrados para vivir siete personas en su interior. "La asistente social dice que tengo prioridad por la discapacidad de mi hija que llega al 87 por ciento".

Elisa solo tiene una paga y es la de la ley de dependencia. "Con eso pago los pañales, los medicamentos de mi hija y sus cuidados". A esta mujer de 35 años solo espera que sus hijos sigan viviendo en ese hacinamiento. "Es inhumano que tu hijo te pregunte cuando vamos a irnos a una casa normal". Su hija Vanesa pesa casi 56 kilos y necesita tener acceso directo a un baño sin escaleras. La falta de medios la ha llevado a presentar varios escritos al Defensor del Pueblo, al Delegado de Asuntos Sociales, al Gerente de Emvisesa y hasta al propio alcalde. De ninguna ha recibido respuesta.

Sin embargo, declara que si hay costes derivados de esta situación, ya que "la ocupación nos ha costado dos multas de 270 euros. Una para mí y otra para mi marido y no es justo que el propio ayuntamiento nos acuse por buscar una salida". A través de un reciente plan del Servicio Andaluz de Empleo, ha podido trabajar casi seis meses en la empresa pública de limpieza de Lipasam. “Hace seis meses que he vuelto al paro y mi marido lleva muchos meses sin trabajar. Ahora se dedica a vender chatarra”.

Tanto Raquel como Elisa se conocen de las reuniones que cada martes tienen en el centro Diamantino Acción Social de Sevilla. "Allí cada uno habla de cómo va su caso, si hay que ir a alguna manifestación o parar un desahucio". Cristina Honorato ahora es política pero no olvida cuándo fundaron esa asociación en una etapa clave, ante el hundimiento de la burbuja inmobiliaria. "La crisis dicen que se ha ido pero los lanzamientos son diarios por impago, por ocupación. Ya no hay tantas ejecuciones por préstamo hipotecario pero la gente se sigue quedando de igual forma en la calle".