La atención a dependientes, según la ley, debe estar financiada al 50% entre Gobierno central y comunidades. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido su aportación en Andalucía hasta el 22%, obligando a la Junta a asumir el 78% del coste total. El aumento en el número de dependientes andaluces ha empujado al Gobierno de Susana Díaz a inyectar otros 25 millones a la atención a este colectivo, a través de un “plan de choque” que busca reducir el tiempo de espera de atención a dependientes. La previsión es incorporar este año a 76.400 nuevos dependientes atendidos (más que los que usuarios que entraron al sistema entre 2015 y 2016) y pasar de los 183.000 beneficiarios actuales a 234.000 a finales de 2017.

Actualmente, la demora media para atender a un dependiente es de nueve meses, pese a que la ley establece un máximo de seis meses desde que se determina su grado de dependencia. En realidad, con este plan la Consejería de Igualdad pretende cumplir lo que establece la ley y reducir los plazos de atención hasta seis meses (incluso menos para los casos más graves), algo que ahora es imposible por el volumen de trabajo que reciben. El último informe del Observatorio de la Dependencia cifra en 100.000 andaluces ya valorados que no tienen acceso a esta prestación.

La nueva estrategia del Gobierno andaluz no depende tanto de esos 25 millones de euros extra como de agilizar el papeleo para desatascar la lista de espera de dependientes. Ahora, son los servicios sociales municipales quienes reciben en primera instancia a la persona que solicita una ayuda de la Ley de Dependencia. El ayuntamiento eleva esa solicitud a la Consejería de Igualdad, y ésta fija una cita para que los profesionales valoren al demandante de ayuda, determinen su grado de dependencia y evalúen sus necesidades en función de su entorno familiar. Esa valoración regresa al ayuntamiento, que deberá redactar un informe (el Plan Individual de Atención; PIA) en el que propondrá la prestación más adecuada para esa persona. El informe vuelve a la Consejería de Igualdad para que ésta dé su aprobación y autorice la ayuda que a partir de ese momento se tiene derecho a recibir. Todo este proceso burocrático tiene que hacerse en un plazo máximo de seis meses, según la ley. Sin embargo, en la oficina del Defensor del Pueblo andaluz se amontonan quejas de usuarios que denuncian retrasos de hasta un año (en muchos casos el dependiente ha fallecido cuando la Administración le llama finalmente para darle su ayuda).

El último informe del Observatorio de la Dependencia denunció que el ritmo de incorporación de dependientes atendidos sufre una situación “crítica”, y se muestra incapaz de solventar el “inmenso limbo” de las más de 100.000 personas valoradas, con derecho a presentación por dependencia, que siguen sin percibir las ayudas. Pese a todo, el mismo Observatorio de la Dependencia reconoce que Andalucía es la comunidad que más ha desarrollado y mantiene la atención a dependientes.

La presidenta Susana Díaz señala que el embudo que sufren las ayudas tiene mucho que ver con la “asfixia financiera” con la que el Gobierno de Rajoy somete a la ley, y advierte que la Junta sostiene “a pulmón” los derechos de los dependientes en su comunidad (1.181 millones de euros en los presupuestos de este año). De ahí que la presidenta andaluza introdujera el problema de la infrafinanciación de la Ley de Dependencia en el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, a partir del grupo de expertos elegidos por las comunidades y el Ministerio de Hacienda. El Gobierno andaluz denuncia que con los recortes a los fondos de la ley que se aplicaron en 2012, Andalucía ha dejado de percibir 508 millones del Estado con los que podría haber atendido a más de 105.000 usuarios y creado 20.000 empleos que se sumarían a los 45.000 existentes actualmente en el sector.

Los 25 millones extra que acaba de autorizar el Consejo de Gobierno andaluz buscan agilizar el proceso burocrático, desde que una persona solicita la ayuda de dependencia hasta que la recibe. La Junta también quiere dar prioridad a los casos más graves, algo que parece de sentido común, pero que hasta ahora no se hacía, puesto que se atendía al orden de llegada de las solicitudes. El nuevo sistema para tramitar las demandas tendrán que negociarlo la Junta y los ayuntamientos, y una opción que barajan pasa por eliminar pasos intermedios, saltarse a los servicios sociales comunitarios, que las solicitudes se presenten directamente ante el equipo de la Junta que valora el grado y nivel de dependencia, y que su informe ya incluya una propuesta de prestación