La Ley sobre protección de la seguridad ciudadana (LOSC) más conocida como ley mordaza, ha impuesto sólo en el año 2016 un total de 19.497 multas por "faltas de respeto y consideración" a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y 12.094 sanciones en concepto de "desobediencia y/o resistencia a la autoridad". En total, la Administración ha sancionado a alrededor de 34.000 personas por personas por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. 

No obstante, lo más preocupante de la ley no es el elevado número de multas por ejercer derechos fundamentales. Amnistía Internacional denuncia el efecto "desmovilizador" que esta ley está teniendo en la ciudadanía por posibles miedos a ser sancionado lo que supone una limitación de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación o expresión.

"La ley mordaza ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado", sentencia el informe 'Activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira', presentado este jueves por Amnistía Internacional para analizar los dos años de aplicación de la ley. La presentación del informe, no obstante, se ha visto salpicado por las identificación policial a los activistas que han acudido a la presentación del informe con la camiseta con el lema A.C.A.B. (All cats are beautiful). 

La jurista de Legal Sol Sara López considera que las "identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de ser multada".

Amnistia Internacional señala, además, otros factores que limitan los derechos de los ciudadanos como "la presunción de veracidad de la que goza el agente policial"; los "costes añadidos" que suponen para los ciudadanos el pago de un abogado para recurrir la multa ante los tribunales; o "el pago de las tasas judiciales". 

"Seguimos encontrando ejemplos en los que las autoridades continúan obstaculizando el derecho de las personas a expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica mediante, entre otras vías, manifestaciones públicas, que tal y como ha recordado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no deberían considerarse una amenaza, ya que contribuye al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales", recoge el informe editado por Amnistia Internacional.