No todo ha sido coronavirus. Según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado este miércoles, "la aplicación policial de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas".

Tras analizar lo sucedido en 12 países europeos, entre los que figura España, el documento advierte sobre "una inquietante tendencia a los prejuicios raciales relacionada con la preocupación por el racismo institucional presente en las fuerzas policiales". Una tendencia y una preocupación que creció al calor de la emergencia por el coronavirus.

"El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía se produjo con frecuencia durante los controles de identidad y las operaciones de dar el alto y registrar que formaban parte de las medidas de confinamiento aplicadas policialmente", subraya el informe.

Marco Perolini, investigador de AI sobre Europa Occidental, añade que "la violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de COVID-19 y la aplicación coercitiva de las consiguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión". En tal sentido, consideró que "Europa debe abordar urgentemente la triple amenaza de la discriminación, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial".

En este informe, AI destaca que "la aplicación policial de las medidas de confinamiento ha afectado desproporcionadamente a las zonas más empobrecidas, que a menudo cuentan con una mayor proporción de población perteneciente a minorías étnicas".

"En Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia continental y habitada mayoritariamente por personas negras o de origen norteafricano, el número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país, pese a que las autoridades locales manifestaron que las medidas de confinamiento se habían respetado allí igual que en otras zonas", subraya.

No siempre hay cifras oficiales, y cuando las hay son contundentes. "En Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, la Policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22% en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro aumentó aproximadamente un 33%", destaca AI.

Actuación de la Ertzaintza

Del mismo modo, el informe remarca que "el proyecto Evidence Lab de Amnistía Internacional verificó 34 vídeos de toda Europa que mostraban que la policía utilizó la fuerza de forma ilegítima, y en muchos casos totalmente innecesaria". En ese capítulo figura un hecho registrado en el barrio San Francisco de Bilbao.

"En un vídeo publicado en Internet el 29 de marzo puede verse a dos agentes encargados de hacer cumplir la ley dar el alto a un joven, aparentemente de ascendencia norteafricana, en una calle de Bilbao", relata. En esa línea, AI denuncia que "pese a que el joven no parece representar amenaza alguna para ellos, los agentes lo empujan con violencia y lo golpean con una porra".

"Mientras los dos agentes mantienen al hombre inmovilizado contra la pared con las manos a la espalda, la madre del joven aparece y les dice a los agentes de policía que su hijo tiene problemas de salud mental. Un agente la golpea entonces con la porra y, luego, tres de ellos la reducen en el suelo", describe.

Tras conocerse este caso, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco anunció que se realizaría una investigación por parte de Asuntos Internos de la Ertzaintza. Hasta ahora no ha habido novedades, mientras que las personas que grabaron las imágenes o criticaron la actitud policial desde los balcones de sus viviendas han sido multadas vía Ley Mordaza. "Según el análisis llevado a cabo por AI, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no utilizaron el mínimo de fuerza necesaria y, de hecho, es cuestionable que fuera necesario ningún tipo de fuerza absoluto", señala el documento.

Se cita también otro video grabado en Île-Saint-Denis (Francia), donde Samir, un ciudadano egipcio de 27 años que reside en territorio francés desde hace una década, "salta al río Sena tras haber sido perseguido por la Policía el 26 de abril de 2020". En el video, indica AI, "se oye a los agentes de Policía utilizar un término despectivo para referirse a la población árabe ('bicot') y burlarse de él, y un agente le dice a otro: 'Deberías haberle atado un peso al tobillo'. Posteriormente, Samir fue golpeado por los agentes en el furgón policial y estuvo retenido bajo custodia". El joven "no llegó a ser acusado de delito alguno, pero recibió la orden de abandonar el país", mientras que "los dos agentes identificados fueron suspendidos por los insultos racistas".

Racismo en Bulgaria y Eslovaquia

El informe de AI también describe casos de "discriminación contra la población romaní de Bulgaria y Eslovaquia", países cuyos gobiernos "declararon cuarentenas obligatorias" en los asentamientos de población gitana. "En Eslovaquia, además, las autoridades encargaron a las Fuerzas Armadas que las hicieran cumplir", apunta.

"Durante las cuarentenas obligatorias impuestas en Bulgaria, más de 50.000 personas romaníes quedaron aisladas del resto del país y sufrieron graves carencias de alimentos. Una encuesta reveló que los ingresos medios de los barrios romaníes disminuyeron un 61% entre marzo y mayo de 2020", subraya.

En la localidad búlgara de Burgas, "las autoridades emplearon drones con sensores térmicos para tomar a distancia la temperatura de la población residente en asentamientos romaníes y controlar sus movimientos", mientras que en el municipio de Yambol "utilizaron aviones para 'desinfectar' el barrio romaní, donde se había declarado un brote de COVID-19 y donde se aplicó una estricta cuarentena que continuó incluso después de que se levantara el estado de excepción en el resto del país".

Contra personas refugiadas

Del mismo modo, el documento presentado por AI señala que "las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven en campos y alojamientos compartidos también han sido objeto de cuarentenas selectivas en Alemania, Chipre y Serbia, y de desalojos forzosos en Francia y Grecia". Cita el caso de Serbia, donde las autoridades "impusieron un régimen especial en el que los centros gubernamentales que acogían a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo fueron objeto de medidas específicas". "Estos centros quedaron así sometidos a una estricta cuarentena las 24 horas del día, mientras el ejército controlaba su cumplimiento del toque de queda", añade.

Asimismo, subraya que las personas sin hogar "también soportaron medidas punitivas durante el confinamiento". "En Italia, la ONG Avvocato di Strada recopiló al menos 17 casos en los que personas sin hogar recibieron multas por no poder cumplir las medidas relativas al autoaislamiento y las restricciones de circulación. En Francia, España y Reino Unido, los agentes encargados de hacer cumplir la ley impusieron multas a decenas más de personas sin hogar", afirma.