Amianto colegiosEl amianto de los colegios expone a un millón de niños en España

"Estamos en la rampa de salida de la epidemia", arguye Josep Tarrés, neumólogo y doctor en Medicina. El experto no se refiere al coronavirus, sino a las enfermedades cancerígenas relacionadas con la exposición al amianto. Pese a que el uso del asbesto está prohibido en España desde 2002, cientos de miles de instalaciones siguen manteniendo estructuras infestadas por este cemento fibrado. Si bien, algunas administraciones han trabajado para erradicar su presencia de algunas zonas como las instalaciones ferroviarias o las naves industriales de diferentes puntos del país, existe una zona cero que puede ser determinante para la salud de toda una generación: las escuelas públicas.

Según el Grupo para una Ley Integral del Amianto, en España hay al menos un millón de niños que estudian en colegios con instalaciones en las que hay todavía algún resto de amianto. Tejados de uralita, pizarras, barrotes en el patio... su presencia es tan aleatoria como peligrosa. Este dato, no obstante, es solo una estimación que refleja la ausencia de censos estatales que permitan saber con detalle la magnitud del problema. Las únicas estadísticas de las que se dispone dependen de cada comunidad autónoma y se actualizan de una forma intermitente. Así, se sabe que en Andalucía hay 123 escuelas con asbesto y en Murcia otros 161 centros afectados. En Catalunya, según los datos de 2017, el 12% de los colegios, tienen restos de este material en sus infraestructuras. En 2019, quedaban 69 centros con amianto en todo el País Valencià. En la Comunidad de Madrid, los datos de CCOO son más alarmantes, ya que apuntan a que el 80% de las escuelas públicas tendrían presencia de asbesto.

"Está en riesgo la salud de nuestros hijos, que pasan cuarenta horas semanales bajo estas infraestructuras"

"Es urgente que se erradique el amianto de los colegios de inmediato", denuncia María del Carmen Morillas, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). "Está en riesgo la salud de la comunidad educativa y de nuestros hijos, que pasan más de cuarenta horas a la semana durante diez meses del año bajo estas infraestructuras", agrega. Para la representante de las madres y padres, el primer paso que debe dar el Estado es empezar a trabajar para realizar un censo exhaustivo que permita conocer cuántos colegios siguen manchados por este tóxico. "Tenemos localizado algunos puntos negros por circunstancias que se dan, pero necesitamos más claridad y actualizar esa lista para poder investigar y avanzar hacia el fin del amianto".

"Ha habido una maniobra política. Se prohibió en 2002 su uso y con eso parecía que ya estaba todo solucionado. Pero no, para cambiar las cosas no basta con prohibir su uso, hace falta que se erradique por completo su presencia", advierte Carmen Fernández, neumóloga y representante de la Organización Médica Colegiada. "Posponer su retirada es absurdo, es como si con el coronavirus tuviéramos la vacuna pero decidiéramos no utilizarla", argumenta. Para la experta, la dejadez de las diferentes administraciones tiene que ver con la escasa visibilidad que pueden tener las enfermedades asociadas al asbesto. "Si estuviéramos hablando de que los niños que se expongan desarrollarán algún tipo de cancer en un periodo de dos o tres años se habría actuado ya, pero el periodo de latencia es de entre 40 y 50 años y eso hace que no haya mucha conciencia de lo que supone para su salud".

Una enfermedad sin tratamiento

La exposición al asbesto desemboca en una mortalidad silenciosa. Da igual el tiempo en el que la persona esté en contacto con la sustancia; un minuto bastaría para que una de las partículas penetre en el interior del organismo y comience a gestar durante décadas un mesotelioma, un cáncer asociado exclusivamente al amianto con una mortalidad del 100%. "No existe ningún tratamiento", apunta Tarrés, "y el tiempo promedio de vida desde que se diagnostica es de unos 15 meses". Además, las partículas de amianto son responsables de entre el 15% y el 20% de los cánceres de pulmón que se detectan en España, lo que pone en evidencia la gravedad del problema.

Las partículas de amianto son responsables de entre el 15% y el 20% de los cánceres de pulmón que se detectan en España

El periodo de latencia es determinante para comprender que en las próximas décadas este tipo de enfermedades empezarán a proliferar en España. "Muchas de las personas que hasta la fecha entraban en contacto con el amianto en fábricas y otras zonas eran ya adultas. Es decir, si con 40 años te expones al asbesto, tardarás medio siglo en padecer la enfermedad y seguramente habrás muerto por causas naturales antes de desarrollar el cáncer. Pero, en el caso de los menores, estamos hablando de que en los próximos años empezará a incrementar el número de casos en personas jóvenes de mediana edad que pudieron estudiar en escuelas con amianto", explica el Doctor Tarrés.

Pese a que en España no hay registros oficiales realizados por el Estado, existen estudios científicos que muestran cómo en los últimos años la incidencia de enfermedades asociadas al amianto se ha incrementado notablemente. Si a principios del siglo XX se detectaba un caso por cada millón de habitantes, en la década de los noventa la frecuencia pasó a los cuatro casos por cada millón en toda España. Los últimos datos manejados por Tarrés hablan de que entre 2005 y 2015 ya había una tasa de siete casos detectados por cada millón de habitantes. 

Dada la magnitud del problema, desde el Grupo para una Ley Integral del Amianto, compuesta por más de 40 organizaciones del ámbito médico, civil y ecologista, reclaman que el Ejecutivo ponga en marcha un proyecto legislativo en el Congreso de los Diputados que aborde el problema del amianto desde todas las perspectivas. Debe ser, según la plataforma, una ley capaz de identificar todos los puntos negros del amianto, pero también de presupuestar su tratamiento y retirada, así como la identificación de vertidos ilegales que puedan contener asbesto y un fondo para indemnizar a las familias de las víctimas que ya hayan muerto por las partículas tóxicas.