Un grupo de alumnas del Instituto Goya de Zaragoza ha decidido levantar la voz y decir "basta" a la impunidad que parece sobrevolar a los casos de violencia contra las mujeres y la infancia. El patio del centro público acoge este martes una protesta en forma de sentada contra la continuidad como profesor del exconcejal del Partido Popular de Huesca, Luis Antonio Irzo Bueno, condenado a siete años de prisión por el maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Las estudiantes se preguntan cómo alguien que ha ejercido una violencia tan extrema contra su propia familia puede ahora impartirles clases. La situación ha puesto en evidencia las grietas de un sistema legal que permite que este tipo de condenas no sean un impedimento para trabajar con menores.

El caso de Irzo Bueno no es precisamente desconocido. El exconcejal de Nuevas Tecnologías y de Desarrollo, en la legislatura 2011-2015, dimitió y se dio de baja del PP tras su detención en noviembre de 2016, cuando estaba en la oposición. En 2019, el relato de Paloma Delgado, su exesposa, no dejó a nadie indiferente. Durante una entrevista con Público, así como en varios reportajes, Delgado habló de los años de maltrato que sufrió junto a los tres menores a manos de su entonces marido. 

La sentencia judicial describió una retahíla de agresiones y vejaciones espeluznantes: Irzo Bueno insultaba a su mujer, a la que empujaba, zarandeaba, agarraba y golpeaba, en ocasiones delante de los niños. Mientras que a los chicos, un varón y dos niñas, "los sometía a un clima de dominación, menosprecios, insultos y constante agresividad, haciéndolos objeto de actos de violencia física y verbal y de intimidación constante, humillando a los tres frecuentemente". Eso incluía romper "a patadas sus juguetes", golpearlos, agarrarlos "por el cuello o por el pelo" y aplicarles "castigos totalmente desproporcionados a la menor ocasión".

Un sufrimiento que no terminó con la resolución judicial, pues, pese a haber sido condenado por cuatro delitos de malos tratos habituales, la Audiencia Provincial de Huesca dio luz verde al agresor para retomar el contacto con los niños. "Mis hijos no entienden por qué la Justicia les obliga a ver a su padre maltratador", lamentaba Delgado en 2021. Su testimonio, cargado de dolor, fue un reflejo más de la lucha cotidiana que enfrentan quienes han sido víctimas de violencia machista por reconstruir sus vidas en un sistema judicial que, muchas veces, antepone la formalidad de las normas a su verdadera protección.

A pesar de la gravedad de los hechos, el marco legal actual permite que Luis Antonio Irzo Bueno, tras cumplir su pena, haya vuelto a las aulas como docente. Si bien nunca llegó a pisar la cárcel porque ninguna de las cuatro condenas superaban los dos años de prisión y las conmutó por 510 días de trabajo a la comunidad, que, a su vez, se negó a cumplir y saldó con 1.530 euros de multa.

Piden inhabilitación por cualquier tipo de violencia

La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, exige que los profesionales que trabajen con menores presenten un Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Sin embargo, esta norma no extiende sus restricciones a personas condenadas por otros tipos de violencia, como el maltrato familiar, lo que deja una laguna legal. La misma que está siendo cuestionada por las alumnas, apoyadas por las familias, y que ha sido tantas veces criticada desde los movimientos feministas.

Padres y madres del IES Goya han intentado encontrar respuestas, pero se han topado con unas autoridades que tan solo ofrecen un muro de justificaciones burocráticas. Una de las madres recuerda en una conversación con este medio cómo cuando acudió a la dirección del centro y a la Inspección Educativa del Servicio Provincial para expresar su preocupación la respuesta fue clara: la contratación es legal, ya que no se exige verificar antecedentes penales por delitos que no sean de naturaleza sexual o de trata de seres humanos. "Pero no entienden que esto no se trata solo de cumplir la ley, sino de la ética y de qué ejemplo le damos a nuestros hijos e hijas", lamenta. Esta madre subraya el impacto que la situación ha tenido entre las estudiantes, quienes se sienten altamente incómodas ante la falta de coherencia entre lo que se supone que aprenden sobre el significado de la igualdad y la realidad que observan en su propia escuela.

Por su parte, desde el Instituto Goya, la dirección ha querido dejar clara su posición. "Los centros públicos no tienen potestad ni para contratar ni para despedir a los docentes", explican a Público. En su opinión, la responsabilidad recae en la Consejería de Educación, que es quien realiza las contrataciones y quien evalúa si un docente cumple con los requisitos legales para trabajar. "Aquí la gente viene y va, y nosotros no tenemos ninguna intervención en el proceso", señalan, subrayando que su papel es "simplemente cumplir con las directrices establecidas desde la administración educativa". La dirección recalca que cualquier queja sobre la idoneidad de un docente debería dirigirse a la Inspección Educativa. 

La sentada que tendrá lugar este martes en el patio del instituto será un testimonio del rechazo a la presencia de un maltratador en el entorno educativo y de la exigencia de un cambio en las políticas de contratación de docentes. Las estudiantes, conscientes de que enfrentan una batalla difícil –este mismo lunes han sido regañadas por pegar en las paredes y columnas carteles de la convocatoria–, apelan ahora a la justicia, no solo legal, sino moral. Ven que la presencia de Irzo Bueno en las aulas genera una sensación de desprotección y de normalización del maltrato.

Es por eso que, además, desde el blog Docentes Decentes en las Aulas han impulsado una petición y recogida de firmas a nivel estatal por la cual exigen que se modifique la ley para inhabilitar a todas las personas condenadas por cualquier tipo de violencia, especialmente contra las mujeres, la infancia y en el ámbito familiar, para desempeñar trabajos en contacto habitual con menores. 

Público ha intentado contactar con las Consejería de Educación aragonesa, pero no ha recibido respuesta.