El Real Decreto para regular la publicidad de alimentos dirigidos al público infantil impulsado desde el Ministerio de Consumo continúa bloqueada por el Ministerio de Agricultura. La medida, una de las propuestas estrella de Alberto Garzón, lleva paralizada desde julio por el enroque de Luis Planas y podría descarrilar si no hay acuerdo entre los dos gabinetes del Gobierno

Según fuentes de Consumo, si el veto no se levanta antes del 31 de marzo, el borrador no podrá ser aprobado antes de que finalice la legislatura ya que los plazos establecen un periodo de revisión en Europa de, al menos, tres meses y otro periodo de análisis por parte del Consejo de Estado. Todo ello con el verano de por medio y con el horizonte electoral a finales de año. 

El equipo de Garzón presentó el borrador en el mes de julio de 2022 y en el mes de septiembre Agricultura emitió un informe desfavorable en el que apuntaba a la necesidad de mantener el sistema de autorregulación publicitaria, conocido como PAOS. El ministro Planas se ha manifestado en varias ocasiones en esa dirección y ha puesto el foco en presuntos daños económicos que el decreto podría causar en la industria alimentaria española. 

Según informó Público, el equipo de Alberto Garzón habría solicitado varias reuniones con Agricultura para tratar de desbloquear la aprobación de una medida que consideran necesaria, pero no ha habido ningún acercamiento desde entonces. 

El departamento de Planas, sin embargo, no considera que haya un bloqueo, sino un proceso de trabajo interno que y revisión que cuenta con algunas diferencias técnicas. Unas diferencias que, sin embargo, tienen que ver con las diferencias en el paradigma interpretativo de la norma. Mientras el Ministerio de Consumo analiza el texto desde la perspectiva de salud pública, el Ministerio de Agricultura lo hace desde la perspectiva de la industria alimentaria.

El tiempo corre en contra de Alberto Garzón que, a diferencia de otros ministros de la rama de Gobierno de Unidas Podemos, ha optado por la negociación interna y no ha querido airear demasiado el desencuentro. Este choque, sin embargo, no bebe tanto de diferencias políticas entre los dos partidos como de la relación viciada de dos carteras ministeriales con numerosos encontronazos a sus espaldas. Y es que, además de la famosa disputa del chuletón por las declaraciones de Garzón contra las macrogranjas, los dos ministros han tenido diferencias notables por otros asuntos como la regulación de Nutriscore o el decreto, que sí vio la luz, para obligar a colocar cámaras en el interior de los mataderos.

De hecho, la posición de Planas contrasta con la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentó en 2022 el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil donde planteaba medidas para "desarrollar regulación del marketing de alimentos y bebidas" dirigidas a menores de edad. 

El decreto planteado por Alberto Garzón no impone prohibiciones a los anuncios, sino restricciones a la forma en la que estos apelan a la infancia. Para elaborar qué alimentos o bebidas pueden dirigirse de una forma intencionada hacia un público menor de edad, el Ministerio de Consumo se ha apoyado en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. 

La autorregulación cada vez falla más

A pesar de que la Agricultura defiende el sistema PAOS, cada vez existen más evidencias de que la la autorregulación publicitaria no está funcionando demasiado bien. Un artículo científico publicado en la revista Sciece Direct reveló que entre 2008 y 2012 se produjo un incremento del número de incumplimientos de las normas de autorregulación para publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños. 

Mientras en 2008 la tasa de incumplimiento del PAOS estaba en el 49%, en 2012 ese porcentaje ya estaba en el 88%. Los investigadores, de hecho, concluían su estudio con una referencia a "la falta de efectividad de la autorregulación" y reclamaban una regulación de la publicidad dirigida a menores de edad.

La obesidad infantil, además, no ha disminuido en los últimos años y actualmente el 40% de los menores tienen sobrepeso, con una incidencia superior en los niños que provienen de familias con rentas bajas, tal y como lo evidencia un informe publicado en 2019 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).