El juicio previsto para este martes contra tres vigilantes de seguridad de la residencia de menores Isabel Clara Eugenia del barrio de Hortaleza, en Madird, por lesiones a cuatro residentes se ha suspendido debido a que el juez no ha podido citar a tres de las supuestas víctimas al no estar ya tuteladas por la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid iba a celebrar la vista al tratarse de un delito de lesiones leves. El juicio se ha aplazado sin que se haya señalado aún, según las mismas fuentes.

Los menores habrían sido agredidos en dos ocasiones por vigilantes de seguridad de la Residencia Infantil Isabel Clara Eugenia destinada a la primera acogida de niños en desamparo, sobre todo de menores migrantes que llegan solos al país.

Denuncia en 2017

Entre los días 31 de octubre de 2016 y 7 de noviembre de 2017, Fundación Raíces tuvo conocimiento de estos dos episodios de supuestas agresiones y denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia, como un posible delito de lesiones y contra la integridad física y moral.

Lo hizo al constatar "la ausencia total de mecanismos de denuncia accesibles para los niños que son tutelados por la Administración, cuando la violencia que sufren es por parte de personal de la propia Institución que debería protegerles".

El 13 de diciembre de 2016 el Juzgado de Instrucción número 30 acordó transformar el procedimiento en juicio por delito leve, decisión que fue recurrida por Fundación Raíces ante el propio Juzgado, primero, y ante la Audiencia Provincial, después.

El 3 de noviembre de 2017, el juez estimó el recurso interpuesto por Fundación Raíces, "ante la gravedad de los hechos denunciados" y consideró que, antes de poder transformar el procedimiento, el Juzgado debía efectuar una instrucción mayor, practicando las diligencias de identificación e investigación que habían sido interesadas por la parte denunciante.

Tras la práctica de diligencias, el juez acordó en mayo de 2018 sobreseer el procedimiento. Esta decisión fue recurrida por Fundación Raíces ante la Audiencia Provincial, recurso al que, esta vez, se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, que consideraba que, al menos, existían indicios de la existencia de un delito leve de lesiones.

El pasado 18 de diciembre de 2019, la Audiencia de Madrid estimó el recurso y devolvió los autos de nuevo al Juzgado de Instrucción número 30, ordenando que se abriera juicio oral por delito leve.