Un grupo de inquilinos de Pinto y Vallecas sentará ante los tribunales a InmoCaixa, la sociedad que gestiona el patrimonio inmobiliario de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa dentro del programa Obra Social la Caixa, que ofrece alquileres sociales o asequibles a determinadas familias en función de sus ingresos.

Este jueves se celebra en el juzgado de Parla la audiencia previa al juicio después de que 31 familias decidieran demandar a esta empresa por incluir "cláusulas abusivas" en sus contratos de alquiler. Los afectados, la mayoría de Pinto, están respaldados legalmente por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, y la mayoría firmó sus contratos entre 2013 y 2016.

Ya llevaban años denunciando el abandono en el mantenimiento de las viviendas y las zonas comunes, pero decidieron dar un paso más y llevar el caso ante la justicia en febrero de 2021.

Fue después de que los contratos empezaran a vencer en 2020 e InmoCaixa pusiera sobre la mesa nuevas condiciones. Entre ellas, aumentos anuales en la renta que suponían, con el paso de los años, casi el doble del precio inicial, algo menos de 600 euros en los que se incluían no solo el alquiler, también el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), gastos de comunidad de vecinos y un seguro de impago. Todos gastos que corresponden al propietario, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La irrupción de la pandemia y las medidas del llamado "escudo social" del Gobierno les permitió acogerse a las prórrogas de sus contratos en 2020, aunque según los afectados, InmoCaixa se negó a concederlas inicialmente. Entonces recurrieron al Sindicato de Inquilinas de Madrid, cuyos abogados no solo lograron la concesión las prórrogas, sino que detectaron lo que consideran cláusulas abusivas que generaban incrementos progresivos del precio. En febrero de 2021 decidieron interponer una demanda colectiva.

Paloma Ayala, su marido y su hijo llegaron a la urbanización de Pinto, en la calle Tomás Bretón, en 2013 atraídos por el precio asequible de las viviendas, que incluían plaza de garaje y trastero. La familia cumplía con los requisitos socioeconómicos. "Queríamos un alquiler acorde a nuestras posibilidades. Se realizó un sorteo me dieron un piso después de quedar como suplente en la lista", explica Ayala. Empezó pagando 578 euros al mes con todos los gastos asociados en una vivienda de más de 80 metros cuadrados y tres habitaciones.

En esa promoción había 166 viviendas similares en tres bloques también de InmoCaixa. Según explica la afectada y confirma la documentación que ha aportado a Público, en el nuevo contrato que le ofrecieron tendría que pagar unos 646 euros al mes más 120 euros en concepto de "gastos comunes y corrientes" y otros ocho euros por un seguro de caución. Se le añadían más de 800 euros de fianza y lo mismo por depósito. Es decir, alrededor de 770 euros al mes, que aumentarían anualmente hasta convertirse en 940 euros al tercer año.

"Mi marido y yo ganamos entre los dos 2.200 euros al mes. Si pudiera permitirme un piso de 900 euros no estaría viviendo aquí", sentencia por teléfono la afectada, que de momento ha podido acogerse a tres prórrogas por el decreto aprobada durante la pandemia. "Creemos que precisamente ahora no son tiempos para aumentar el precio de los alquileres. Sobre todo si lo alquilamos por que eran asequibles. Hay mucha gente que lo está pasando mal por la pandemia", sostiene Ayala.

La mujer asegura que, cuando se mudó en 2013, alrededor había solares en los que ahora se han levantado nuevos bloques de viviendas con precios altos. "Tenemos claro que Inmocaixa quiere subirse a la ola del aumento de los precios en la zona y quiere que nos vayamos para poder alquilarlos a precios mayores", dice

"Un grupo minoritario"

Fuentes de InmoCaixa consultadas por Público explican que la "gran mayoría" de los 96 arrendatarios a los que finalizaban sus contratos en los bloques de Pinto "aceptaron la propuesta y han renovado su alquiler con las nuevas condiciones". Hablan de un "contrato flexible" que "gradualmente, en un periodo de tres años" con un precio final de alquiler entre un 10% y 15% por debajo de los precios actuales de mercado".

Para la entidad, el conflicto se ha abierto por "un grupo minoritario" que no asume las nuevas condiciones y a los que también se les ofreció la compra de las casas a precio de mercado. En el caso de la de Ayala, eran 279.000 euros. "Es prácticamente el precio de las nuevas viviendas de alta gama que se han construido cerca. Además, a mi casa se la ha levantado el parqué, se le han caído azulejos y tenemos muchas dificultades para que la empresa se haga cargo de las reparaciones", insiste. InmoCaixa asegura que siempre se ha realizado el mantenimiento.

Para Carlos Castillo, abogado del Sindicato de inquilinos, los gastos como el IBI o la comunidad son claras "medidas draconianas" que se ofrecen en "contratos plancha a muchas personas que no pueden negociarlo". Irían en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos y también de las leyes de protección del consumidor. En su demanda, también hace referencia a que la promoción, en 2013, era de viviendas sociales y que los contratos debían haber seguido la norma de la Viviendas de Protección oficial. La empresa niega que sean viviendas sociales, aunque los letrados consideran que el estatus social de estas viviendas debería haberse mantenido al menos hasta 2023, lo que afectaría a su precio de alquiler y de venta.

"Las cláusulas de InmoCaixa son muy similares a las que encontramos en los contratos de grandes fondos de inversión y ponen en entredicho la supuesta labor social con las que se anuncian", asegura el letrado. Ahora pelearán ante el juzgado por mantener los precios y eliminar esas condiciones.

Por su parte, InmoCaixa recuerda que cuenta con 4.000 viviendas "con alquileres asequibles en toda España, con rentas "sensiblemente inferiores a los precios de mercado", además de otros 2.000 pisos en régimen de alquiler social para personas vulnerables "con alquileres mensuales inferiores a 150 euros al mes".

Desde el Sindicato de Inquilinos añaden que casos como el de Vallecas y Pinto "no son aislados" y que se han denunciado situaciones muy similares en Mataró, Bustarviejo u Hospitalet de Llobregat. Esperan que la entidad se siente a negociar para evitar que se abra un juicio y estas familias puedan seguir en sus casas.