BENIDORM.- Desde que el alcalde falangista de Benidorm Pedro Zaragoza se fuera en Vespa a Madrid en 1953 para convencer a Franco y señora que permitiera el uso del bikini en sus playas, muchas cosas han cambiado. No obstante, la vida sigue igual o muy parecida a la de hace medio siglo. Sin duda, la apuesta de Zaragoza potenció el turismo europeo en Benidorm y pocos años después se pusieron en marcha negocios de todo tipo relacionados con el turismo en espacios de titularidad del Estado.

La mayoría de estas concesiones -como era costumbre- fueron a parar a manos de afectos al régimen y estos, con las ayudas del Estado, fueron creando sus negocios. Así, llegamos a la década de 1960 y aquellos adjudicatarios privilegiados asumieron con los años sus concesiones como un bien de su propiedad más allá de lo marcado por la ley y al que no estaban dispuestos a renunciar. Vamos, como la concesión de la autopista del Mediterráneo de peaje, la AP-7, inaugurada en 1969, cuya explotación caducó en 1999 y aún sigue en manos privadas.

Ahora, tras las denuncias de una asociación empresarial especializada en actividades subacuáticas y navegación, se ha puesto de manifiesto, que no sólo los adjudicatarios siguen siendo, sorprendentemente, los mismos desde hace 50 años -o sus vástagos-, sino que los funcionarios públicos de la Administración autonómica encargados de velar y garantizar la buena gestión de esas adjudicaciones -que siguen en sus puestos gobierne quien gobierne-, parece que tienen dificultades para enfrentarse a los viejos tótem, según denuncian los afectados.

Las denuncias

Las denuncias por acoso, coacciones y amenazas, amén de delitos ecológicos, presentada por la Asociación Empresarial Costa Blanca Marine, con sede en Benidorm, ha sacado de nuevo a la palestra la más que dudosa administración de las concesiones públicas, aún vigentes, otorgadas en los años 60 y 70, para la explotación comercial de puertos de zonas turísticas, islas e islotes en la Costa Blanca como Benidorm, Altea, Calp o Vila-Joisa.

Entre estas ofertas se encuentra el alquiler de motos náuticas, excursiones marítimas, fly-fish, bananas neumáticas, actividades subacuáticas y otras, y que funcionan mediante la concesión administrativa, sujetas a la ley de Costas que determina los plazos concretos máximos de uso y disfrute, por un límite de 30 años.

“Estas adjudicaciones y concesiones personales -gestionadas inicialmente por el Estado y ya en democracia transmitidas a las comunidades autónomas- se han prolongado y reasignado a los mismos en la mayoría de casos, como en Benidorm, cumpliendo más de 50 años. Esto ha consolidado un estado de cosas que hace prácticamente imposible que otras iniciativas empresariales puedan optar a alternativas de negocio en igualdad de condiciones”, denuncia Jorge Palacios, empresario de actividades subacuáticas y dirigente de la asociación empresarial.

Uno de los ejemplos de esa cesión o uso exclusivo inexplicable es la Isla de Benidorm, un territorio propiedad del Estado español en su integridad y ubicado en el Parque Natural de Serra Gelada. Esta Isla está ocupada ilegalmente desde 1968 por el empresario José Cervera, uno de los concesionarios de rutas turísticas que actualmente gestiona a través de la empresa Excursiones Marítimas Benidorm SL, y que también opera en Vila-Joisa y Calp. Cervera posee un puertecito con amarre para uso exclusivo de sus barcos y del restaurante de la isla. El Estado ha pugnado por recuperar el control de la ínsula, pero las cosas están paradas. El último intento de recuperación lo llevó a cabo en 2003 la ministra socialista de Medio Cristina Narbona.

Dos años insoportables

Varias empresas dedicadas a las actividades subacuáticas y alquiler de barcos de recreo y pesca lograron en 2014 acceder por concesión anual a una caseta en el puerto comercial de Benidorm. “Queríamos relanzar nuestras actividades, poner en marcha nuevos proyectos y generar empleo. Pero nada más abrir las puertas comenzó el acoso a extremos inauditos por parte de los empresarios vecinos que llevaban “toda la vida”, y que se negaban a que hubiera en “su puerto” iniciativas nuevas”, señala Palacios.

“Recibimos amenazas, molestias, gritos a los clientes…, en resumen, generaron un ambiente insoportable. Algo de locos. Tras dos años de acoso -asegura el dirigente empresarial- decidimos denunciar los hechos ante la policía a tenor del cariz violento que esta situación había alcanzado, ya que el comportamiento típico de una película de mafiosos de los adjudicatarios se había impuesto a la razón y realmente estábamos preocupados por nuestra integridad física”.

Tuvieron que pasar meses antes de que se dieran cuenta de que los viejos adjudicatarios que llevan medio siglo explotando el sector de ocio turístico náutico de Benidorm no iban a permitir que nadie más trabajará en lo que ellos denominan “su puerto”.

“Previamente habíamos solicitado sin éxito la mediación del funcionario responsable de los puertos de Benidorm y Vila-Joisa, dependiente de la Consellería de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio, Fernando Piris Reynau, que no solo nos ignoró, sino que además nos amenazó con echarnos del puerto por haber puesto en conocimiento de Capitanía Marítima las irregularidades que habíamos detectado y que era su obligación haber resuelto”, asevera el empresario.

El empleado público, Fernando Piris, viene ocupando esa responsabilidad desde 2007, aunque lleva en la administración autonómica desde que era ordenanza en 1988, adscrito a la gerencia de Puertos de Alicante. Desde entonces ha mantenido su destino con el gobierno valenciano de Francisco Camps y, posteriormente, ratificado por la ex consellera y actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, en el gobierno autonómico de Alberto Fabra. El hijo de Fernando Piris trabaja pilotando embarcaciones turísticas de la empresa del concesionario José Cervera en el puerto de Calpe, es decir, uno de los empresarios cuyas actividades ha de fiscalizar el funcionario de la Generalitat Valenciana.

“En el punto de mira de mi rifle”

La denuncia de la Asociación Empresarial Costa Blanca Marine se dirige especialmente contra el empresario Carlos Serrano Baladrón, quien desde finales de la década de 1960 explota -por gracia del ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne- diversas actividades de ocio turístico en Benidorm, y que se ha convertido “en una especie de 'capo' local que se vanagloria de disfrutar de impunidad y trato de favor en sus actividades, por lo que desde la primera salida de tono empezamos a grabar todas las conversaciones y amenazas”.

Según la denuncia presentada ante la Policía, “Carlos Serrano, ante testigos, nos amenazó con ponernos en el punto de mira de su rifle y que nos atuviéramos a las consecuencias y que, por supuesto, nos iba a echar del puerto de Benidorm, tras negarnos a atender sus órdenes o caprichos”.

Carlos Serrano es en la actualidad apoderado de la empresa Deportes Náuticos Carlos Serrano SL, creada en 2001 y que está administrada por su hijo, aunque la concesión del Estado la recibió él a título particular. Esta circunstancia irregular también está siendo objeto de investigación, como lo es también el hecho de que esta sociedad que trabaja con las administraciones públicas no presenta desde 2005 las cuentas anuales en el Registro Mercantil, condición sine qua non para acceder a cualquier plica, concurso u oferta pública. Obviamente su empresa tiene cerrada su hoja registral.

La Asociación Empresarial Costa Blanca Marine ha denunciado tal circunstancia al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo del Ministerio de Economía, entre cuyas obligaciones se encuentra la potestad sancionadora a las sociedades que incumplen la obligación de presentar dentro de plazo el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Asimismo, en el histórico de Carlos Serrano Deportes Náuticos SL está la muerte el 6 de septiembre de 2002 de una joven holandesa de 22 años que pilotaba una moto acuática, que fue arrollada con una de sus lanchas, que arrastraba una salchicha neumática frente a la playa de Levante de Benidorm.

Hasta la fecha la Capitanía Marítima, el Seprona -Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil-, y los grupos parlamentarios que apoyan al actual Consell de la Generalitat Valenciana ya tienen conocimiento de todas las denuncias tramitadas.