Los colectivos de periodistas han alcanzado en las últimas horas un acuerdo con el Gobierno para que se regule ya una ley del secreto profesional. En dicho acuerdo se contempla "de manera taxativa" que ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes.

Así lo han avanzado en un comunicado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

La tramitación parlamentaria de la ley de secreto profesional se realizará, tal y como han precisado en el comunicado, a través de una enmienda del grupo parlamentario socialista al proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En dicha enmienda se propone la introducción de una ley orgánica de protección del secreto profesional del periodismo.

Esta sería la forma elegida por periodistas y Gobierno para que la ley orgánica del secreto profesional se pudiera tramitar con mayor agilidad que una proposición de ley, según las mismas fuentes.

El artículo 1 de la ley del secreto profesional, según avanza este sector, establecería que "ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes" y que el secreto profesional comprenderá no sólo el derecho a no revelar la identidad de la fuente, si no también el de cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación.

Con la nueva norma, según los colectivos de periodistas, se tratará de evitar que actuaciones que menoscaben el secreto profesional desincentiven a futuras fuentes a colaborar con los medios de comunicación.

La FAPE, CCOO, UGT y la FeSP consideran, "en línea con la exposición de motivos del texto de la enmienda, que, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando los contornos de la figura del secreto profesional del periodismo, siguen apareciendo de manera esporádica episodios que justifican la intervención directa del legislador".

Lo justifican -añaden- "con el fin de consolidar la protección jurídica de que disponen los y las periodistas cuando protegen la identidad de sus fuentes".

A este acuerdo, según las fuentes, se ha llegado después de numerosas reuniones de los colectivos con los grupos parlamentarios y con el Gobierno, en concreto con la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien se ha solidarizado con el gremio, como lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Bolaños se refirió recientemente a esa intención del Gobierno de que entrara en vigor en los próximos meses una nueva regulación del derecho a la información que diera más garantías al periodista en su potestad de no revelar las fuentes.

Al ministro le parecía "muy razonable" la reivindicación del sector de que no revelar las fuentes sea un derecho "con excepciones muy tasadas y muy específicas" y que no pueda quedar "al albur como en la legislación anterior".