El recién firmado acuerdo entre el Partido Popular y Vox para permitir un gobierno presidido por Juanma Moreno en Andalucía, parece haber rebajado algunas de las demandas de la formación ultra, como la obligación de derogar las leyes andaluzas contra la violencia de género para sustituirlas por otra que regule la violencia doméstica (intrafamiliar, según la denominación que le había dado Vox). 

También parece haber desaparecido la petición de Vox de suprimir la financiación de las políticas para luchar contra la violencia de género y las subvenciones a las organizaciones de apoyo a las mujeres víctimas de esta violencia. Medidas que fueron rechazadas por una parte del Partido Popular y amenazaban con provocar importantes fracturas dentro del partido.

Sin embargo, el acuerdo sellado por el Partido Popular y Vox incluye apartados importantes y muy preocupantes para las organizaciones feministas y para los derechos de las mujeres en general. 

Aunque habrá que esperar a la letra pequeña, algunos de los puntos del acuerdo están redactados de un modo lo suficientemente vago como para poder encubrir las reivindicaciones más extremas hechas por Vox. Por ejemplo, la supresión de cualquier tipo de apoyo económico a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las víctimas de la violencia machista podría verse encuadrada dentro del punto nueve del acuerdo, en el que PP y Vox se comprometen a "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumplan evidentes fines de utilidad pública o social".

El punto 18, sólo enuncia el acuerdo de crear una Consejería de Familia, lo que despierta fundadas dudas entre las organizaciones sobre si el objetivo real es suplantar o al menos diluir el peso del actual Instituto Andaluz de la Mujer o si se tratará simplemente de una institución paralela.

Preocupante también es el acuerdo para poner en marcha "un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas" (punto 20).  Aunque el documento no menciona de manera expresa el rechazo de Vox a cualquier tipo de interrupción del embarazo, este punto genera dudas sobre si el pacto de gobierno tendrá o no efectos en el acceso de las mujeres andaluzas a este derecho. Cabe recordar que las Comunidades Autónomas tienen transferido el sistema de salud y que las competencias y facilidades para el acceso al aborto libre y gratuito que establece la ley hasta la semana 14 de embarazo depende también de ellas. 

Vox ha conseguido también compromisos por parte del Partido Popular en materia de educación. Entre ellos el de "la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones".

Este punto, que sobre el papel parece destinado simplemente a dotar de mayores derechos a los progenitores, abre la puerta para que desaparezcan de las aulas andaluzas los contenidos educativos relacionados con temas como la igualdad, la educación afectivo-sexual o la prevención de la violencia de género entre los jóvenes. Cabe recordar que el pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre de 2017, bajo la presidencia del Partido Popular de Mariano Rajoy, contempla toda una batería de medidas en materia de educación, destinadas a prevenir las violencias machistas.