Desahucio en CarabanchelActivistas y los octogenarios amenazados de desahucio presionan al Ayuntamiento: "O nos dais un piso o lo cogemos"

José Manuel Moreno hace cola para ser atendido en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Avanza lentamente, como la decena de personas que le preceden. Aunque José Manuel está más nervioso que el resto. Él no tiene cita asignada. La pidió hace más de dos semanas, pero aún no ha recibido confirmación, y para él, el tiempo ahora es sinónimo de angustia. Cada día que pasa es uno menos en la cuenta atrás de su inminente desahucio, fijado para el 18 de febrero y con la intervención de los antidisturbios ya confirmada.

De 79 años él y de 82 y con una incapacidad ella, este matrimonio de Carabanchel se ve en la calle por un descuido. Uno solo en los casi 55 años que lleva residiendo en un piso de renta antigua. No deben nada en realidad; ya saldaron los 800 euros impagados de gastos de la comunidad de vecinos. Pero el nuevo propietario del piso no tiene intención de negociar su permanencia, por la que apenas pagaban 150 euros al mes en un barrio donde los alquileres por una casa como la suya oscilan entre los 700 y los 900 euros.

Cuando José Manuel llega a la puerta giratoria ni siquiera tiene que dar explicaciones al guardia de seguridad. Alrededor de una veintena de activistas por el derecho a la vivienda despliegan una pancarta y avanzan hacia el interior de la EMVS. Allí gritan la consigna convenida, "Solución para José Manuel", mientras sostienen su advertencia escrita en el cartel: "O nos dais un piso o lo cogemos".

Activistas y vecinos lograron paralizar el desahucio el pasado 12 de enero en la puerta de casa

Esta acción sorpresa ha sido la única forma por la que el Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha logrado que atiendan al afectado. Después de una hora de protesta bajo la atónica mirada de funcionarios y solicitantes de vivienda, los responsables de la EMVS se han comprometido a recibirlo este miércoles para estudiar el caso con más detalles. Ya lograron paralizar su desahucio el pasado 12 de enero en la puerta de casa. Entonces, aseguran los activistas y el propio afectado, la EMVS se comprometió a buscar una solución para la pareja de octogenarios, pero nadie ha tenido noticias de esta empresa del Ayuntamiento de Madrid desde entonces.

"Me dijeron que esperara al último sorteo de viviendas y, si no me adjudicaban una, me llamarían al día siguiente. Llevo dos años solicitando un piso con alquiler asequible, pero mi nombre nunca ha salido en los sorteos", comenta a Público el anciano. Apoyado en el recibidor mientras espera que algún trabajador se interese por su situación, José Manuel se muestra intranquilo por la presencia de varios agentes de policía en las puertas del edificio. "¿Hay muchos?", pregunta temeroso. "Tres furgones", le responden. "Bueno, nosotros somo pacíficos. Aquí no estamos quemando contenedores, solo queremos que nos atiendan", se dice para tranquilizarse.

Sin apoyo de instituciones

Conserva alguna esperanza de que llegue una solución, pero no muchas, confiesa. Desde que empezó su pesadilla no ha recibido el apoyo de ninguna institución. Ni Cáritas, ni los Servicios, Sociales, ni la EMVS. Ni siquiera la parroquia en la lleva 30 años cantando en el coro le ha echado una mano. "Los únicos que me están ayudando son los chicos del Sindicato de Vivienda del barrio", resume.

La EMVS adjudicó el 19 de enero 316 pisos protegidos en régimen de alquiler asequible. Son viviendas para solicitantes de diferentes perfiles. Los grupos de demandantes se dividen en personas en situación de vulnerabilidad residencial, menores de 35 años, mayores de 65, familias monoparentales, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y, finalmente, un grupo de demanda general, que no cumple ningún requisito, pero que también necesita una vivienda a precios que se ajusten a los salarios.

El matrimonio estaría dentro del grupo de vulnerables, es decir, con ingresos inferiores a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Entre la pensión de él y la invalidez de ella, rondan los 1.200 euros mensuales. "Con eso no es nada fácil encontrar algo decente para vivir. Sobre todo, algo en lo que pueda vivir mi mujer, que apenas puede subir escaleras", sostiene.

Pero en Madrid hay otras 30.800 personas en con una situación socioeconómica similar a la de José Manuel— salvo quizás el inminente desahucio—inscritas en este mismo sorteo. Según ha explicado esta empresa municipal a Público, el matrimonio lleva inscrito en esta rifa de estabilidad habitacional desde marzo de 2020, y están en el grupo considerado de vulnerabilidad residencial.

"Han pedido limitar la vivienda que les pueda tocar a un grupo concreto de distritos, lo que reduce sus posibilidades. Es más fácil indicar que quieres una vivienda en cualquiera de los 21 distritos de Madrid que decir que solo la quieres en cinco", precisan.

"No ha habido suerte"

Casualmente, de las más de 300 viviendas sorteadas, 159 se ubican en Carabanchel, el distrito en el que José Manuel y María han envejecido, donde pueden contar con el apoyo de vecinos y conocidos y donde mantienen arraigadas relaciones sociales que les salvan de la peligrosa soledad y aislamiento en esta etapa de la vida. Pero "no ha habido suerte en los últimos cuatro sorteos celebrados", reconoce la EMVS.

Hay cierto grado de crueldad en estos derechos sociales garantizados por sorteo. Si la suerte no acompaña, el resultado puede ser acabar sin un techo en el que cobijarse. Aunque la Comunidad de Madrid es la más rica de España, con una renta per cápita cercana a los 36.000 euros anuales, el 22,3% de su población está en riesgo de exclusión social. No hay una tasa reciente que aborde el problema de la vulnerabilidad residencial en una de las comunidades con los precios de la vivienda más elevados de España. Sin embargo, los activistas de Carabanchel recuerdan que han parado una media de tres o cuatro desahucios cada semana desde que arrancó el año, "sin contar los que nos pasan desapercibidos", añaden.

Para el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, un caso tan flagrante como el de este matrimonio exige "una solución inmediata" por parte de la EMVS, a la que piden que no eluda su responsabilidad. La empresa insiste en que es "muy escrupulosa" con el procedimiento del sorteo, y recomienda al afectado que se dirija "a los servicios sociales de su distrito" para solicitar alguna de las "viviendas que tienen para estos casos". En su distrito, lo único que le han ofrecido a José Manuel y a su mujer, que a duras penas puede dar unos pasos, ha sido una plaza temporal en un albergue para personas sin hogar, explica el anciano.

La protesta termina sin incidentes y José Manuel sale de la EMVS con los dedos cruzados por si la reunión de este miércoles pusiera fin a su calvario. Los activistas que lo acompañan no parecen muy convencidos. "Si hemos tenido que montar esto solo para que le escuchen...", explica uno de ellos antes de entregar su DNI a los policías que les identifican en la calle. Todos, alrededor de 20, serán propuestos para sanción ante la Delegación del Gobierno.