Miles de personas en España experimentan la exclusión sanitaria desde que se perdió la universalidad de acceso en el año 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se impusieron múltiples barreras de acceso al sistema sanitario que afectan principalmente a las personas de los colectivos más vulnerables.

Así lo refleja el II Informe de Barreras de Acceso al Sistema Nacional de Salud realizado por la ONG Médicos del Mundo (MDM), que ha analizado la situación de 8.809 personas y ha detectado, solo en el año 2023, 17.000 casos de barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Estos grupos excluidos son, principalmente, personas migrantes en situación administrativa irregular que no pueden obtener la tarjeta sanitaria; población en riesgo de exclusión social, por ejemplo, en situación de sinhogarismo; o personas que, aun estando dentro del Sistema de Salud encuentran otro tipo de barreras para acceder (administrativas, físicas o tecnológicas).

Estaba previsto que en el año 2023 se hubiera aprobado la Ley que hubiera devuelto la universalidad al sistema de salud. Sin embargo, el adelanto electoral hizo que el proyecto de ley decayera, lo que ha impedido, una vez más, poner fin a la exclusión sanitaria.

Un sistema de salud que deja fuera a personas migrantes

Ana Martínez, activista de MDM, asegura en declaraciones a Público que la ONG "atiende, cada día, a personas que no son atendidas por el sistema de salud". Las barreras más comunes son las de carácter administrativo, que suponen el 40,4% de los casos documentados en el informe y que afectan, sobre todo, a las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Para obtener la tarjeta sanitaria que les permitiría acceder a la sanidad pública, las personas migrantes deben poder demostrar que llevan, al menos, tres meses en España y se les exige el empadronamiento como único medio de prueba de dicha estancia. Así, Martínez declara que "durante ese tiempo, están fuera: si la persona enferma, no puede ser atendida, porque tiene que esperar los meses para poder pedir el empadronamiento, después, el tiempo que se tarda en hacer todos los trámites...".

Parte de la población quiere dejar fuera a las personas migrantes del SNS con el argumento de que "ellos no contribuyen a pagarlo", pero, según aclara Martínez, "el Sistema de Salud no se sostiene únicamente con el IRPF, se sostiene con todos esos impuestos indirectos que pagan por el mero hecho de vivir aquí: al comprar el pan cada día, al comprar alimentos... están sustentando el Sistema de Salud".

Negación de la atención a personas vulnerables

En MDM son testigos cada día de "la negación de un derecho tan básico como la salud", según Ana Martínez. Explica que hay ciertos casos en los que no se puede negar la atención sanitaria: a menores de edad, a mujeres embarazadas o la atención en urgencias.

Sin embargo, denuncian situaciones como la de Luisa, solicitante de asilo de 37 años que, mientras tramitaba su cita de asilo, tuvo que acudir a un centro de salud en Madrid para que atendieran a su hija menor por un brote agudo de dermatitis. "Me preguntaron que si tenía tarjeta sanitaria y cuánto tiempo llevaba en España. Le dije que llevaba un mes y medio", relata, a lo que le respondieron que entonces solo podría ser atendida si tenía un "seguro de viaje".

"Pero estoy en situación de refugio, en un albergue, no puedo obtenerlo", replicó ella, y no consiguió que atendieran a su hija. El informe refleja que ha habido casi 500 casos como el de Luisa, en el que se ha negado la atención sanitaria a personas de especial vulnerabilidad que la tienen, por ley, garantizada.

Desde la organización, aseguran que la Administración sabe que está infringiendo la ley al negarle la atención a estos colectivos, pero entran otros factores como las barreras lingüísticas o culturales que impiden que tengan toda la información. Por ello, el acompañamiento de MDM es tan relevante, ya que, según Martínez, cuando ella acude "al centro donde se le ha negado la atención a la persona" en función de voluntaria, "automáticamente, sin necesidad de abrir la boca, la atienden".

Elegir entre pagar el gas o comprar la medicación

Las barreras económicas constituyen el 17,96% de los casos documentados en el informe de MDM, y el caso más habitual es el acceso a los medicamentos. No contar con tarjeta sanitaria es habitualmente una barrera insalvable para el acceso a la medicación, bien porque directamente no se expide en farmacia sin receta médica o porque no se tengan los medios para sufragar el 100% del coste de la medicación; pero es una barrera que también enfrentan personas de nacionalidad española (como personas mayores o con pensiones mínimas) que no tienen los medios económicos suficientes.

Rafael Campos, vocal de Incidencia Política de MDM, describe esta situación como "el punto en que familias tienen que elegir entre pagar el gas o comprar la medicación", y afirma que no se trata de una excepción sino de una precaria realidad que comparten muchas familias.

Es el caso de Emiliano, colombiano que lleva dos meses en España y sufre de leucemia, pero, al estar en situación de sinhogarismo, no puede acceder a la tarjeta sanitaria. Tampoco puede pagarse la medicación porque "es muy costoso, son como 1.400 € por una cajita para un mes". Así, no le queda otra que dejar de tomar la medicación porque no puede permitírsela, siendo una enfermedad que puede volverse aguda y "ahí ya sí que no podría detenerla".

Otra de las manifestaciones de la pobreza farmacéutica es la pobreza menstrual, entendida como la dificultad para poder costearse los productos de higiene menstrual. Según el informe, una de cada cinco mujeres padece este problema en España, ya que estos productos pueden suponer un gasto de unos 50 euros anuales, un desembolso difícil de asumir para las mujeres con menos recursos.

¿La sanidad recuperará su carácter universal?

La semana pasada, Mónica García, ministra de Sanidad, se reunió con varias ONG's para acordar la ley de equidad sanitaria. MDM asegura que, en la reunión, se verbalizó que una de las prioridades del Ministerio de Sanidad en esta legislatura sería la restauración del Sistema Universal de Salud en España.

Rafael Campos asegura que, con esta declaración de intenciones por parte del ministerio, ven esperanza, pero sostiene que mantienen un "optimismo moderado, ya que tenemos que tener cierta prudencia".

Asegura que es así porque son conscientes de que "el camino es largo, las dificultades de tramitar una ley así pueden ser complejas" y además cuentan con la experiencia de los cuatro años anteriores, en los que "pese a una intención inicial de recuperar la universalidad, no se llevó a término".