En un contexto de creciente desigualdad, la universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sociales ha vuelto a ganar protagonismo en el debate público. Este enfoque sostiene que todas las personas, independientemente de su situación económica, deberían recibir ciertas ayudas del Estado sin necesidad de cumplir ninguna condición específica.

Una idea que ha retomado y ha sido defendida recientemente por Pablo Bustinduy, que propuso dotar a las familias con una cuantía mensual de 200 euros por hijo hasta los seis años. A fin de que no reproduzca, por ejemplo, los problemas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha tenido una tasa de cobertura mucho menor de lo esperado, el ministro de Derechos Sociales ha planteado que sea de carácter universal, cosa que no todo el mundo ha entendido.

En general, las principales críticas que se suelen esgrimir contra estas propuestas se centran en el coste que implicaría financiarlas. Algunos también creen que estas ayudas pueden desincentivar la productividad y argumentan que si las personas recibieran un ingreso garantizado podrían perder la motivación para buscar empleo. En la misma línea, hay quienes piensan que las ayudas universales pueden fomentar una dependencia excesiva del Estado, disminuyendo la responsabilidad individual y la iniciativa personal. Pero, sobre todo, parece que cuesta entender por qué tanto una familia rica como una pobre habrían de cobrar el mismo dinero.

Los defensores de estas medidas, en cambio, hacen algo así como una enmienda a la totalidad de la lógica capitalista, enclaustrada en el mercado, e insisten en que es una necesidad urgente para construir una sociedad más equitativa, libre y democrática. El principal objetivo de las prestaciones universales, argumentan, es transformar radicalmente la estructura social, asegurando que todos los ciudadanos vivan, ante todo, con dignidad. Así lo señalan los expertos consultados por Público para este artículo, donde enumeran diferentes razones para apoyarlas y refutan a sus haters.

Comprender la universalidad

En primer lugar, la antropóloga y periodista Nuria Alabao destaca que pese a que el carácter universal de las prestaciones puede resultar contraintuitiva para algunas personas, esta percepción se debe en parte a la falta de costumbre y comprensión del sistema en un contexto más amplio. Siguiendo esta idea, Sergi Raventós, sociólogo y coordinador del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica en Catalunya, propone entenderlas como "una pata más del Estado del Bienestar". Al fin y al cabo, la sanidad o la educación pública, por ejemplo, son universales y mayoritariamente aceptadas porque se entiende que beneficia a toda la sociedad.

Desde otro punto de vista, David Casassas, profesor de Teoría social y política en la Universitat de Barcelona, opina que el hecho de que la prestación la cobre todo el mundo "es lo que permite que la cobremos todos y todas el día 1 de cada mes, no cuando hemos caído en la pobreza, cuando hemos naufragado y podemos demostrarlo ante la burocracia estatal". Si se opera bajo criterios de condicionalidad, por el contrario, "lo que estamos haciendo es naturalizar el statu quo para, a continuación, apiadarnos de quienes salen peor parados (los pobres, para simplificar) y los asistimos, siempre con lógica caritativa", razona.

Evitar el estigma y la burocracia

Casassas reivindica la universalidad de las prestaciones no solo como una medida justa, sino también esencial para evitar estigmatización. El especialista en economía política señala que al garantizar que todos reciban la prestación desde el primer momento, se aseguraría que todos los ciudadanos tienen los recursos necesarios para negociar mejores condiciones de vida y trabajo. 

Por su parte, Raventós alega que las prestaciones universales e incondicionales también simplifican la administración y "eliminan los costes asociados al control y verificación de la elegibilidad". Es decir, agilizan todo el entramado burocrático. Y añade que, a su juicio, las ayudas condicionadas crean un sistema que requiere la existencia de pobres para funcionar: "La determinación de un umbral económico no sólo para acceder a la ayuda, sino también para mantenerla, provoca que ante la percepción de ingresos sobrevenidos que hagan superar tímidamente el umbral establecido, la ayuda sea denegada o retirada, volviendo a la situación original de riesgo de pobreza".

Se trata de la "trampa de la pobreza" que también menciona Casassas. Un fenómeno donde las ayudas asistenciales desincentivan a las personas a mejorar su situación económica por miedo a perder los escasos beneficios que les ofrecen. En este sentido, las prestaciones universales, al ser compatibles con otras fuentes de ingresos, dan una base estable que permite a las personas buscar empleo o emprender proyectos sin temor a perder su sustento básico. 

En cuanto a ejemplos concretos de políticas universales, el investigador menciona la Asignación Universal por Hijo en Argentina y la Pensión Universal en México como pasos en la dirección correcta. De acuerdo con Casassas, estas políticas no solo incrementan, por ejemplo, la independencia económica de las mujeres, sino que también mejoran la salud mental y la calidad de vida de los beneficiarios. 

En este plano, destaca la razón de ser de la renta básica universal, una de las medidas más populares en este área: "Su lógica es muy parecida a la de la prestación por crianza que propone Bustinduy, con la diferencia de que se amplía al conjunto de la población. De hecho, podemos preguntarnos por qué no ampliar la prestación al resto de personas que se hallan sumidas en todas las trampas de la precariedad, a las personas que arrastran problemas de salud mental, etc. ¿No sería lógico que esta operación consistente en evitar el gran naufragio societario que vivimos, del que tanto rédito saca la extrema derecha y la derecha extrema, nos alcance a todos?", sugiere Casassas. 

Redistribución justa de la riqueza

Tanto Alabao, como Casassas y Raventós coinciden en que, en todo caso, para que las prestaciones universales funcionen es esencial un sistema fiscal progresivo que acompañe estas ayudas y "que haga que quienes más tienen, contribuyan proporcionalmente más". En países europeos, las ayudas por hijo a cargo son comunes y se compensan a través de impuestos sobre la renta. Así, aunque todos reciban la misma ayuda, aquellos con mayores ingresos contribuyen más al sistema fiscal, nivelando la balanza de manera efectiva.

Alabao pone el foco en lo que considera un problema en el sistema español, donde muchas ayudas familiares se configuran como exenciones fiscales. La antropóloga explica que estas exenciones pueden ser regresivas, beneficiando más a quienes declaran sus ingresos y dejando fuera a aquellos con ingresos tan bajos que no están obligados a declarar. Esto resulta en una desigualdad de acceso a las ayudas para las familias más necesitadas.

Una implementación de las ayudas universales de este modo generaría, por consiguiente, una redistribución más justa de la riqueza. Desde una perspectiva feminista, Alabao argumenta que las ayudas deberían ser individualizadas en lugar de familiares. A su juicio, esto es crucial para abordar las desigualdades de género dentro de las familias, ya que la distribución equitativa de recursos dentro del hogar no siempre ocurre.

La libertad de no depender de nadie para existir

Aparte de todos los motivos ya expuestos, tanto Casassas como Raventós ponen de relieve la gran influencia que tendría la independencia económica asociada a las ayudas universales, como la renta básica, en la calidad democrática y la facultad para ejercer la libertad. "Dotar a la gente, a toda la gente, con recursos de partida nos permite no solo vivir lejos de la privación asociada a la pobreza, sino también deshacer los vínculos de dependencia y relaciones de dominación que cercenan nuestra libertad y que van de la mano de esa misma pobreza", sostiene Casassas.