La organización de derechos de la infancia Save the Children ha recordado este miércoles que tan solo un 30% de los abusos sexuales que se comenten contra menores en nuestro país acaban en sentencias.

La ONG hace esta advertencia, tras la publicación, avanzada por Público, de que el juzgado de instrucción número 6 de Fuenlabrada permitió la entregar a una niña de cinco años a su padre, denunciado por abusar sexualmente de ella, y a pesar de que su madre había solicitado a dicho juzgado medidas cautelares para proteger a la menor.

“Se denuncian muy pocos casos porque es muy difícil demostrarlos. Los abusos sexuales se producen con amenazas para que se mantengan en secreto entre la menor y el abusador, afirman fuentes de la organización en un comunicado.

La consecuencia de esta falta de denuncias y de investigación es que "en España siete de cada 10 denuncias son sobreseídas, no llegan a prosperar y principalmente es por falta de pruebas, pero esto no significa que no estén ocurriendo”, señala Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.

Una de las principales causas que cita la ONG para estos sobreseimientos es que, en la mayoría de los casos, "no se le da validez a la declaración del propio menor de edad", algo que, tal como denuncia Save the Children, "está íntimamente relacionado con el hecho de que los niños tengan que contar los abusos, una vez denunciados, hasta cuatro veces de media en procesos demasiado largos y ante juzgados no especializados".

Tal como viene reclamando desde hace tiempo, la organización pide que se apruebe urgentemente una Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia. Entre las medidas que propone esta ley, está la que pide que los niños y niñas que pasen por un proceso legal por abusos sexuales en el marco de un divorcio, como en el caso de Fuenlabrada, sean declarados en riesgo y reciban apoyo y seguimiento, independientemente del proceso judicial.

“La decisión del juzgado debe proteger al niño o niña y ante una duda de posibles abusos siempre hay que garantizar que el menor esté a salvo de cualquier agresión física o psicológica, por encima de cualquier otro derecho” afirma Sastre.

Formación de la justicia sobre abusos en la infancia

Uno de los puntos clave contenidos en la ley es la necesidad de una formación a profesionales de la justicia sobre las características de los abuso sexuales a la infancia y la obligación por parte de jueces y magistrados de reflejar en la motivación de sus sentencias una valoración del interés superior del menor.

"El abuso sexual es una de las formas de violencia más graves", tal como recoge el informe de Save the Children Ojos que no quieren ver. No sólo por la gravedad de los hechos, sino por su prevalencia (entre un 10% y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia), la cercanía de los agresores (6 de cada 10 son conocidos por sus víctimas), la progresión de los síntomas, la dificultad para detectar los casos y la gravedad de los efectos a nivel emocional, sexual o social.