Dos familias que llevaban "muchos años" residiendo en Melilla han sido sancionadas con la apertura de un expediente de expulsión por estancia irregular cuando realizaban los trámites para la escolarización de sus hijos, un derecho de la infancia que se vulnera en centenares de casos cada año en la ciudad autónoma, y que llevan tiempo denunciando numerosos colectivos, ONG, abogados extranjeristas, el Defensor del Pueblo o, incluso, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

El caso lo ha denunciado este miércoles el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que ha vuelto a insistir, en este caso, a la Delegación del Gobierno en Melilla y a la Jefatura Superior de Policía Nacional de la ciudad autónoma, en que pongan fin a esta práctica por las que se sanciona con multas por estancia irregular en el país o con la apertura de un expediente de expulsión a las personas extranjeras sin papeles que tienen que acudir a dependencias policiales para realizar algún trámite de Extranjería o para interponer una denuncia como víctimas de un delito.

Marugán ha anunciado que su institución está investigando "el inicio de expedientes de expulsión a ciudadanos que habían solicitado la escolarización de sus hijos e hijas en Melilla tras realizar trámites en dependencias policiales". En concreto, habla de familias que llevaban "muchos años" residiendo en la ciudad.

La investigación se ha abierto a raíz de una queja interpuesta por la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), cuyo presidente, José Palazón, lleva años batallando por las escolarización de cientos de menores a los que la ciudad autónoma niega el acceso a la Educación al no estar empadronados, pese a que sus familias llevan "toda la vida" viviendo y trabajando en la ciudad. "Aunque en la economía sumergida, ya que nunca se les concede el permiso de residencia o trabajo", lamenta Palazón.

Según el presidente de Prodein, una de las familias lleva alrededor de 20 años en la ciudad, mientras que en la otra, la madre nació en Melilla, aunque no pudo regularizar su situación, y el padre "lleva trabajando aquí desde los 14 años y ahora ronda la cincuentena". Varios de los hijos de estas familias llevan al menos tres años escolarizados sin que ello haya supuesto motivo de sanción. Los problemas han llegado ahora, cuando han intentado escolarizar a los hijos más pequeños, explica.

Para Palazón, "la Delegación del Gobierno debería actuar de oficio para regularizar su situación tras décadas abocados al trabajo esclavo y sin contrato", pero "en lugar de esto, les premia con un expediente de expulsión cuando han pedido el derecho de sus hijos a ir al colegio".

En los casos investigados, los procedimientos de expulsión se han iniciado después de que una unidad de agentes de la Policía se personara en los domicilios de dichas familias para comprobar si realmente residen en el lugar que han indicado cuando han pedido la escolarización de sus hijos.

Se trata de un procedimiento rutinario, según Palazón, con el que se está consiguiendo "después de infinidad de quejas y movilizaciones" la escolarización de varias decenas de niños cuyos padres no pueden empadronarse. Sin embargo, "no sabemos por qué motivos ni según qué criterio", en estos dos casos, las familias recibieron a los pocos días una notificación del área de Extranjería de la Policía en la que se les citaba en dependencias policiales. Cuando las familias acudieron, se les notificó que se había incoado un expediente de expulsión por estancia irregular.

Amparado por la Ley de Extranjería

La Jefatura Superior de la Policía de Melilla ha reconocido esta práctica en una respuesta al Defensor del Pueblo, y la justifica "en la aplicación de la normativa de la Ley de Extranjería". Es la respuesta habitual en otros casos de este tipo.

En noviembre de 2020, Público informó de que dos mujeres sin papales habían sido multadas con 501 euros y un expediente de expulsión respectivamente cuando tramitaban en la comisaría de Paterna (València) los DNI de sus bebés, que tenía reconocida la nacionalidad española. Un mes después, en la misma comisaría, se dio otro caso idéntico por el que también se ha quejado el Defensor del Pueblo. Su oficina lleva "varios años" recibiendo este tipo de quejas desde varios puntos del país, sobre todo desde Valéncia, Navarra o Andalucía.

Para Fernández Marugán, "el cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones injustas o perjudiciales" para estas personas que llevan años residiendo en la citada ciudad autónoma y en el resto del país. Por eso, en 2004 recomendó al Ministerio de Interior que revisara su protocolo y eliminara esta práctica. Solo se logró en 2009 para las mujeres indocumentadas que denunciaran ser víctimas de violencia machista. Tras años de insistencia y con los casos de Paterna en la agenda mediática, Interior le respondió el pasado enero que no iba a modificar este protocolo.

Según el Defensor del Pueblo, este comportamiento policial "tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima".