Abogado de las víctimas en las residencias de mayores: "Los protocolos de Ayuso propiciaron homicidios imprudentes"

Carlos Vila es abogado de más de 300 denuncias llevadas a cabo por las familias de los fallecidos en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Durante la primera ola de la covid-19, más de 8.000 personas murieron sin recibir atención hospitalaria, negada por el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y este jurista no tiene ningún reparo en asegurar que si hay un juicio, se podría alegar "homicio imprudente" por parte del Ejecutivo del Partido Popular. 

Vila, integrante de Marea de Residencias, ha viajado junto con varios miembros de la plataforma al Parlamento Europeo de Bruselas en busca de aliados en el continente. Invitados por Miguel Urbán y la formación Anticapitalistas, que pondrá su sello a todas las acciones legales que quiera llevar a cabo la plataforma en el europarlamento, Marea de Residencias atiende a Público durante su viaje exprés en busca de justicia y reparación.

Han tenido reuniones con eurodiputados del PSOE, Podemos, con la vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, con Los Verdes... ¿Ven opciones de lograr algo en Europa?

Venir al Parlamento Europeo siempre visibiliza la reivindicación que traigas. Eso ya es importante. Sería importante que la Comisión Covid-19 integrara alguna de nuestras recomendaciones para Europa, pero con respecto a la Comision de Peticiones [a la que quieren solicitar una audiencia pública y que viaje a Madrid para conocer de primera mano lo ocurrido durante la pandemia], hay que conseguir mayorías. Nos han recomendado centrarnos más en Madrid para que el PSOE nos apoye. Hay esperanza en que ocurra, pero la misión de la Marea de Residencias de exponer lo ocurrido es ya una misión cumplida. El resto dependerá de la voluntad política, como nos dice siempre Miguel Urbán.

Como abogado que lleva tantas causas, ¿qué caminos hay abiertos para que la Justicia actúe en Madrid?

Hay diversas líneas. Hay querellas que ya han sido archivadas y hay querellas archivadas por la Audiencia Provincial, que ya están en el Tribunal Constitucional pero no para que decida, sino para que obligue a investigar no solo a directores y médicos de las residencias, sino los famosos protocolos de la verguenza que impedían la derivación de personas con dispacidad física a hospitales. Hasta ahora no lo hemos conseguido, pero en marzo el juzgado de instrucción 9 de Madrid tomará declaración como testigos a Alberto Reyero, que era Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad, y a Carlos Mur, entonces director general de coordinación sociosanitaria y firmante de los protocolos.

Es importante, porque es la primera vez en más de dos años y 300 querellas que se tomará declaración a personas vinculadas a las decisiones políticas que propiciaron los protoclos y, desde nuestro punto de vista, la prevaricación y los homicidios imprudentes. Siempre hay que tomarlo todo con cautela, pero es un avance que hay que aprovechar. 

¿Qué papel está jugando la Fiscalía de Madrid? Si no fuera por Marea de Residencias, no habría denuncias, apenas han actuado.

"He visto tomar decisiones a la Fiscalía con muchas menos pruebas y en casos muchos menos graves"

La Fiscalía de Madrid no ha actuado. Si Marea de Residencias no presenta las querellas, la Fiscalía no interviene. No ha ido prácticamente a ninguna declaración ni ninguna actividad judicial. Solo después de unas reuniones con Aministía Internacional y nosotros han empezado a ir a alguna declaración. Ahora piden que declaren los querellantes, que desde mi punto de vista y lo siento porque deberían representar a la ciudadanía, es lavarse la cara. Es un lavado de cara porque la Fiscalía tendría la oportunidad, por ejemplo, si el Constitucional rechaza el recurso y como nosotros no podríamos hacer nada más, ellos podrían insistir de nuevo. Podrían demostrar que quieren que investiguen. Se han olvidado de todo el proceso. 

¿Y por qué es tan pasiva la Fiscalía?

Mi opinión personal es que debe haber un pacto para no movilizarse. Ellos dirán que son independientes, pero he visto tomar decisiones a la Fiscalía con muchas menos pruebas y en casos muchos menos graves que las que se han tomado con este asunto. 

¿Cuál es el objetivo de la Marea de Residencias?

El objetivo es, primero, que se investigue. Y que al final se inicie un juicio contra Isabel Díaz Ayuso, Enrique López [consejero de Justicia] y Enrique Ruiz Escudero [consejero de Sanidad]. Que se inice una investigacion y haya un juicio. Podrán alegar que era un momento de sanidad de catástrofe y que esto pasa en cualquier sitio, que no se podía hacer nada... Sería una excusa absolutoria, pero que lo aleguen.

No se utilizaron todos los medios posibles: no se intervinieron los hospitales privados, no se medicalizaron las residencias, al IFEMA no fue nadie de las residencias, ni tan sisiquiera se llegó a llenar las plazas... Lo importante es que tuvieran un juicio, me vale. Como si quieren alegar sanidad de catástrofe, pero que se discuta. Si realmente se prueba, creo que se podría probar que fue una mala gestión, por decirlo suavemente. 

¿Qué lectura jurídica hace de los llamados "protocolos de la vergüenza"? Esas firmas provocaron que 8.000 personas no recibieran atención hospitalaria y fallecieran sin atención sanitaria.

Tengo dos interpretaciones. Una, que los protocolos de Ayuso propiciaron homicidios imprudentes. Eso no quiere decir que esas personas se hubiera curado, pero no les dieron la oportunidad de tener todos los medios a su alcance. Y como mínimo fue prevaricación. Y ni siquiera omisiva, activa, porque se firmaron protocolos para impedir esa atención. Así que como mínimo prevaricación, sino homicidio imprudente.