"Nadie nos preguntó si queríamos volver. Nadie nos preguntó nada", recuerda Abdelhakim Zerrad. Ahora tiene 19 años, pero aquella mañana de agosto de 2021, aún era menor de edad. "Los policías españoles llegaron al centro y se llevaron a los primeros 15 chicos en una furgoneta. No nos dijeron a dónde iban", asegura. "Después vinieron a por el segundo grupo, y yo estaba en la lista. Preguntamos a los educadores, pero no nos dijeron nada. Cuando le preguntamos a los policías, nos dijeron que nos llevaban a otro centro. Era mentira, nos llevaron engañados a la frontera y nos dejaron allí hasta que nos recogieron los policías marroquíes", explica.

Hakim, como le llama todo el mundo, es uno del medio centenar de menores marroquíes que fueron devueltos ilegalmente desde Ceuta a su país por las autoridades españolas, según confirmó el pasado lunes el Tribunal Supremo en una dura, contundente y esperada sentencia. Solo venía confirmar lo que ya habían dicho el juzgado de Ceuta (que paralizó las expulsiones tras la denuncia de varias ONG) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque la Delegación del Gobierno en la ciudad y la Administración ceutí recurrieron estos fallos.

Aquellas devoluciones, según la unanimidad de los magistrados del Supremo, no cumplieron ni la ley de Extranjería ni siguieron ninguno de los protocolos o garantías necesarias para aplicar los acuerdos de devolución de menores entre España y Marruecos. Se hicieron sin valorar ni respetar el interés superior del menor y pusieron en peligro la integridad física y moral de los menores, pues nadie se aseguró de que iban a estar protegidos tras su vuelta a Marruecos, especifica la sentencia. "La aquiescencia de otro país no dispensa a las autoridades españolas de actuar con sujeción plena a la Constitución y a las leyes. Va en ello la respetabilidad de España como Estado de derecho", advertía el alto tribunal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dio luz verde a estas expulsiones ilegales, sigue escudándose en que todo se hizo desde el "convencimiento" de que se estaba respetando la ley y el interés superior del menor. Quien lo dice también es juez y magistrado de la Audiencia Nacional.

Hakim, como todas las instancias judiciales, tampoco se cree al ministro. "Nadie nos explicó qué estaba pasando y nadie avisó a nuestras familias de que nos estaban llevando a Marruecos", subraya. "Mis amigos y yo pasamos miedo en esa furgoneta. Todos empezamos a llorar cuando vimos lo que pasaba en realidad. No queríamos volver pero no nos hicieron caso", asegura.

Tras cuatro horas esperando en la frontera de El Tarajal, las autoridades marroquíes los llevaron a un centro en la localidad de Martil (Río Martín, en castellano), a media hora en coche de Ceuta y de la vecina Fnideq (Castillejos), de donde es el joven. "Ya por la tarde nos dijeron que podíamos llamar a nuestra familia si queríamos volver a casa", recuerda.

Tres horas nadando de madrugada

El lunes recibió en Vigo la noticia de que su expulsión fue ilegal. Allí trabaja el joven desde hace cinco meses en una hamburguesería, dentro del programa Cocina Conciencia de la Fundación Raíces, un proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes migrantes no acompañados que han pasado por la tutela de las comunidades autónomas españolas. "Ahora soy feliz, tengo los papeles, siento que tengo un futuro que en Marruecos no tenía y puedo ayudar a mi familia", asegura. 

A pesar de que tenía derecho a este final, nada de esto hubiera pasado si Hakim no hubiera nadado, literalmente, contra la corriente que le llevó de vuelta a Marruecos. "En Fnideq no lo estaba pasando bien. Sentía que me había quitado mi futuro, mi oportunidad, mi vida. Mi familia es pobre y no hay muchas posibilidades. Solo pensaba en volver a Ceuta porque mi familia es pobre y allí no hay nada que hacer", explica. El 15 de agosto de 2022, junto a un amigo y de madrugada, Hakim se lanzó al mar. "Estuvimos nadando tres horas y media hasta que nos recogió una lancha de la Guardia Civil. La primera vez que crucé a Ceuta tardé cinco minutos, pude ir caminando por la playa", recuerda.

Fue una de las 10.000 personas –más de 1.000 eran menores no acompañados como Hakim– que se lanzaron en masa a la frontera de El Tarajal en mayo de 2021, cuando Marruecos echó un pulso al Gobierno español usando a su propio pueblo, a sus propios niños, como arma de presión y dejó su frontera sin vigilancia.

El grueso de los adultos fue expulsado de la ciudad en pocos días, otros volvieron a Marruecos voluntariamente y muchos menores fueron devueltos en caliente en la misma playa. Pero un millar de niños acabó hacinado en las naves del polígono industrial, un improvisado campamento en el que Hakim pasó tres días "muy malos" durmiendo en el suelo hasta que lo trasladaron a un polideportivo improvisado.

"La segunda vez que crucé, todo fue muy diferente. La Guardia Civil nos trató bien, nos llevó a un centro de acogida. Yo no llevaba nada, solo el bañador y las chanclas", explica. Pasó por varios centros de acogida de nuevo, pero ahora estaba en contacto con la Fundación Raíces, que no solo le ha ayudado en la tramitación de sus permisos de residencia y trabajo, sino que llevó su caso y el de otros chicos expulsados ilegalmente ante los tribunales, junto con la Coordinadora de Barrios. 

"Una burrada jurídica"

"Desde el principio dijimos que estas expulsiones vulneraban los derechos de la infancia. Tuvimos que trabajar en pleno agosto, en vacaciones, para pedir la suspensión cautelar de las devoluciones", relata a Público Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces. Consiguieron que más de 80 menores marroquíes les designaran como abogados, entre ellos Hakim. "Cuando nos enteramos de que había vuelto a cruzar a Ceuta nos pusimos en contacto con él y con otros chicos que también fueron devueltos. Han tenido que poner en riesgo vida de forma innecesaria", critica Reyzábal.

"Con ellos se ha cometido una burrada jurídica. Y que se haga por indicación del Ministerio del Interior es increíble. Marlaska no puede quedar al margen de todo esto. Políticamente me parece bochornoso que después de esta sentencia el ministro siga diciendo que se actuó según la legalidad", opina.

"Es enormemente preocupante que el representante de Interior y, además, juez, siga sin asumir los pronunciamientos judiciales", asevera. Reyzábal advierte de que es inminente otro pronunciamiento del Supremo por estas devoluciones en la que representan a 12 de los chicos, y no hay razones para pensar que el fallo sea diferente al del pasado lunes.  

Raíces, gracias a un convenio con el Gobierno, trasladó a Madrid a varios de estos chicos cuando cumplieron los 18 años. Les facilitaron cursos de cocina y de hostelería y ya llevan meses trabajando en los diferentes restaurantes que colaboran con el programa Cocina Conciencia. Sin embargo, varios a varios de ellos se les perdió la pista y otros siguen en Marruecos. El próximo objetivo de Raíces y de la Coordinadora de Barrios será conseguir la ejecución de esta sentencia y que puedan volver España los que están en Marruecos y siguen localizados.