InterinosUnos 800.000 interinos españoles buscan que la justicia europea condene a España y convierta en fijos sus contratos

Los vemos a diario. Nos atienden en urgencias, sellan nuestras cartillas del paro, educan a nuestros hijos o tramitan nuestras demandas judiciales. A veces pensamos que tienen un buen empleo, un buen sueldo, unas buenas condiciones porque trabajan para la Administración Pública, para el Estado; pero la realidad, en muchos casos, es diferente y, según han denunciado, no es legal.

Alrededor de 800.000 funcionarios interinos españoles llevan años encadenando contratos temporales en sus puestos y ahora están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dé la razón y condene a España a convertir sus puestos en fijos. 

Son plazas que deberían haberse cubierto en su momento con personal fijo que ha aprobado una oposición. Pero ese momento nunca llegó, siguieron año tras año acudiendo a un puesto de trabajo que no les pertenecía y que ningún Gobierno, ninguna Administración, se preocupó por cubrir mediante una Oferta Pública de Empleo (OPE). Algunos llevan cinco años, otros, diez; los hay que llevan hasta 30 años siendo funcionarios interinos o personal laboral eventual. Muchos incluso se han jubilado sin que su plaza haya salido a concurso público, a pesar de que hace 18 años que entró en vigor la directiva 1999/70/CE, que prohibía expresamente el abuso en la temporalidad laboral excesiva, tanto en empresas privadas como en el empleo público. A pesar de que un interino no puede cubrir una plaza vacante durante más de tres años, según el Estatuto Básico del Empleado Público.

El problema, se quejan, es que no se ha establecido sanción alguna para el Estado, por eso nunca se ha corregido la situación. Y, ahora, después de mucho tiempo, se están convocando oposiciones para cumplir con Europa pero que dejarán en la calle a la mayoría de estos interinos, desplazados por funcionarios que hayan obtenido su plaza.

Resolución del TJUE en Septiembre

"¿Imaginan una empresa con 800.000 trabajadores discriminados, con salarios menores por el mismo trabajo, que pueden ser despedidos libremente sin indemnización después de años empleados, sin derecho a vacaciones pagadas a veces, sin poder solicitar excedencias? Eso es lo que ocurre en la Administración pública". Así ha resumido la situación este martes el abogado Javier Aráuz, que lleva más de 5.000 casos de interinos demandantes por encadenamiento "abusivo" de contratos en la Administración.

Están a la espera de que el abogado general del TJUE eleve su informe sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños sobre este asunto. Un texto previsto para el 11 de julio, pero que se ha aplazado hasta el 5 de septiembre. Si la justicia europea les da la razón, supondría "un importante varapalo al Gobierno de España" por incumplir la directiva europea que pide combatir la temporalidad en el empleo público. Por eso aspiran a que el TJUE zanje la situación y que condene al Estado, al menos, a convertir esos empleos en puestos fijos, ya que consideran injusto pasar nuevamente por unas oposiciones para un puesto en el que ya han demostrado su capacidad e idoneidad durante décadas.

Junto al letrado, varios funcionarios interinos han expuesto su caso personal. Algunos, como un médico de urgencias de un hospital de Madrid, bajo condición de anonimato por miedo represalias. "El 90% de los trabajadores de urgencias hospitalarias somos interinos", ha resumido.

"Se aprovechan de la vocación para tratarte como a un esclavo"

En su caso, son diez años los que lleva encadenando contratos de guardia, "sin sueldo base siquiera. Sólo cobro si hago una guardia, aunque luego tengo que hacer otras funciones", ha explicado el doctor. "Son contratos pensados para cubrir huecos, pero se están usando para cubrir puestos estructurales", critica. El problema, dice, es "la indefensión aprendida" de los interinos. "Nos tragamos cualquier cosa y nos sentimos afortunados. También se aprovechan de la vocación para tratarte como a un esclavo y vivimos con la espada de Damocles de que un día convoquen una OPE y te vayas a la calle", ha resumido. "A los médicos nos encantan las OPEs, competimos entre nosotros desde el MIR, pero queremos que se hagan cada año, no cada 18 años", ha resumido. "Nos dicen que somos unos caraduras porque queremos una plaza sin opositar y se tiene que saber que esto no es así", ha sentenciado.

Otra de las afectadas es María Luisa Díaz, trabajadora interina de la Administración de Justicia desde hace 20 años. Actualmente trabaja en la Audiencia Nacional, donde llegó en 2011 tras ser cesada de otros puestos previamente. "Te vas a tu casa sin derechos, sin indemnización, a esperar a que vuelven a nombrarte para otra vacante. Me han llegado a cesar estando embarazada, algo denunciable en una empresa privada", resume. "La precariedad que se sufre es importante", lamenta, sobre todo porque "da angustia no saber qué va a pasar en el futuro, cuando ya tienes cierta edad", añade. Díaz ha criticado que se vayan a sacar a concurso público ahora miles de plazas de su área, que se están ocupando en fraude de ley, en lugar de regularizar la situación de los actuales interinos. "Si esto continúa así, habrá entre 7.000 u 8.000 interinos que si irán  a la calle con una edad avanzada. Serán parados de larga duración", ha advertido.

Domingo Sánchez Ruiz, es administrador de sistemas informáticos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Lo es desde 1999, cuando accedió al puesto tras un examen, aunque sin plaza fija. "Pensé que duraría un año o dos, lo que marca la ley para una vacante así", explica. Pero ya son dos décadas. "En todo este tiempo no han sacado mi puesto a concurso. Es un gran hospital y es un puesto crítico, pero parece que a la Administración no le pasa nada por hacer esto", sostiene.

Sánchez es también presidente desde 2009 de la Asociación de Profesionales de Informática de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM), y uno de los casos denunciados por los que los tribunales madrileños han elevado la causa al TJUE. "No sólo estamos amenazados porque se convoquen oposiciones para el puesto, también nos afecta la privatización. Si hay un empresa que da nuestro servicio, a nosotros nos echan sin posibilidad de subrogación de los contratos. Ya pasó con los laboratorios centrales. Lo vimos venir, por eso lo llevamos a tribunales", ha concluido.