LLEIDA
“¿Que si me ha creado problemas ser apátrida?”, dice Abdela. “Cada vez que cruzo el Estrecho y me muevo a la Península me meten en un cacheo o me pasan por la máquina para ver si llevo algo en la tripa. Mi mujer tiene que esperarme en la calle una hora y media”. El abuelo de Abdela era teniente coronel, un oficial de alto rango del Ejército de regulares de África, la única fuerza de choque que inicialmente tenía Franco bajo su mando. En realidad, todos sus abuelos — maternos y paternos— eran españoles reconocidos. Su esposa y sus cuatro hijos también lo son. Él mismo nació en Ceuta hace ahora 46 años. Aun así, no tiene patria ni acceso a los derechos plenos que otorgan la ciudadanía. Y en parecida situación se hallan al menos otros cuatro centenares de rifeños.
Probablemente, son muchos más. La cifra es solo una estimación realizada por Reduán Mohamed, secretario general del sindicato CGT de Ceuta, a cuyas puertas han acudido medio centenar de personas en demanda de ayuda. Únicamente las delegaciones de Gobierno de las ciudades autónomas norteafricanas conocen el número preciso de apátridas. Se asume que alrededor de la mitad podrían ser mujeres. Y entre este pelotón hay chicas jóvenes que no llegan a los dieciocho y gente que está a punto de morir sin que se le reconozca su españolidad.
“Si tuviéramos algo que decir sobre este asunto ya lo hubiéramos hecho”, nos dicen los funcionarios ceutíes con quienes intentamos contactar para interesarnos por la otra cara de los hechos. Asunto zanjado por su parte. Sabemos, sin embargo, que los agentes de la Delegación han comenzado a citar de cinco en cinco a los apátridas para analizar su situación caso por caso, lo que podría abrir las puertas a la regularización de la situación legal de alguno de ellos. “Nos reunimos con la asesora de la Administración y nos dijo que están ahora mismo trabajando en el asunto”, nos aclara Reduán.
Existe, no obstante, una gran pega: han quedado advertidos de que quien tenga antecedentes podría morir en el limbo legal donde ha vivido hasta la fecha. En otras palabras, seguirá atrapado en el mejor de los casos en una tierra de nadie burocrática con sus derechos mutilados. “Muchos están completamente limpios. Otros han sido ya excluidos en procesos precedentes de regularización por pequeños delitos cometidos en el pasado”, precisa el responsable ceutí de la CGT.
Los responsables del sindicato se temen que la decisión quede al albur de la decisión arbitraria del funcionario de turno en ausencia de una normativa precisa que especifique en qué condiciones esos antecedentes — a menudo cancelados hace veinte años— pueden impedirles el acceso a la nacionalidad. “Yo entiendo que si son delitos de sangre queden excluidos de la regularización, pero algunos no los tienen y otros fueron condenados por cuestiones menores, normalmente relacionadas con una vida pasada en la droga. La mayoría son nacidos en Ceuta y tienen hijos y cónyuges españoles. Y el resto —unos doscientos— llevan más de veinte años y reúnen las condiciones para regularizarse”.
Nacer en Ceuta no es de entrada una vía express para obtener la nacionalidad, salvo que se pueda acreditar los requisitos que permiten obtenerla por arraigo o que los padres o uno de los cónyuges sean españoles o posean el documento de residencia. De hecho, muchas mujeres de la ciudad marroquí de Castillejos van a parir a territorio español. Se les da la partida de nacimiento y deben regresar a su país de origen. La mayoría de los abuelos de los apátridas adquirieron la nacionalidad española tras la aprobación de la Ley de Extranjería, en 1985.
El DNI vino a reemplazar a un documento franquista conocido como tarjeta estadística. Los nuevos nacionalizados adoptaron como primer y segundo apellido los nombres del padre y el abuelo, respectivamente. “Eso explica que haya tanta gente que se apellide Mohamed”, nos dice Reduan. Algunos, por el contrario, decidieron hacer uso del derecho que confiere el Gobierno marroquí a todos los nacidos en Ceuta y Melilla a acceder a su nacionalidad. Pero otros, simplemente, no solicitaron ni una ni otra, ora por desidia, desinterés pasajero o ignorancia, ora porque se hallaban presos, enganchados en la droga o en circunstancias personales complicadas. Y son justamente estas personas, junto a las que llegaron algo más tarde, las que constituyen el grueso de los apátridas.
En ausencia de pasaporte, deben moverse a la Península con un documento conocido como título de viaje que expide la Delegación del Gobierno. Desde diciembre del pasado año, mucho antes de que entraran en vigor las restricciones de la covid, las autoridades marroquíes les impide el paso, con lo que, de alguna forma, aún se hallan más atrapados. Para viajar a otros países, deben solicitar un visado, que es estudiado caso por caso. Ese es el papel que, por ejemplo, les permite realizar el hajj, la peregrinación a La Meca.
¿De qué modo les afecta a su vida cotidiana semejante situación? “Pues de entrada tengo que poner los papeles de los niños y la Seguridad Social a nombre de mi mujer”, explica Abdela. “También debo renovar el NIE cada cinco años. Y lo mismo ocurre con la cédula de habitabilidad. Después, aguardo un mes y renuevo el título de viaje y tras otro mes más, me prorrogan la residencia. Hablamos de 65 euros en papeleos más todas las esperas y burocracias. Una vez pasé cinco años sin poder ir al médico. Y el tema laboral ya ni te cuento”.
“Si te caduca el NIE — tal y como ahora mismo me sucede debido a que no pude renovarlo por la cuarentena— podrías encontrarte con que te han dado de baja en el padrón”, nos dice Mustafa Mohamed Haddu. Es un retorcido círculo vicioso burocrático en el que lleva enredado medio siglo. Como Abdula, Mustafa nació en Ceuta hace 54 años y es padre de tres varones y una chica. “Hay que renovar la Seguridad Social cada dos años pero si te falta un documento, pierdes hasta el derecho a trabajar y te conviertes, como quien dice, en ilegal”.
Tanto su padre como su madre eran españoles. Obtuvieron la nacionalidad por origen. Ahora se teme que pueda volver a quedarse fuera . “Todo esto depende de la comisaría y la comisaría, de la delegación de Gobierno. Y cuando vamos a quejarnos nos dicen que cometimos delitos. La última vez que salí preso fue hace más de veinte años. No he vuelto a entrar ya nunca más y he cancelado todos mis antecedentes. Hablo de pequeños hurtos y cosas contra la salud pública. Nada de sangre. Eran la clase de deslices que uno cometía cuando era toxicómano”.
Hace mucho que Mustafa ya está limpio en todos los sentidos. Su existencia se ha rehecho, pero la nacionalidad se le deniega, con lo que ello significa. Para aspirar a conseguirla, le obligan, entre otras cosas, a obtener el diploma de español y pasar la prueba CCSE, que acredita el conocimiento de la Constitución española y de la realidad y la cultura del país, dos exigencias, a su juicio, pintorescas, considerando que nació en España hace 54 años y nunca se ha movido del país.
Todos los afectados coinciden en que su condición de apátridas les otorga una pasaporte para la perpetua precariedad. “Me llaman de nueve en nueve años para trabajar seis meses”, afirma Abdela. “Ahora estoy haciendo chapuzas de fontanería, pintura, alicatados, ferrallas y antihumedad de la azotea. Pero en negro, ya sabes. Por lo que cuesta cien euros cobro veinte. Me tengo que buscar la vida. El último curro con contrato lo conseguí hace trece meses y antes de eso, anduve nueve años sellando siempre el paro y dando el callo. Sometiéndome a dar vueltas como un vigilante para ver si veía al alcalde de Ceuta y me ponía a pedir favores: que si tengo cuatro hijos y se me mueren de hambre; que si debo seis meses de luz y 1.500 euros de agua... Aun así voy aguantando con la ayuda de Dios y mucha fe”.
Su fe es la musulmana. Abdela se reunió en cierta ocasión con los funcionarios del Gobierno y, según dice, le sacaron a colación una vieja decisión de los rifeños. “Me dijeron que nuestros mayores se aferraron a sus creencias islámicas para rechazar la nacionalidad. Y es cierto que, por ignorancia, algunos pensaban que obtenerla equivalía a convertirse al cristianismo, pero el disparate no viene por ahí. Mis abuelos tenían la nacionalidad española, ¿cómo no voy a quererla yo? El disparate es que nuestros derechos se quedan al otro lado del Estrecho debido a un “super racismo” que no sufrí ni cuando viví en Donosti. Hasta la policía marroquí se ríe de mis documentos y si les contesto, me meten una hostia”.
“¿Sabes?”, concluye Abdela. “Tenemos unos primos de Tetuán, le hemos hecho una agrupación familiar porque no tenían glóbulos rojos, y en tres años les han dado la nacionalidad. Nuestra documentación no sale de la comisaría. El comisario me dijo que los papeles ya nos lo da la Delegación del Gobierno sino el CNI. Vale, hay chavales con delitos de sangre o alguno que han cogido por algo relacionado con el narcotráfico pero mezclan a todo el mundo por igual y eso incluye a sesenta mujeres que son madres de familia y cuyos hijos sí son españoles. Algunas pasan ya de los sesenta. Franco hizo lo que hizo y salió impune. Yo no tengo antecedentes policiales ni penales ni he estado en la cárcel y estoy como estoy”.
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