Más de 36.000 andaluces dependientes fallecieron en 2021 en Andalucía sin haber recibido la prestación

En 2021, 36.838 andaluces fallecieron sin haber recibido la prestación de dependencia. El 75,8% de los fallecidos, 27.929, lo hicieron con una resolución de la Junta de Andalucía reconocido en el Programa Individual de Atención (PIA).

Entre marzo de 2020 y febrero de este año fueron 73.004 los andaluces muertos con resolución de reconocimiento de su nivel de dependencia. El porcentaje de su peso en la población del conjunto de España supone el el 17,22%

Esos 73.004 muertos entre febrero de 2020 y marzo de 2022 son un exceso de 6.900 fallecidos sobre la mortalidad esperada entre las personas con solicitud de dependencia.

Las muertes de dependientes con su grado de dependencia estudiado fueron 423.944 en toda España

En ese mismo periodo en España las muertes de dependientes con su grado de dependencia estudiado fueron 423.944, un exceso de 76.067 sobre la cantidad esperada, un 20,9%.

Los datos pertenecen al informe Sistema de Monitorización de la Mortalidad Mensual (Momo) de las personas solicitantes de la Dependencia en España, que elabora el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos.

El 13,08% de los andaluces fallecidos en 2021, 4.821, lo hicieron sin tener una resolución de su grado de dependencia, mientras que otro 11,09%, 4.088, murieron con una resolución de reconocimiento de su grado de dependencia, aunque pendiente del Programa Individual de Atención.

El 81,8% de los dependientes muertos que ya tenían reconocidos un Programa Individual de Atención se encontraban entre el tramo de edad de entre 80 y 100 años.

Los datos de 2021, actualizados a 15 de febrero de este año, los ha facilitado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a una pregunta de las parlamentarias socialistas Soledad Pérez y Carmen Dolores Velasco, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. La información facilitada por la Consejería se extrae, a su vez, de la información que recopila el Imserso.

Los datos del mes de febrero de muerrtos con resolución de su grado de dependencia son 3.453. Las cifras suponen 126 personas más de la mortalidad esperada, que en términos relativos representa un 3,7%, cifra casi seis puntos inferior a la media nacional, que es de un 9,5%.

Los datos del mes de febrero de muertos con resolución de su grado de dependencia son 3.453

El catálogo de prestaciones que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se agrupan en servicios y prestaciones económicas.

En el caso de los servicios se contabilizan la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y noche, y la atención residencial, mientras que las prestaciones económicas se destinan a cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, de asistencia personal y vinculada al servicio.

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales se reconoce, con carácter excepcional, para contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada. Esto se aplica a personas en situación de dependencia que son atendidas de forma continuada en el tiempo por alguna persona de su entorno familiar o afectivo.

La cuantía de las prestaciones económicas las establece el Gobierno en función del grado de dependencia reconocido. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar establecidas son 153 para el grado I (dependencia moderada), de 268,79 euros para el Grado II (dependencia severa) y de 387,64 euros para el grado III (gran dependencia).

La prestación económica de asistencia personal se destina a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal. Su dotación oscila entre los 300 euros para el grado I, los 426,12 euros para el grado II y los 715,07 euros del grado III.

La prestación económica vinculada al servicio se dirige a los casos en los que es imposible acceder al servicio público o concertado adecuado a la persona en situación de dependencia. Pretende contribuir a financiar el coste del servicio prestado por entidades privadas y debidamente acreditadas. Su horquilla va entre los 300 euros y los 715,07 euros.