Ya lo habían logrado. Antes de aquel 16 de febrero de 2018, decenas de personas en situación de calle consiguieron encontrar un techo bajo el que guarecerse gracias a la liberación de varias corralas en el sevillano barrio de La Macarena. El impulso del movimiento por una vivienda digna se fortalecía en un lugar en el que la clase obrera se veía golpeada por la gentrificación y la subida continua de las rentas del alquiler debido a una dinámica turística que expulsaba a la población natural de sus hogares.

La acción de ese día pronto se frustraría y el número 42 de la calle La Macarena, donde hacía años estaba ubicado un importante centro social ocupado de la ciudad, jamás daría techo a personas en situación de calle. Un error en las indagaciones previas a la ocupación hizo que todo saltara por los aires. Esos pisos no pertenecían a un fondo de inversión, sino a una inmobiliaria que ya los había empezado a vender. Después, descubrieron que algunos de sus dueños eran los policías que frustraron la acción.

Tras una acción policial violenta e indiscriminada, como señalan los afectados, 18 personas resultaron identificadas. Seis de ellas terminaron detenidas. El juez dio veracidad al testimonio de los agentes y dictaminó prisión provisional para ellos. Seis años después, ya tienen fecha para el juicio oral, que tendrá lugar en Sevilla desde el 15 al 23 de julio. Las penas oscilan desde más de tres años de prisión hasta los cinco años y medio, además de cuantiosas multas individuales que superan, en algunos casos, los 5.200 euros, al estar acusados de seis delitos: atentado a agente de la autoridad, delito leve de lesiones, delito de daños, desórdenes públicos, delito leve de maltrato de obra y usurpación violenta. Los conocidos como los 18 de La Macarena, también se juegan la imposición de una responsabilidad civil colectiva de 22.000 euros.

Policías sin identificar frustran la acción

"Nosotros queríamos dar a conocer al barrio que habíamos liberado otra corrala deshabitada, pero antes de poder hacerlo varios policías vestidos de paisano, pertenecientes a la Brigada de Información, aparecieron en la azotea del edificio y pidieron refuerzos", inicia su relato uno de los acusados que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Este activista por la vivienda tenía 20 años cuando sucedieron los hechos, pero los recuerda con nitidez: "Pronto llegaron más efectivos y cargaron contra la gente que acompañaba la acción desde el exterior, a la vez que nos expulsaban a todas las personas que estábamos dentro. A un compañero le dejaron inconsciente y perdió mucha sangre por un golpe que le dieron en la cabeza", asegura.

"El espacio estaba formado por varios bloques de viviendas aparentemente nuevas y deshabitadas que, según las fuentes informativas de las que dispusimos en el momento, pertenecían a una promotora constructora que los mantenía vacíos especulativamente", agrega. Así pues, se ocuparon varios apartamentos vacíos, aún sin estrenar, cuya falta de instalaciones eléctricas y de agua confirmaban la ausencia de habitantes en el inmueble. "No había en ello una irrecusable voluntad de permanencia, estábamos abiertos a mediar con la propiedad y las instituciones una posible negociación que aportase soluciones a nuestras necesidades", apuntan desde el colectivo de afectados.

Al final, 18 de los allí presentes, tanto personas que estaban en el edificio como en la calle, resultaron identificadas por la Policía Nacional. Los agentes decidieron detener a seis de ellas, que fueron conducidas a los juzgados. "Allí la abogada de oficio nos recomendó no declarar para prepararlo todo bien, pero cuando el juez pronunció prisión preventiva los seis nos quedamos a cuadros", incide este joven. Estuvieron en prisión ocho semanas, 56 días, casi dos meses en los que tuvieron que hacerse a la idea de la nueva realidad en la que se encontraban, en una situación que nadie les podía asegurar cuándo terminaría.

Los afectados niegan la veracidad del atestado policial

Dentro de prisión conocieron con exactitud lo ocurrido: "Según el atestado policial, la ocupación del inmueble se produjo la misma mañana del día del desalojo. En él se nos acusaba de haber agredido al aparejador de la obra en el momento en el que este entraba en el edificio, de haber causado numerosos desperfectos en el inmueble en el intento de violentar las puertas de acceso, y además agredir a varios de los agentes policiales que trataron de desalojarnos", se explaya el colectivo.

El activista niega rotundamente que los hechos sucedieran según el relato de la Policía. De hecho, "los partes de lesiones ofrecidos por los agentes responden a lesiones leves que se curaron en el plazo de un día, todas ellas en zonas del cuerpo como las muñecas o los nudillos, por lo que resulta fácilmente deducible que manan de los forcejeos acometidos y las agresiones que los agentes ejercieron sobre nosotros".

Y continúa: "En una primera instancia sólo notificaron tres partes de lesiones leves, pero poco antes de presentar declaración ante el juez que nos envió a prisión, presentaron otros tres partes que sumaban un total de seis, por medio de los cuales nos podían acusar a cada uno de los seis detenidos de atentado a agente de la autoridad. Además, existen multitud de pruebas que demuestran que se pernoctó en el edificio la noche anterior".

La autogestión fue posible

El activista rememora que La Macarena siempre se ha caracterizado por ser un barrio de lucha con mucho asociacionismo vecinal. "Aquí la particularidad era que las personas sin hogar protagonizaban su propia lucha. Confiábamos en un proyecto muy bonito basado en la autogestión como forma de organización", cuenta. En cambio, tras los incidentes de febrero de 2018, las corralas liberadas en el barrio fueron cayendo una tras otra, como fue el caso de la Corrala de Vecinas La Utopía o la Corrala Dignidad, donde acogieron a decenas de personas cada noche.

Ahora que llega el momento del juicio oral, en el que se decidirá el futuro de los 18 de La Macarena, este activista sevillano se prepara psicológicamente: "Esto empezó cuando tenía 20 años y ahora tengo 27, es mucho tiempo arrastrándolo. Tengo el cuerpo preparado para lo peor, que espero que no pase, pero por si acaso". Además, denuncia que las cantidades económicas exigidas por la Justicia son una herramienta política "para desarticular la lucha y hacernos perder tiempo y energía intentando conseguir ese dinero". Por eso, abrieron un crowdfunding e intentarán movilizar a todas las personas posibles para mostrar fortaleza ante el juicio, que se alargará cinco jornadas.

"Si al final acabo yendo a la cárcel por intentar que personas sin hogar tuvieran una vivienda, si esa es la condena para alguno de nosotros, aunque seamos quienes pongamos el cuerpo y lo suframos en nuestras carnes, estarían asentando todo un golpe contra las personas que luchan por el derecho a una vivienda digna", reivindica el encausado.

Una visión política del juicio

Luis de los Santos, el letrado que defenderá al activista, integrante de la cooperativa jurídica Derechos al Sur, hace una interpretación política de lo sucedido: "Esto ocurre cuando el movimiento por la vivienda levanta cabeza en Sevilla y la extrema derecha comienza a tener notoriedad a nivel mediático e institucional y, por tanto, un reflejo judicial", opina el abogado.

Así fue cómo la judicatura, siempre según la valoración ofrecida por el abogado defensor a Público, "empezó a estirar los tipos penales y a interpretarlos de manera tan restrictiva que, por un intento de manifestar y visibilizar el problema de la vivienda en Sevilla, hay 18 personas que pueden acabar en la cárcel". A ojos de De los Santos, "el problema principal fue que algunas viviendas pertenecían a determinados funcionarios de Policía, quienes se tomaron la justicia por su mano y cometieron la ilegalidad de entrar en las viviendas sin autorización judicial".

La valoración de este abogado recalca lo "irreal" de la denuncia por usurpación violenta con la que los detenidos llegaron al juzgado, "además del pack represivo habitual de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones". Sin embargo, De los Santos espera que, en julio, durante el juicio, "se imponga la cordura y la Fiscalía rebaje sus peticiones de prisión". Por su parte, defenderá la inocencia absoluta de su cliente, el joven activista sevillano. "En el juicio demostraremos cómo no se dio ningún tipo de violencia, ni tampoco desórdenes públicos, y lucharemos por rebajar la fianza de 22.000 euros por los daños causados, porque es mentira que se diera robo de materiales", concluye.