147.000 niños migrantes están en situación administrativa irregular en España

En España, 147.000 niños migrantes se encuentran en una situación administrativa regular. Esta cifra representa a una de cada cinco personas de nacionalidad extracomunitaria registrada en el padrón municipal. Según denuncia el informe Crecer sin Papeles en España, realizado por Save The Children y la Fundación Por Causa, los niños y adolescentes migrantes tienen una tasa de irregularidad de un 20,4%, muy por encima de la del conjunto de población migrante sin papeles, que se sitúa en un 13%.

El análisis llevado a cabo por ambas organizaciones ofrece una radiografía de la situación que la infancia migrante padece en España. El estudio denuncia que la existencia de una población extranjera sin papeles, en la que los menores tienen las cifras más alarmantes, posibilita "una realidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del resto en lo que respecta al reconocimiento formal y práctico de sus derechos".

Respecto a la franja de edad de los menores, el mayor peso cae en los más pequeños. En España, actualmente hay 55.327 niños entre 0 y 4 años en situación irregular, lo que supone el 37,7%; 28.441 entre 5 y 9, que representa el 19,4%; 22.268 entre 10 y 14 años, que refleja el 15, 2 %; y, por último, los más mayores, de entre 14 y 19 años, registran una cifra de 40.738 adolescentes, que establece el 27,8% de la población total de menores irregulares en España a fecha de 2019.

En cuanto a la procedencia, el estudio apunta que tres de cada cuatro menores de edad irregular son de América Latina. Colombia es el país de procedencia que más destaca entre estos países. Uno de cada seis niños sin papeles residente en España es colombiano. Le siguen en orden de importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. Asimismo, aunque África es el continente de origen del 43% de los niños migrantes que viven en nuestro país, solo concentra el 13% de aquellos que están en situación irregular.

El 37,7% de los niños en situación irregular administrativa tiene menos de 4 años

Las comunidades autónomas más pobladas son las que más densidad de menores irregulares integran. En cabeza se sitúa Catalunya, con más de 34.000 niños. Le sigue la Comunidad de Madrid con más de 29.300 menores, País Valencià, con 20.000, y Andalucía, con 14.000. Sin embargo, el estudio señala que en términos relativos no se respeta esta tendencia, ya que algunas de las comunidades que presentan tasas mucho más altas de irregularidad, también están entre las menos pobladas. Y apunta que Asturias, Galicia, Cantabria, Canarias y Euskadi tienen a más del 30% de los niños migrantes en esta situación.

Asimismo, el director general de Save the Children, Andrés Conde, destaca que la situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia. 

El director del área de Investigación de la Fundación por Causa, Gonzalo Fajul, advierte de que esta grave situación va a contrarreloj: "De acuerdo con nuestras estimaciones, el número de personas migrantes en situación irregular en España podría verse incrementada en un número superior a los 160.000 trabajadores, lo que complicará mucho más las cosas. Esto supone un incremento del 42% sobre las cifras actuales, a las que hay que añadir

la situación de irregularidad de los niños derivada de los rechazos a las peticiones de protección internacional, y que nuestro análisis ha

estimado en unos 13.000 casos más".

Riesgo de pobreza y exclusión

La situación de desamparo administrativo causa consecuencias "tangibles, trágicas y de largo alcance", tal y como destaca estudio. Los hogares de personas migrantes en situación de irregularidad tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de exclusión. Una situación que se agrava con la llegada de los hijos: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%. Si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad asciende al 48%.

La educación está estrechamente relacionada con el nivel de la renta y riesgo de exclusión. El derecho a la educación puede verse vulnerado al no haber ningún registro administrativo sobre los menores extranjeros que se encuentran en España, lo que puede dificultar el acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. "Esta situación no es la norma, sino el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas", critica el informe.

Muchas de las familias de estos menores no pueden afrontar el pago de sus facturas médicas  

Las familias de los menores migrantes también se enfrentan a múltiples obstáculos para lograr hacer valer el derecho a la salud de la infancia. Los sistemas sanitarios son diferentes en cada comunidad autónoma, por lo que el acceso a una tarjeta sanitaria no es igual para todos. En ocasiones, las consultas pueden acarrear facturas médicas con terribles consecuencias financieras.

La salud mental también se ve afectada en este contexto. "Son enfermedades más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero, al mismo tiempo, son las que dejarán una huella más profunda", se advierte en el estudio. "El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida", se añade.

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social. Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

De forma complementaria, Save the Children pide proporcionar un régimen jurídico específico para toda la infancia migrante. Con ello se evitaría que su situación administrativa menoscabase el principio del interés superior del menor y de no discriminación, además de que se adoptarían medidas para evitar la irregularidad sobrevenida.