¿Quién teme al rey?

 Todavía no hemos hablado aquí de las filtraciones de imágenes y audios de conversaciones entre el rey y jefe del Estado español, Juan Carlos de Borbón, con una de sus amantes, Bárbara Rey. Tampoco vamos a hacerlo desde el morbo y el machismo que destilan otros análisis, centrándose en la figura de la mujer, de la amante, como si fuera la culpable de que una institución se corrompa de forma tan obscena como lo ha hecho la monarquía en España, usando las herramientas del Estado y el dinero público impunemente con la complicidad de Gobiernos, prensa y empresas privadas.

En este análisis, vamos a centrarnos, de hecho, en las revelaciones de interés general que subyacen en la publicación de estos audios e imágenes, éstas que confirman informaciones, entre otros, de este periódico y que van más allá de lo que citaba antes: los recursos del Estado, como los servicios de inteligencia, o el dinero público para el pago de millonarios chantajes a través de los fondos reservados.

Hablemos del silencio de Armada, porque hay silencios que suenan más fuertes que el ruido, como lo fue el de este general de división franquista, jefe de la Casa Real de Juan Carlos I, condenado a 30 años de cárcel en 1983 por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 e indultado en 1988 por el Gobierno socialista de Felipe González. Tras la medida de gracia, Armada se retiró al pazo de Santa Cruz de Rivadulla, en la provincia de A Coruña, básicamente, a dar portazo a los periodistas y a cultivar camelias. Hoy, según los audios filtrados en los que el rey emérito elogia el silencio y la lealtad de Armada, pero también según muchas informaciones más que solventes de expertos en la Transición, como Pilar Urbano, se confirma la participación de Juan Carlos I en el golpe de Estado, que se le fue de las manos. Decía Pilar Urbano en la televisión pública de Euskadi: "Lo que ya no se puede decir es que al rey le dieron un golpe. El rey paró un golpe que él había puesto en marcha. Es así de simple”.

Las revelaciones, confirmaciones más bien, del engaño que supuso la Jefatura de Estado en la persona de Juan Carlos I, con su enriquecimiento personal indecente, su corrupción, la complicidad también corrupta del Estado y de la prensa para proteger el mito de la llegada de la democracia tras el franquismo, cuando por poco, el hoy emérito nos devuelve a la dictadura ... Estas revelaciones, por más que se intente poner el foco en la amante para despistar de la magnitud de la desvergüenza borbónica, ya no tienen marcha atrás y exigen una respuesta contundente por parte de quien se define como “el Gobierno más progresista de la democracia”.

El Ejecutivo de coalición, en su plan de regeneración democrática, se ha comprometido con el PNV a reformar la ley de secretos oficiales franquista, de 1968, que sigue hoy en vigor. Entre los documentos secretos ‘gracias’ a esa norma, se encuentran dos, que afectan directamente a Juan Carlos I: información sobre el golpe del 23-F e información sobre el terrorismo de Estado de los GAL, del que el jefe de Estado entonces era conocedor, como hemos confirmado y dado a conocer en Público. Esa ley tiene que reformarse con urgencia e iluminar la oscuridad aberrante de la Transición y más si España quiere llamarse “democracia plena”. Es una obligación democrática, pero también ética: queremos saber los detalles de la farsa real y queremos votar si el Estado, usted y yo, merecemos semejante representación.