Zarzuela dice que será "una decisión personal" si la infanta Cristina renuncia a sus derechos dinásticos

La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", después de que la Audiencia de Palma haya decidido mantener la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal en el marco de la instrucción del Caso Nóos, en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin. Sobre la posibilidad de que la hija menor de don Juan Carlos deba o no renunciar a sus derechos dinásticos, la Casa Real se limita a recordar, en consonancia con la posición expuesta hoy por el Gobierno, que se trata de una "decisión personal" de doña Cristina.

Esta ha sido la única reacción de Zarzuela, facilitada esta tarde a través de un portavoz, a la imputación de la hermana del Rey, que desde la abdicación de su padre, Juan Carlos I, y la proclamación de Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría trasladó esta mañana el respeto del Ejecutivo a las decisiones y procedimientos judiciales, y añadió: "Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se puedan adoptar", en relación a la posible renuncia de los derechos dinásticos.

La infanta Cristina, que desde el verano de 2013 reside en Ginebra junto a su familia, al no formar parte de la Familia Real, no participa en ninguno de los actos oficiales programados desde Zarzuela ni percibe asignación alguna de la Casa del Rey.

La posición manifestada por la Casa Real respecto al mantenimiento de su imputación no difiere mucho de los últimos pronunciamientos hechos desde la institución en varios momentos del procedimiento judicial abierto por el juez José Castro por el llamado Caso Nóos, tanto con Juan Carlos I como con Felipe VI en la Jefatura del Estado.

Sí fue diferente el del 3 de abril de 2013, cuando la infanta fue imputada y citada a declarar al apreciar el instructor indicios sobre un hipotético consentimiento para que su parentesco con el Rey fuera usado por su esposo y su socio, Diego Torres, en presuntas actividades ilegales del instituto Nóos. Tras conocer "por los medios de comunicación" el auto de imputación y "con el máximo respeto por las decisiones judiciales", la Casa del Rey manifestó mediante un portavoz "su sorpresa por el cambio de posición" del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Al mismo tiempo, expresó "su absoluta conformidad con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto, en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad".

Sin embargo, cuando un mes después, el 7 de mayo de 2013, la Audiencia de Palma levantó la imputación, la Casa del Rey expresó su "máximo respeto" ante la decisión de dejar sin efecto la citación. En aquella ocasión, el portavoz de Zarzuela hizo llegar a la opinión pública el "máximo respeto" de la institución "por las decisiones judiciales". Ese mismo "respeto a las decisiones judiciales" fue la escueta fórmula que se repitió meses más tarde, el 7 de enero de 2014, cuando la hija del Rey Juan Carlos fue imputada nuevamente por el juez Castro.

El instructor la citó a declarar como imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, según argumentó en un auto de 227 páginas en el marco del proceso sobre las presuntas actividades ilícitas del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin. La infanta Cristina decidió no recurrir la citación judicial, y el 11 de enero la Casa Real se pronunció nuevamente para valorar "muy positivamente" que así lo hiciera. Finalmente, el 8 de febrero declaró como imputada en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, sin que hubiera comentario alguno desde el Palacio de la Zarzuela al respecto.

El pasado 25 de junio, pocos días después de la proclamación de Felipe VI, el instructor dio por concluida la fase de investigación del Caso Nóos con un auto de 167 páginas en el que mantenía la imputación de doña Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de dinero. Al igual que ha ocurrido hoy, la Casa del Rey mostró entonces su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".

La infanta Cristina vive en Ginebra junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, y sus cuatro hijos, y allí trabaja como coordinadora de los programas de la Fundación la Caixa con agencias de la ONU.