La justicia ha abortado la chapuza urbanística con la que PP, PSOE y Ciudadanos pretendían imponer la transformación de la antigua fábrica de colchones Pikolín en el enésimo gran centro comercial de Zaragoza: el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) ha declarado nula de pleno derecho, por irregular, la recalificación impulsada por esos tres partidos, lo que equivale a dejar sin cobertura legal la explotación y la comercialización de las naves del complejo, que ya se encuentran a medio levantar.

La decisión de los tribunales, que han declarado nulo el plan urbanístico tras recurrirlo ZeC (Zaragoza en Común), UGT, CCOO, IU, Podemos, Ecologistas en Acción y varias asociaciones de vecinos, consumidores y pequeños comerciantes, ha desatado una nueva tormenta política y mediática en la ciudad, donde se especula con indemnizciones millonarias a las que la sentencia no hace referencia mientras se obvia el tempo del pleito: un fallo basado en la jurisprudencia de un Supremo que hace meses que ha recortado las posibilidades de revisar las decisiones de otros tribunales.

En esta situación, el equipo de gobierno de ZeC estudia suspender este jueves la tramitación de las expropiaciones vinculadas a este proyecto, además de poner sobre la mesa la legalidad de la concesión de eventuales licencias para que el interior de esas naves pueda dedicarse a los usos comerciales que contemplaba el plan declarado nulo por la justicia.

Eso, explicaron fuentes jurídicas, sin descartar que otras actuaciones ligadas al planteamiento urbanístico declarado ilegal puedan decaer, cuando menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie ratificando o revocando la decisión del TSJA.

En esta situación se encontrarían desde algunas expropiaciones, que se habrían quedado sin causa legal, hasta la posibilidad de ubicar junto al complejo una estación de tren de Cercanías que la promotora negocia con el Gobierno de Aragón.

"Quedan en el aire todos los procedimientos ligados a los usos que han sido declarados ilegales, por lo que procedería suspender todas las tramitaciones relacionadas con ellos", explicaron.

La capital de las grandes superficies comerciales

La sentencia ha reabierto uno de los eternos debates de la ciudad. ¿Caben más hipermercados en una ciudad con tanta superficie comercial que, con 628 metros cuadrados de superficie comercial por cada mil habitantes, no solo lidera la clasificación estatal sino que prácticamente duplica su media (358)?

En Zaragoza operan hoy grandes superficies como Grancasa, Augusta, Puerto Venecia (la mayor de España), Aragonia, Utrillas y Plaza Imperial junto con otras de no tanta entidad como El Caracol y el Audiorama, a las que se suman cuatro centros de El Corte Inglés.

Entre todas rondan el medio millón de metros cuadrados, un volumen que sólo superan los casi 740.000 de Madrid, que rebasa con claridad al de ciudades más pobladas como Barcelona (420.000), Valencia (360.000) y Sevilla (220.000) y que hace que algunas de ellas lleven años a medio gas, en el mejor de los casos.

Construir naves vacías de uso incierto

Torre Village, el proyecto de la antigua Pikolín, que se presenta como “una antigua fábrica de colchones que cobra una segunda vida como espacio abierto de ocio y compras”, nació como idea en 2008.

En abril de ese año, dos después de desprenderse del Real Zaragoza y unos meses antes de ser nombrado hijo predilecto de la ciudad a propuesta del PP, el empresario Alfonso Soláns alcanzaba con el responsable municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, un acuerdo para financiar el traslado de la factoría a otro punto de la ciudad mediante el negocio que iba a generar la recalificación ("reordenación" en el documento) de sus terrenos.

El proyecto, descrito en un documento encabezado por la palabra “convenio” pero que nunca fue convalidado por el pleno ni salió a información pública, permaneció aparcado hasta finales de la pasada legislatura y se reavivó a principios de esta, concretamente cuando en octubre de 2016 PP, PSOE y C’s impusieron en el pleno su criterio para que la antigua fábrica pudiera acoger un complejo de naves con pequeños comercios y locales de ocio y de restauración.

Sin embargo, tal y como advirtieron entonces los opositores y ha dictaminado ahora el TSJA, el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) no lo permitía. De hecho, ese documento prevé, para revitalizar el eje industrial de la carretera de Logroño, que en los terrenos de las antiguas fábricas de la zona puedan instalarse grandes almacenes de construcción y bricolaje y concesionarios de automóvil, siempre en locales de más de 2.000 metros cuadrados.

Tras la sentencia, que deja claro que la antigua Pikolín no puede albergar un complejo de esas carácterísticas si antes no se modifica el PGOU, la promotora de Torre Village, que preveía una inversión de en torno a 60 millones de euros, tiene la posibilidad de acabar de levantar las naves, ya que los permisos para construirlas siguen vigentes.

Sin embargo, y salvo que vaya al Supremo y logre que este dictamine otra cosa, quienes vayan a explotar los espacios de su interior solo podrán obtener licencias para vender material de construcción, herramientas, vehículos, combustibles, recambios y lubricantes.