"Haz la cola, haz la cola". Esta es la frase con la que Eduardo Zaplana fue recibido en la Audiencia Provincial de València antes de declarar por el caso Erial. El que fuera presidente de la Generalitat llegó acompañado de su defensa y una veintena de micrófonos y cámaras de televisión. Una mujer, que esperaba desde primera hora de la mañana para acceder al mismo edificio, puso en evidencia la "cara dura" del popular y rechazó cederle su puesto. La negativa no sirvió más que para el meme. Zaplana no hizo la cola y entró –decidido e impasible– a la Ciutat de la Justicia. La sobriedad de su rostro, tal vez, quería hacer ver que las cosas no pintan demasiado bien.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 19 años de prisión para el exministro de Aznar, por cargos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. El Ministerio Público estima el botín de las presuntas mordidas en cerca de 20,6 millones de euros.

Zaplana se sentó en el banquillo por primera vez el pasado 9 de abril, después de una larga carrera de obstáculos. Este fue el tercer intento de poner en marcha el juicio, que fue aplazado la primera vez por la enfermedad del fiscal y en febrero de este año por la enfermedad de su abogado. Los problemas de salud han marcado de lleno uno de los casos de corrupción más sonados del País Valencià. 

Zaplana ingresó en prisión provisional en mayo de 2018, aunque nunca había llegado a declarar. La jueza Isabel Rodríguez decretó en febrero de 2019, tras nueve meses entre rejas, su puesta en libertad, no sin antes bloquearle 6,3 millones de euros de procedencia supuestamente delictiva que tenía escondidos en Suiza. El exministro popular había solicitado hasta en cinco ocasiones, sin éxito,rñan
 salir de la cárcel por la "grave" leucemia que padecía. La prueba detonante fue un informe médico de la Clínica Anderson de Houston que alertaba de un posible "riesgo de fallecimiento" en el centro penitenciario de Picassent. 

Los médicos le diagnosticaron el cáncer en 2015 y le dieron el alta en junio de 2019, cinco meses después de salir de la cárcel. El pronóstico siempre fue reservado, aunque por aquel entonces seguía acudiendo al hospital para realizar pruebas de seguimiento. Desde entonces, no se ha vuelto a publicar nada al respecto. Zaplana ha estado en prisión como investigado durante un total de 295 días, los últimos 51 ingresado en el Hospital La Fe (València). El aspecto del exministro ha mejorado considerablemente desde que abandonó Picassent, hace ahora cinco años. 

El fantasma de los problemas de salud

Zaplana pasó nueve meses en prisión provisional, dos de ellos ingresado en un centro hospitalario por un empeoramiento de la leucemia que padecía. La enfermedad fue, de hecho, clave para su salida anticipada de la cárcel, hasta el punto de que distintos médicos aconsejaron su traslado frente a la negativa de la magistrada. El expresidente valenciano no es el primero ni el último corrupto que se libra de la cárcel por problemas de salud. Julián Muñoz, Jaime Botín o José Antonio Griñán también corrieron la misma suerte. Lo llamativo es que el juicio del caso Erial se ha suspendido hasta en dos ocasiones por la indisposición de las distintas partes implicadas.

La causa sufrió un primer aplazamiento el pasado 9 de enero por la enfermedad que alegó el Fiscal Anticorrupción encargado del caso. La Audiencia Provincial de València acordó suspender de nuevo el juicio el pasado mes de febrero por los graves problemas de salud del abogado de Zaplana. Además, el propio exministro y supuesto cabecilla de la trama tuvo que ser intervenido de urgencia este verano para colocarle un marcapasos. El juicio ha empezado finalmente hace un par de semanas y 18 personas se sentarán en el banquillo para declarar ante la Justicia.

Las cosas se complican para Zaplana

Este lunes se conocía el pelotazo urbanístico que va a impulsar la familia del expresidente valenciano en Benidorm, un macrocomplejo con más de medio millón de metros cuadrados que albergará una veintena de hoteles. El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo –solo con los votos del PP– el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, uno de los más grandes del País Valencià. La oposición ha criticado que, pese al juicio por corrupción que involucra a Eduardo Zaplana, su familia sigue desarrollando negocios con el respaldo del Partido Popular en la costa valenciana.

La noticia se publica en pleno juicio contra el exministro de Aznar, investigado por prevaricación, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía le pide 19 años de cárcel por haber liderado presuntamente una trama que obtuvo mordidas de concesiones durante su etapa al frente de la Generalitat. La acusación pública considera que los procesados movieron en paraísos fiscales altas cantidades de dinero, pero Zaplana negó la mayor y redujo su implicación a una serie de "favores" entre amigos. Las pruebas de la Fiscalía lo relacionan con la compra de apartamentos turísticos y sostienen que intervino en la ampliación del puerto deportivo de Altea.

El empresario Vicente Cotino (sobrino del fallecido dirigente popular  Juan Cotino) ha confesado que pagó una comisión millonaria a Zaplana por la adjudicación amañada de las ITV valencianas, privatizadas por la Generalitat en 2007. El también acusado Juan Francisco García, exdirector del gabinete de Zaplana, también ha reconocido los hechos por los que la Fiscalía ha pedido sentarlo en el banquillo. García dice haber amañado el pliego para la privatización de las ITV con la intención de favorecer los intereses del grupo empresarial de la familia Cotino. Joaquín Barceló, amigo de Zaplana, actuó supuestamente como testaferro y aseguró ante la Justicia que el dinero que escondía la trama en paraísos fiscales –Luxemburgo y Andorra– siempre fue del exministro popular. El PP de Carlos Mazón ha pedido "respetar los juicios de etapas pasadas" y los socialistas valencianos lo acusan de "heredar" sus políticas.